Eliana Janett
HAY QUE SINCERAR LA SITUACION DE LA POLICÍA.
Poniéndole el cascabel a la seguridad ciudadana.
Por Alejo Miró Quesada.
El esquema actual de seguridad ciudadana no da para más y no se solucionará cambiando al ministro de turno o a los comandantes generales, caso reciente de Salazar.
Sinceremos la situación y pongámosle el cascabel al gato. Desde hace mucho la Policía Nacional del Perú (PNP) ha ido replegándose y dejando de atender la seguridad ciudadana adecuadamente. Esta ha venido siendo asumida por fuerzas municipales (serenazgos) y privadas (guachimanes, pelotones privados de israelitas, transporte privado de valores, etc.).
Ha llegado el momento de que, paulatinamente, los gobiernos locales asuman los problemas locales: seguridad ciudadana (prevención) y tránsito. Y que la Policía Nacional mantenga los que su nombre entraña, los de ámbito nacional: investigación, antimotines, protección de entidades públicas, lucha antinarcóticos, etcétera.
Las limitaciones de la PNP son notorias especialmente en dos aspectos.
El logístico: falta de efectivos (hay distritos de Lima con un policía por cada 2.500 habitantes), vehículos en mal estado, comunicación ineficiente, falta de computadoras, limitado acceso a Internet, etcétera.
Tenemos también limitaciones estructurales: bajos sueldos, baja moral y policías que buscan coimas, sistema de francos absurdo, que parece previsto para permitirles a los policías “recursearse” con otras labores usando el uniforme, mandos superiores ineficientes (hubo un año en que gastaron solo el 7% de su presupuesto para equipamiento), casos de corrupción, compadrazgos y mal entendido espíritu de cuerpo; son muestras evidentes de un esquema que ya no da más. Está obsoleto. Y como se ve, no es siempre culpa de los policías, que los hay abnegados y entregados a su meritoria labor. Desde hace décadas es el sistema el que no funciona. Y debe ser refundado, luego de casi un siglo de establecido.
La comunidad, ante la necesidad de sentirse segura, ha buscado su propia solución: el Serenazgo. Y lo financia. Hoy, si sucede alguna situación de inseguridad ciudadana, el ciudadano piensa primero en el serenazgo que en la policía. Es una realidad.
Pero el loable esfuerzo de los serenazgos por prevenir el delito, se ve maniatado por un esquema policial que se aferra al poder y no deja que los serenos tengan mayor manejo de la seguridad local y el tránsito. Esto, a pesar de que en una gran cantidad de distritos limeños, el serenazgo cuenta con la infraestructura: agentes (pueden ser tres veces más que los policías asignados), vehículos (que, en casos, se los prestan a la PNP), comunicación, seguimiento por cámaras de video, etcétera.
Pero los serenos no pueden ejercer la autoridad por su cuenta. El sistema imperante los obliga, entre otras cosas, a que en cada patrulla del serenazgo esté presente un policía. El sereno queda como su auxiliar, sin ningún poder para actuar por su cuenta. No puede portar armas y por lo tanto intervenir en situaciones de alta peligrosidad (balaceras). Sin embargo sí se permite a los guachimanes estar armados.
Lo que propongo no es ninguna novedad. Existe en muchos países. En ellos, como su nombre lo indica, la Policía Nacional se dedica a los problemas nacionales, como la investigación, motines, narcotráfico, etc. Mientras que los aspectos de la vida diaria, tales como la seguridad ciudadana y el tránsito, están a cargo de los gobiernos locales.
La razón es simple. El ciudadano se siente más cercano al sistema de seguridad de su localidad, el que financia mensualmente, el que conoce y vive sus problemas. El que domina los embrollos de tránsito de cada esquina. Se siente cercano al Serenazgo porque sabe que mientras la Policía Nacional tiene a su cargo los problemas de seguridad y tránsito en Yurimaguas, Lurigancho, Miraflores, Supe Puerto y las miles de localidades del país, su serenazgo presta atención solo y únicamente a la localidad donde él y su familia viven.
