Comunicado de Prensa
27/02/2013
Sobre las versiones difundidas acerca del convenio que
Yanacocha mantiene con la Policía Nacional del Perú, la empresa informa a
la opinión pública lo siguiente:- El convenio está amparado por el Decreto Supremo No. 004-2009-IN, correspondiente al Reglamento de Prestación de Servicios Extraordinarios Complementarios a la Función Policial, que permite la prestación de este tipo de servicios a nivel nacional.
- Este convenio venció el 31 de diciembre de 2012, sin embargo, la cláusula 6.2 del mismo refiere que Yanacocha podía, a través de una carta, pedir una prórroga de 3 meses. De esta forma, el convenio se encuentra actualmente vigente y vence a fines del mes de marzo.
- Yanacocha requiere de resguardo policial principalmente por el hecho de que en la propiedad de la empresa se almacena tanto material explosivo como insumos químicos fiscalizados. Ante cualquier eventualidad o sustracción, esto podría afectar a muchas personas o al medio ambiente, si no se contara con la seguridad adecuada.
- Asimismo, otra de las funciones del personal policial es resguardar el ingreso no autorizado a la propiedad, particularmente en áreas donde se realizan actividades que, sin medidas de seguridad adecuadas, podrían poner en riesgo la salud de las personas.
- No es correcto afirmar que la Policía Nacional estaría dejando desprotegida a la ciudad de Cajamarca mientras resguarda la propiedad de Yanacocha. Esto se confirma al saber que solo el 5% del total del personal asignado a Cajamarca se encuentra en estos momentos resguardando propiedad de la empresa. Además, el personal que brinda resguardo en Yanacocha es, prioritariamente, el que se encuentra de vacaciones o de franco.
- Por otro lado, el convenio indica textualmente que el personal destacado en propiedad de Yanacocha debe ser capacitado permanentemente en temas de Derechos Humanos y Seguridad.
- Yanacocha reitera su disposición a informar con transparencia sobre todas sus actividades en Cajamarca. Asimismo, hace votos para que las protestas convocadas por algunos grupos locales se lleven a cabo de manera pacífica y sin atentar contra propiedad privada.
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