ENREDADO COMO UNA PELEA DE PULPOS.

Cortesia Peru 21. ARTICULO ORIGINAL AQUI
Ricardo Uceda
La mayor dificultad de una investigación sobre el caso López Meneses es que su centro de atención es la cúpula militar-civil  de un gobierno en funciones. Asoma una hipótesis principal: los implicados utilizaron los inmuebles del escándalo para actividades de inteligencia. Si ello fuera cierto quedaría por
ver hasta qué punto eran ilícitas y hasta qué punto las conocía el Presidente de la República. A nadie escapa que un resultado positivo afectaría la estabilidad del régimen.
Operaciones de inteligencia pueden ser lícitas y hasta necesarias. Pueden implicar seguimientos pero no interceptaciones telefónicas. Autoridades del gobierno las han negado rotundamente a propósito del caso López Meneses. Por lo tanto, investigarlas implica ir en contra de la verdad oficial.
Otra hipótesis es que el incidente no pasa de ser un grotesco uso ilícito de recursos públicos por parte de policías –y tal vez, de algunos militares– para favorecer a un particular.  Es la hipótesis menor, prácticamente validada por las evidencias públicas. Pero para demostrar que solo se trata de eso, es necesario recorrer el camino más largo: llegar, vía una investigación, al convencimiento de que no hubo actividades ilícitas de inteligencia de por medio.
CUATRO INVESTIGACIONES
El Ministerio Público ha centrado su investigación en el uso indebido de recursos públicos. El Fiscal de la Nación, José Peláez, mencionó tres posibles delitos: peculado de uso, falsedad genérica y abuso de autoridad. Todos apuntan a los policías y pertenecen a la escala de ilícitos menores. El más grave es el de peculado, cometido cuando hay aprovechamiento directo o indirecto de bienes del Estado. Por ejemplo, al asignar un auto oficial para asuntos particulares.
Pero al mismo tiempo se ha agarrado el caso el Fuero Militar Policial (FMP). Julio Bueno, fiscal supremo de los militares, ha dicho que va a realizar todas las diligencias necesarias para espulgar a los generales de la PNP Aldo Miranda, Luis Praeli y Carlos Gómez Cahuas, por el delito contra los deberes de función. Les cabrían distintas responsabilidades en la decisión de otorgar indebido resguardo a la vivienda de López Meneses. Hay otros tres coroneles PNP en la colada. También serán citados el almirante José Cueto, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a quien los policías señalan como el solicitante de la protección. Bueno no ha vacilado al decir que pedirá el levantamiento del secreto de las comunicaciones cuando lo considere pertinente y que citaría al mismísimo Ollanta Humala. Tiene una idea excesiva de su poder: un fiscal militar no tiene facultades para obtener información telefónica de sus investigados.
¿Qué hace el FMP en un típico caso de aprovechamiento de recursos públicos y de eventual actuación ilícita de los órganos de inteligencia? Al mismo tiempo, se halla en curso una investigación administrativa en Inspectoría de la PNP. Y otra anunciada en el Congreso. Todas las cuales están destinadas a pisarse los pies.
LUCHA DE COMPETENCIAS
Existe abundante evidencia de que la justicia militar policial ha operado como mecanismo de protección de uniformados ante delitos comunes. Principalmente ante violaciones de derechos humanos. Todos los gobiernos elegidos desde 1980, comenzando por el Fernando Belaunde y terminando con el de Ollanta Humala –fueromilitarista en el caso Chavín de Huántar– lo avalaron como una forma de mantener sólidas sus relaciones con los militares. El Poder Judicial también se sometió, cediendo atribuciones en casos emblemáticos. Pero hasta el momento no se había ensayado una apropiación de caso tan audaz como la que se insinúa en el caso López Meneses.