Es necesario entonces ponerle el cascabel al gato y encontrar una fórmula para que los gobiernos locales vayan paulatinamente asumiendo el manejo de la seguridad ciudadana y el tránsito. Lamentablemente, la formación militar del presidente Humala no ayuda. Ojalá me equivoque.
Es evidente que la propuesta es muy compleja de poner en práctica, pero no por ello debe ser dejada de lado. Habrá, por ejemplo, que enfrentar ajustes legales de leyes orgánicas y normar con detalle las funciones, responsabilidades y derechos del nuevo serenazgo, policía municipal o como se le quiera llamar, y de sus mandos. Esto implicará una profesionalización que incluya escolarización para ejercer con solvencia la autoridad y el consecuente poder. También técnicas operativas en estrategias y prácticas policiales, el uso de armas, etcétera. Será imprescindible establecer las vías de coordinación y colaboración entre los distintos serenazgos y con las entidades del gobierno, incluida la Policía Nacional.
Como se ve, la cantidad de aristas que esta propuesta genera sobrepasan el alcance de un artículo periodístico y requerirá el estudio a fondo de especialistas y legisladores. Por ejemplo, no todos los gobiernos locales tienen actualmente la capacidad organizativa para asumir esta responsabilidad. Es por ello que la aplicación deberá ser gradual empezando por los que sí la tienen. Sin duda durará años. Además, no todos los alcaldes querrán asumir la responsabilidad. Con el tiempo serán elegidos aquellos alcaldes que sí quieren hacerse de la responsabilidad.
Los policías cesantes deberán ser absorbidos por la nueva fuerza, previos exámenes que comprueben su idoneidad profesional, física y ética. Deberá cuidarse de no importar inmoralidades ni prácticas laborales nefastas. Aquellos que lo logren deberán de recibir un sueldo mayor al anterior, como aliciente y premio por su traslado. Deberán llegar además con su pan bajo el brazo: parte del presupuesto.
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Poniéndole el cascabel a la seguridad ciudadana.
Por Alejo Miró Quesada.
El esquema actual de seguridad ciudadana no da para más y no se solucionará cambiando al ministro de turno o a los comandantes generales, caso reciente de Salazar.
Sinceremos la situación y pongámosle el cascabel al gato. Desde hace mucho la Policía Nacional del Perú (PNP) ha ido replegándose y dejando de atender la seguridad ciudadana adecuadamente. Esta ha venido siendo asumida por fuerzas municipales (serenazgos) y privadas (guachimanes, pelotones privados de israelitas, transporte privado de valores, etc.).
Ha llegado el momento de que, paulatinamente, los gobiernos locales asuman los problemas locales: seguridad ciudadana (prevención) y tránsito. Y que la Policía Nacional mantenga los que su nombre entraña, los de ámbito nacional: investigación, antimotines, protección de entidades públicas, lucha antinarcóticos, etcétera.
Las limitaciones de la PNP son notorias especialmente en dos aspectos.
El logístico: falta de efectivos (hay distritos de Lima con un policía por cada 2.500 habitantes), vehículos en mal estado, comunicación ineficiente, falta de computadoras, limitado acceso a Internet, etcétera.
Tenemos también limitaciones estructurales: bajos sueldos, baja moral y policías que buscan coimas, sistema de francos absurdo, que parece previsto para permitirles a los policías “recursearse” con otras labores usando el uniforme, mandos superiores ineficientes (hubo un año en que gastaron solo el 7% de su presupuesto para equipamiento), casos de corrupción, compadrazgos y mal entendido espíritu de cuerpo; son muestras evidentes de un esquema que ya no da más. Está obsoleto. Y como se ve, no es siempre culpa de los policías, que los hay abnegados y entregados a su meritoria labor. Desde hace décadas es el sistema el que no funciona. Y debe ser refundado, luego de casi un siglo de establecido.
