5 DE FEBRERO DE 1975

PARO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU:
 A mediodía del 31 de diciembre de 1974 el Presidente General EP Juan Velasco Alvarado, como era costumbre, salió por una puerta lateral de Palacio de Gobierno. Ese día se había dado la orden que no se permitiera que los periodistas se acercaran a la comitiva presidencial, ya que el presidente no quería
declarar. La orden fue desatendida por un guardia civil que se encontraba de servicio en palacio y, por ende, el automóvil presidencial interceptado por los periodistas. Al observar esta situación, el Jefe de la Casa Militar, General EP Enrique Ibáñez Burga, montó en cólera, maltrató verbalmente y le aplico una bofetada al policía responsable, ordenando además su detención y el retiro inmediato de todo el personal policial a la 22 Comandancia. Momentos después, en dicha comandancia, el personal subalterno que debería salir de servicio en el turno de la una de la tarde se negó a hacerlo aduciendo como inaceptables tanto las ofensas como la agresión física recibida. Estalló de esta manera un conato de huelga que fue resuelto con la intervención por el general de la Guardia Civil Ernesto Olivares Montano, quien ordeno la libertad inmediata del policía detenido y expreso la solidaridad institucional con el personal maltratado. Luego de este episodio y durante todo el mes de enero de 1975 circularon en las comisarías de Lima volantes anónimos convocando a paros de protesta que no se llevaron a cabo en las fechas anunciadas. El lunes 3 de febrero de 1975 Lima amaneció sin custodia policial. El personal subalterno de la Guardia Civil no salió a cubrir su cotidiano servicio, se declaró en huelga y se acantonó en el Cuartel de Radio Patrulla, que queda aun en el distrito de La Victoria. La plataforma reivindicativa de los policías huelguistas incluía entre otros a) el desagravio a la guardia civil por el ultraje sufrido por uno de sus miembros por parte de oficial del ejército; b) aumento mensual de 2,000 soles; c) que la mutual del personal subalterno sea administrado por ellos mismos previa auditoria; d) la modificación de los reglamentos (militares) y e) la reorganización de la guardia civil. Al día siguiente, el 4 de febrero, el gobierno militar traslada la solución del conflicto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al fracasar las gestiones del Ministro del Interior General EP Pedro Richter Prada de que los huelguistas depongan su medida de fuerza. EL Comando Conjunto, entonces, calificó la huelga como sedición policial y ordenó a la II Región Militar deberla por la fuerza. La madrugada del 5 de febrero el desalojo de los policías que se encontraban en el local de Radio Patrulla se produce. La Victoria, populoso distrito de Lima donde se ubica el Cuartel de Radio Patrulla es testigo de cómo tanques y tropas del ejército toman por la fuerza el cuartel deteniendo a decenas de sus ocupantes. Inmediatamente después piquetes de activistas, entre los que destacan universitarios apristas del ARE y universitarios del maoísta Bandera Roja, realizan manifestaciones relámpago en señal de protesta por la actitud represiva del gobierno militar y en solidaridad con los huelguistas. Horas más tarde la ciudad presenció asombrada cómo ante la falta de resguardo policial, multitudes descontroladas producían incendios, saqueaban establecimientos comerciales del centro de la ciudad, atacaban diarios y locales de instituciones públicas, en fin, como en medio de una situación generalizada de agitación social se efectuaban los más vandálicos actos que la capital del Perú recuerde. Esto fue posible porque cotidiana rutina de Lima y el funcionamiento de sus instituciones se paralizó y el orden social pareció haber desaparecido. A medio día el comando conjunto de la Fuerza Armada rompe el inmovilismo gubernamental, declara el estado de emergencia el territorio nacional y ordena reprimir la asonada. Los tanques y tropas salen nuevamente a las calles, está vez en un número considerablemente superior. En la noche el ejército controla la situación y el toque de queda es impuesto. Según fuentes oficiales 86 personas murieron, 155 resultaron heridas, y fueron 1012 detenidas. 162 establecimientos comerciales fueron saqueados y varios edificios públicos destruidos.