No tardará en aparecer un implicado que se niega a acudir a una citación del fuero común o del Congreso aduciendo que ya está siendo investigado por la justicia privativa. Si le conviene exposición pública, acudirá. Si no, preferirá el sigilo del ámbito castrense. Y será este fuero jerarquizado, con jueces rigurosamente vigilados, cuyo nombramiento depende del gobierno, el que resolverá más rápido que la justicia ordinaria.
Ya ha pasado en ocasiones anteriores que cuando se objeta la pertinencia del fuero castrense, se lo justifica con el argumento de que “ellos solo se limitarán a ver si se cumplieron o no los reglamentos”. Pero si fuera así, no se explica  para qué pedirían el levantamiento del secreto de las comunicaciones, o interrogarían a Ollanta Humala. Por otra parte, esta penetración en un terreno investigativo más amplio no es para comprender a un número mayor de implicados. Solo hay cuatro generales y tres coroneles procesados. Todos policías.
EL VERDADERO FISCAL
El aplomo y el empoderamiento del fiscal militar contrastan con la reserva del Ministerio  Público. José Peláez y la fiscal encargada del caso, Norah Córdova, han brindado declaraciones mínimas, al paso. En el centenar de notas de prensa emitidas por el Ministerio Público entre el estallido del escándalo hasta ayer, no hay una sola referida al caso López Meneses. Podría decir qué está haciendo, a quién van a citar, qué recursos está destinando. Como lo hizo el fiscal Víctor Cubas hace veinte años, en el caso La Cantuta. Todo ello sin afectar la reserva indagatoria, pues la importancia del caso requiere reportes periódicos.
En cambio el Fuero Militar Policial parece el verdadero titular de la investigación. Aparte de las amplias declaraciones del fiscal Bueno, la institución emitió una detallada nota de prensa con la relación de sus investigados, los delitos supuestamente comprendidos y la base legal sobre la que actúa el FMP en este caso. La tiene, debido a que el sistema jurídico peruano le permite disputarle al fuero civil terrenos de investigación ante el quebrantamiento de deberes policiales, pese a que sus perjuicios trascienden largamente lo institucional-policial y de ninguna manera afectan “lo militar”.
Así, no es posible en esta etapa plantear una contienda de competencia que impida su actuación, a favor del fuero civil.
Quizá una acción de amparo podría ser pertinente. El argumento básico sería que la investigación de los militares no es imparcial, lo cual vicia un proceso. Porque, valgan verdades, la verdadera investigación no es sobre el mal uso de unos patrulleros. Consiste en determinar si es cierto o no que dos presidentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas –el actual, José Cueto, y el anterior, Luis Howell– estuvieron comprometidos con las órdenes de vigilancia, conforme sostienen ex jefes policiales.
De tener asidero esta versión, habría un grupo mayor de personajes comprometidos, y entonces aparece la hipótesis de que el inmueble era empleado para actividades secretas del sistema de inteligencia. ¿Va el FMP a investigar esta variante? Cabría pensar más bien que se dispone a achicharrar a los policías.
LA HIPÓTESIS PRINCIPAL
La dificultad principal del Ministerio Público es saltar de una investigación sobre mal uso de recursos a la de actividades ilícitas de inteligencia. No tiene más indicios que las contradicciones entre militares y policías ni más pistas que los trascendidos publicados por medios de comunicación. El más modesto es que en el inmueble se llevaban a cabo reuniones de inteligencia y el más fuerte que en algún momento alojó equipos de interceptación. El fiscal no tiene otro camino que incansables interrogatorios a cuanto policía, vecino o trabajador estuvo relacionado con el inmueble.
Por otro lado, podría pedirle autorización de un juez para conocer cómo se gastaron los mayores fondos que el gobierno solicitó para la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), y también los presupuestos reservados de compras del Ministerio de Defensa. No es necesario que esta información se haga pública. Pero es casi imposible que el fiscal avance sin abrir la caja negra de los gastos militares, que esmeradamente el régimen ha buscado esconder con normas secretistas. Pregunta final: ¿en el Congreso, la Comisión de Inteligencia podría dejar de estar pintada en la pared?