Gobierno aprista dejó en libertad a 5.500 delincuentes
En el segundo gobierno de Alan García, el abogado Aurelio Pastor se
mantuvo al frente del Ministerio de Justicia durante un periodo de ocho
meses, tiempo durante el cual firmó 1.692 indultos y conmutaciones de
pena que dejaron en libertad incluso a personajes condenados por delitos
como tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada y lavado de
activos, entre otros.
Dentro de todos estos indultos y conmutaciones de pena que fueron otorgados a
un ritmo aproximado de siete por día durante los ocho meses en que ejerció Pastor como ministro de Justicia, figuran 400 que actualmente investiga la Megacomisión, pues habrían cometido el delito de tráfico ilícito de drogas con modalidad agravada, el cual no goza de beneficios penitenciarios, por lo que los condenados solo podrían haber sido indultados en caso de sufrir cáncer terminal. Esto no se aplicaba en la mayoría de los casos, según las investigaciones realizadas por la Procuraduría Antidrogas.
Ante esto, el ex ministro Aurelio Pastor se defiende negando todo tipo de responsabilidad sobre la liberación de los reos y afirmando que él nunca leía los expedientes, sino que solo firmaba los documentos.
“Solo firmaba lo que el presidente (Alan García) decidía otorgar. El que otorga los indultos y las conmutaciones de pena es el presidente de la República, si él firma, el ministro también. Yo no tenía nada que ver con la Comisión de Gracias Presidenciales”, asegura.
Sin embargo, el abogado Ronald Gamarra afirma que los ministros de Justicia son constitucionalmente responsables de las sugerencias de indultos y conmutaciones de pena.
“Quién firma al lado del presidente de la República es el ministro de Justicia, que es responsable como lo establece la Constitución. Es una excusa absurda que un ex ministro señale que firmaba sin saber lo que estaba suscribiendo”, manifiesta Gamarra.
Ante megacomisión
Para el congresista y presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, lo que ocurría durante el gobierno de Alan García era que el Ejecutivo establecía una especie de justicia paralela.
"El Poder Judicial sentenciaba, pero el presidente disminuía la condena a la mitad a personajes que incluso eran cabecillas de bandas narcotraficantes”, denuncia Tejada.
Es por esta razón que el ex presidente Alan García asistirá el próximo 3 de abril ante la Megacomisión del Congreso para responder, entre otros temas, por la liberación de más de 5 mil condenados que habrían sido irregularmente beneficiados por gracias presidenciales durante su mandato.
LA PROCURADURÍA ACTÚA
La investigación concluye además que la mayoría de los indultos otorgados por la Comisión de Gracias durante el tiempo en que Pastor era el titular de Justicia no cumplían con los requisitos para acogerse al indulto humanitario.
Uno de los ejemplos más claros y mediáticos fue la liberación del empresario Luis Enrique Crousillat, quien antes de su indulto se mostraba en un hospital con estado de salud bastante precario. Sin embargo, ya en libertad, se le vio con un buen semblante que no coincidía con los argumentos médicos y legales por los cuales había sido indultado.
Así como este, otros reos fueron liberados sin contar con el requisito indispensable para acogerse a un indulto o una conmutación de pena: padecer de cáncer terminal. Prueba de ello es que la Procuraduría Antidrogas ha descubierto ya entre cinco y seis personajes indultados durante el gobierno de García, pero que han reincidido en sus delitos, dos de ellos han sido condenados nuevamente.
Otras de las complejas tareas en las que se encuentra sumida la Procuraduría es hacer que los 5.500 delincuentes beneficiados durante el anterior gobierno paguen sus reparaciones civiles, que en suma ascenderían a una cifra millonaria que el Estado estaría dejando de percibir.
Cabe recordar que tanto la conmutación de pena como el indulto humanitario devuelven al condenado la libertad ambulatoria, pero no absuelven el pago por reparación civil estipulado en la sentencia.
Claves
Pese a los cuestionamientos contra Pastor, es Rosario Fernández Figueroa quien en sus dos periodos como ministra de Justicia registró mayor cantidad de beneficiados: 3.259, de los cuales 285 fueron sentenciados por tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada.
