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Cortesia La Primera.

Demanda al gobierno que haga lo que no hizo en 5 años cuando fue presidente y sale en defensa de rectores que manejan universidades con fines de lucro.

García pide aumentar a jueces, médicos y policías
El expresidente Alan García respaldó ayer la demanda remunerativa de los magistrados, pidió aumentos para trabajadores de diversos sectores y cuestionó la recientemente aprobada nueva Ley Universitaria, lo que dio pie a diversos comentarios y críticas que le señalan una actitud oportunista.

INTERESES

Benítez: “Chang, vinculado a López Meneses, es el que le paga el sueldo a García en el Instituto de Gobernabilidad, al punto de ponerle un carro BMW del año. Entonces, Alan García tiene que salir a defender a los rectores”.

“Se nota el verbo demagogo e interesado de Alan García. Está pensando en el 2016 y trata de respaldar cualquier reclamo”, dijo el vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Heriberto Benítez, uno de los críticos más duros del exgobernante aprista.

Recientemente vía Twitter, Alan García refirió que no hay voluntad del Ejecutivo para cumplir con la homologación de sueldos de los jueces y fiscales. “La justicia paralizada y los jueces protestando en la calle. El gobierno debe cumplir las sentencias por sus sueldos justos. Si hay recursos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El líder aprista ayer fue más allá y dijo que además de los magistrados también se debe aumentar los sueldos a los policías y médicos. “Pretende que el actual gobierno haga lo que él no hizo en sus cinco años como presidente”, advirtió Benítez, ante lo cual el líder aprista alegó que ahora hay más dinero que cuando él era gobernante.

Para Benítez, García se pone al lado de los magistrados porque tiene interés en que los jueces lo ayuden en cualquier problema. “Y en el tema de las universidades, porque hay una que lo mantiene, hasta la fecha, que es la Universidad San Martín, de José Antonio Chang, quien está vinculado a Óscar López Meneses”, subrayó.

El congresista aseguró que García tiene personas aliadas que están comprometidas, tanto en el tema de la demanda de los jueces por la homologación de sus ingresos, como en el de las universidades.

Explicó que, en el Poder Judicial, García tiene nexos con el juez supremo Rodolfo Walde Jáuregui, estrechamente vinculado al Apra y fiscal de la directiva de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, organismo gremial que ha presentado la demanda de cumplimento del tema remunerativo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la Corte Suprema.

“Y cuando esa demanda llegó a la Corte Suprema para que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial –del que forma parte- se pronuncie, él (Walde) debió inhibirse, pues era parte de los demandantes. Pero igual, se presentó, firmó y votó a favor de que se demande. Es decir, hizo el papel de juez y parte, lo cual es irregular, y debería ser investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura”, puntualizó.

El parlamentario indicó que el exjefe de Estado arremetió contra la nueva Ley Universitaria, en representación de la Universidad San Martín de Porres, que actualmente lo cobija y lo mantiene con un abultado sueldo (S/.803 mil en 18 meses, según su declaración de ingresos).

Incluso sostuvo que ambas situaciones están estrechamente vinculadas a los intereses del exmandatario aprista, al afirmar que el pasado 4 de diciembre la Universidad Garcilaso de la Vega, también relacionada con García, le otorgó el grado de doctor honoris causa al juez supremo Walde Jáuregui.

“Entonces, imagínese cómo están desplegados todos los tentáculos del Apra con universidades, con jueces y políticos. Están trabajando para desestabilizar la democracia y pensando siempre en los éxitos de García”, enfatizó.

EL VERBO DE GARCÍA
El expresidente Alan García dijo que la nueva Ley Universitaria significa una “amenaza y un grave retroceso de la libertad de pensamiento y el sistema universitario de nuestro país”.

Consideró que dicha norma fue aprobada de “manera precipitada” en la Comisión de Educación del Congreso. “Seguramente, la educación universitaria (en el Perú) no es la mejor, pero no pueden proponerse soluciones que signifiquen empeorar su situación y mucho menos ponerla bajo una bota o poder político”, sostuvo tras reunirse con un grupo de rectores de universidades públicas y privadas.

Para García “el proyecto aprobado es gravísimo, porque crea una llamada Superintendencia que estará en manos del Ministerio de Educación, que es un ente político y que siempre obedece al presidente de turno”.


Javier Soto
Redacción
La Primera