La comunidad, ante la necesidad de sentirse segura, ha buscado su propia solución: el Serenazgo. Y lo financia. Hoy, si sucede alguna situación de inseguridad ciudadana, el ciudadano piensa primero en el serenazgo que en la policía. Es una realidad.
Pero el loable esfuerzo de los serenazgos por prevenir el delito, se ve maniatado por un esquema policial que se aferra al poder y no deja que los serenos tengan mayor manejo de la seguridad local y el tránsito. Esto, a pesar de que en una gran cantidad de distritos limeños, el serenazgo cuenta con la infraestructura: agentes (pueden ser tres veces más que los policías asignados), vehículos (que, en casos, se los prestan a la PNP), comunicación, seguimiento por cámaras de video, etcétera.
Pero los serenos no pueden ejercer la autoridad por su cuenta. El sistema imperante los obliga, entre otras cosas, a que en cada patrulla del serenazgo esté presente un policía. El sereno queda como su auxiliar, sin ningún poder para actuar por su cuenta. No puede portar armas y por lo tanto intervenir en situaciones de alta peligrosidad (balaceras). Sin embargo sí se permite a los guachimanes estar armados.
Lo que propongo no es ninguna novedad. Existe en muchos países. En ellos, como su nombre lo indica, la Policía Nacional se dedica a los problemas nacionales, como la investigación, motines, narcotráfico, etc. Mientras que los aspectos de la vida diaria, tales como la seguridad ciudadana y el tránsito, están a cargo de los gobiernos locales.
La razón es simple. El ciudadano se siente más cercano al sistema de seguridad de su localidad, el que financia mensualmente, el que conoce y vive sus problemas. El que domina los embrollos de tránsito de cada esquina. Se siente cercano al Serenazgo porque sabe que mientras la Policía Nacional tiene a su cargo los problemas de seguridad y tránsito en Yurimaguas, Lurigancho, Miraflores, Supe Puerto y las miles de localidades del país, su serenazgo presta atención solo y únicamente a la localidad donde él y su familia viven.
Es necesario entonces ponerle el cascabel al gato y encontrar una fórmula para que los gobiernos locales vayan paulatinamente asumiendo el manejo de la seguridad ciudadana y el tránsito. Lamentablemente, la formación militar del presidente Humala no ayuda. Ojalá me equivoque.
Es evidente que la propuesta es muy compleja de poner en práctica, pero no por ello debe ser dejada de lado. Habrá, por ejemplo, que enfrentar ajustes legales de leyes orgánicas y normar con detalle las funciones, responsabilidades y derechos del nuevo serenazgo, policía municipal o como se le quiera llamar, y de sus mandos. Esto implicará una profesionalización que incluya escolarización para ejercer con solvencia la autoridad y el consecuente poder. También técnicas operativas en estrategias y prácticas policiales, el uso de armas, etcétera. Será imprescindible establecer las vías de coordinación y colaboración entre los distintos serenazgos y con las entidades del gobierno, incluida la Policía Nacional.
Como se ve, la cantidad de aristas que esta propuesta genera sobrepasan el alcance de un artículo periodístico y requerirá el estudio a fondo de especialistas y legisladores. Por ejemplo, no todos los gobiernos locales tienen actualmente la capacidad organizativa para asumir esta responsabilidad. Es por ello que la aplicación deberá ser gradual empezando por los que sí la tienen. Sin duda durará años. Además, no todos los alcaldes querrán asumir la responsabilidad. Con el tiempo serán elegidos aquellos alcaldes que sí quieren hacerse de la responsabilidad.
Los policías cesantes deberán ser absorbidos por la nueva fuerza, previos exámenes que comprueben su idoneidad profesional, física y ética. Deberá cuidarse de no importar inmoralidades ni prácticas laborales nefastas. Aquellos que lo logren deberán de recibir un sueldo mayor al anterior, como aliciente y premio por su traslado. Deberán llegar además con su pan bajo el brazo: parte del presupuesto.
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