En este rubro, si se suman los 400 liberados por Pastor, entre los dos hacen un total de 685 sentenciados por tráfico ilícito de drogas
Fernández se niega a tener contacto con los medios debido a que también se encuentra investigada por la Megacomisión del Congreso.
Dentro de todos estos indultos y conmutaciones de pena que fueron otorgados a
un ritmo aproximado de siete por día durante los ocho meses en que ejerció Pastor como ministro de Justicia, figuran 400 que actualmente investiga la Megacomisión, pues habrían cometido el delito de tráfico ilícito de drogas con modalidad agravada, el cual no goza de beneficios penitenciarios, por lo que los condenados solo podrían haber sido indultados en caso de sufrir cáncer terminal. Esto no se aplicaba en la mayoría de los casos, según las investigaciones realizadas por la Procuraduría Antidrogas.
Ante esto, el ex ministro Aurelio Pastor se defiende negando todo tipo de responsabilidad sobre la liberación de los reos y afirmando que él nunca leía los expedientes, sino que solo firmaba los documentos.
“Solo firmaba lo que el presidente (Alan García) decidía otorgar. El que otorga los indultos y las conmutaciones de pena es el presidente de la República, si él firma, el ministro también. Yo no tenía nada que ver con la Comisión de Gracias Presidenciales”, asegura.
Sin embargo, el abogado Ronald Gamarra afirma que los ministros de Justicia son constitucionalmente responsables de las sugerencias de indultos y conmutaciones de pena.
“Quién firma al lado del presidente de la República es el ministro de Justicia, que es responsable como lo establece la Constitución. Es una excusa absurda que un ex ministro señale que firmaba sin saber lo que estaba suscribiendo”, manifiesta Gamarra.
Ante megacomisión
Para el congresista y presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, lo que ocurría durante el gobierno de Alan García era que el Ejecutivo establecía una especie de justicia paralela.
"El Poder Judicial sentenciaba, pero el presidente disminuía la condena a la mitad a personajes que incluso eran cabecillas de bandas narcotraficantes”, denuncia Tejada.
Es por esta razón que el ex presidente Alan García asistirá el próximo 3 de abril ante la Megacomisión del Congreso para responder, entre otros temas, por la liberación de más de 5 mil condenados que habrían sido irregularmente beneficiados por gracias presidenciales durante su mandato.
LA PROCURADURÍA ACTÚA
La investigación concluye además que la mayoría de los indultos otorgados por la Comisión de Gracias durante el tiempo en que Pastor era el titular de Justicia no cumplían con los requisitos para acogerse al indulto humanitario.
Uno de los ejemplos más claros y mediáticos fue la liberación del empresario Luis Enrique Crousillat, quien antes de su indulto se mostraba en un hospital con estado de salud bastante precario. Sin embargo, ya en libertad, se le vio con un buen semblante que no coincidía con los argumentos médicos y legales por los cuales había sido indultado.
Así como este, otros reos fueron liberados sin contar con el requisito indispensable para acogerse a un indulto o una conmutación de pena: padecer de cáncer terminal. Prueba de ello es que la Procuraduría Antidrogas ha descubierto ya entre cinco y seis personajes indultados durante el gobierno de García, pero que han reincidido en sus delitos, dos de ellos han sido condenados nuevamente.
Otras de las complejas tareas en las que se encuentra sumida la Procuraduría es hacer que los 5.500 delincuentes beneficiados durante el anterior gobierno paguen sus reparaciones civiles, que en suma ascenderían a una cifra millonaria que el Estado estaría dejando de percibir.
Cabe recordar que tanto la conmutación de pena como el indulto humanitario devuelven al condenado la libertad ambulatoria, pero no absuelven el pago por reparación civil estipulado en la sentencia.
Claves
Pese a los cuestionamientos contra Pastor, es Rosario Fernández Figueroa quien en sus dos periodos como ministra de Justicia registró mayor cantidad de beneficiados: 3.259, de los cuales 285 fueron sentenciados por tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada.
En este rubro, si se suman los 400 liberados por Pastor, entre los dos hacen un total de 685 sentenciados por tráfico ilícito de drogas
Fernández se niega a tener contacto con los medios debido a que también se encuentra investigada por la Megacomisión del Congreso.
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