El estentóreo discurso con el que el general PNP (r) Raúl Salazar entregó el cargo de director general de la PNP singularizará su recuerdo como la del general cuya acción más resonante en su carrera fue su despedida.
Cuestión de estilos, se dirá, sobre todo cuando la trayectoria define el estilo.
Ahora, cuando la ruidosa anécdota de La Campiña cierra una página piadosamente olvidable, el ministro Pedraza gana un respiro político y la PNP un nuevo comando, debiera ser el momento de plantear
estrategias de acción policial. Cuya ejecución permita una mejora razonablemente rápida y, sobre todo, perceptible en la lucha contra el crimen y por una mejor seguridad ciudadana.
Hay dos ejes de acción que deben ejecutarse simultáneamente, con objetivos mensurables, en un plazo corto.
Uno es la represión de la criminalidad organizada; otro, el control de robos, hurtos, menudeo de drogas, asalto callejero: lo que define la percepción y gran parte de la realidad de la seguridad ciudadana.
En cuanto a lo primero, es cierto que el Perú no tiene, por fortuna, ni una fracción de la presencia del crimen organizado que sufren –en grados y formas diferentes– naciones como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia o Brasil. Las organizaciones criminales en el Perú son mucho más incipientes, de menor dimensión, calibre, influencia y peligrosidad. Pero están creciendo.
Desde las mafias extorsivas en construcción civil hasta otras de ámbito más general en sus extorsiones en el norte del Perú, es evidente que se está produciendo una expansión en el número de bandas dedicadas a vivir y lucrar a través de la amenaza o ejecución de violencia.
Algunas han organizado sus exacciones y depredaciones con lógica empresarial, clasificando a sus víctimas por territorio y función. Por cierto que existe una relación proporcional directa entre el número de víctimas y, sobre todo, su importancia, con el nivel e intensidad de amenaza. Si se quiere extorsionar a un gremio numeroso, con capacidad de organización; o a empresarios que están en condiciones de contratar seguridad, la amenaza debe contener la suficiente promesa de brutalidad o de daño insoportable, como para vencer resistencias que harían frente a una amenaza menor.
El crecimiento económico del país propicia el de mafias criminales, sobre todo cuando existe un notorio desbalance entre la actividad económica y la solidez institucional. Que es precisamente nuestro caso.
Las instituciones no se fortifican, ni mejoran cualitativamente su cultura de deber y de servicio, en corto plazo. A la vez, la represión eficaz de la criminalidad no puede esperar.
La respuesta en el corto plazo al dilema de la necesidad frente a la carencia en el ámbito del crimen organizado, es la de una fórmula de acción policial que, cuando se ha aplicado bien en el pasado, siempre ha tenido éxito: la de unidades selectas y especializadas dentro de la Policía, bajo el comando y control de los mejores oficiales.
En la década de los ochenta en el siglo pasado, una primera epidemia de secuestros en Lima fue enfrentada por un veterano general, Froylán Palacios, quien, armado sobre todo con una pequeña libreta repleta de notas, un viejo revólver y con la ayuda de otros policías trejos como él, desbarató en corto tiempo a casi todas las bandas. El secreto de su éxito fue que conocía. Sabía quién era qué entre las bandas y cómo se relacionaban entre sí. Y sabía también que un número relativamente pequeño de criminales audaces puede crear oleadas de miedo e intimidación (e imitación si no se controla rápido).
Lo mismo sucedió luego con otros grupos policiales: el grupo Cóndor, de la ex GC, en los 80; el hazañoso GEIN, de la ex PIP; y, más recientemente, la Divinesp-Dirandro, de la PNP.
La salida de Salazar ha permitido que la PNP sea comandada ahora por un especialista en orden público, el general PNP Jorge Flores Goicochea, secundado por investigadores hábiles, sobre todo el nuevo jefe de Estado Mayor, general PNP Carlos Morán; y el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Dirincri, general PNP César Cortijo.
Morán fue quien en el pasado condujo a la Divinesp a sus mayores logros operativos. Ahora, apenas logre reconstituir la división que fuera desmantelada por Salazar en el último tramo de su gestión, debería ponerla a actuar no solo contra sus blancos históricos (fundamentalmente las organizaciones de narcotráfico), sino contra los grupos criminales de mayor calibre y entidad.
La Dirincri, también diezmada en las últimas semanas, debe ser sustantivamente robustecida (el ministro Pedraza ha afirmado que lo hará), sobre todo aquellos grupos que investigan a las bandas criminales más peligrosas.
La acción de la Policía en ese ámbito debe ir pareja con la del Ministerio Público y el Poder Judicial. Por su lado, el INPE necesita tener, mantener y administrar con eficiencia las cárceles de alta seguridad para criminales peligrosos. Estos no son muchos, y una acción persistente, enérgica e inteligente, puede frenar su crecimiento y reducir en tiempo relativamente corto su peligrosidad.
El segundo desafío, el de seguridad ciudadana, debe enfrentarse en la forma que aconseja y define una rica experiencia local, tanto en el Perú como en otros lugares en Latinoamérica.
La fórmula se enuncia en dos palabras: policía comunitaria; y con una metodología de acción basada en una coordinación estrecha con las municipalidades y en la organización y sostenimiento de juntas vecinales.
En este tipo de trabajo de seguridad, lo principal es la prevención, la creación de alternativas para los grupos de riesgo, las sanciones principalmente restitutivas, llevadas a cabo con prontitud y en la localidad afectada. Su ámbito de acción es el distrital, centrado en la municipalidad y la comisaría.
Hay varios casos de éxito en el Perú que, por desgracia, no se han incorporado como saber oficial por el Estado y convertido en doctrina. Así, la práctica de la policía comunitaria queda reducida a un grupo de comisarios con vocación por el acercamiento con los vecinos que protegen.
En lugar de inútiles reuniones burocráticas, el Estado, y sobre todo el ministerio del Interior, debería sistematizar las mejores experiencias de policía comunitaria en guías y métodos de acción verificables y medibles en sus comisarías. Una labor sostenida en ese aspecto, que no se diluya con el cambio de comisario, en la que las comisarías y distritos compitan o se emulen entre sí, tendría un impacto grande y llevaría a una mejora significativa de la seguridad de la gente en esos distritos.
¿Las compras? No hacen daño. Por lo contrario, ayudan. Pero lo principal es una visión clara del problema, una estrategia eficaz junto con voluntad y persistencia en su aplicación.
Así como un procesador de textos, por bueno que sea, no convierte a nadie en un escritor, ni siquiera en un buen redactor, de la misma manera, el equipamiento solo es una gran ayuda cuando los fundamentos organizativos y conceptuales son sólidos.
Ahora existe una oportunidad de hacer las cosas bien en cuanto a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen. Es muy fácil perder esa oportunidad. Pero nada predestina el pesimismo
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