Después de varios años de batalla, dos
héroes discretos obtienen información pública escondida. Pero hay miles
de frustrados. Mientras el gobierno lanza una nueva retórica
anticorrupción, un informe de la Defensoría del Pueblo ofrece cifras
descarnadas de un sistema de transparencia inútil para los más pobres.
Ricardo Uceda
Cortesia La Republica.
Hugo Camacho Araya, de 64 años, es un ex trabajador administrativo en el retiro desde hace ocho años. Cuando laboraba para una empresa petrolera en Iquitos, su último empleo, en algún momento decidió convertirse en fiscalizador público. En El Peruano leía resoluciones que autorizaban el viaje al exterior de tal o cual funcionario. Con esos datos empezó a pedir a las entidades públicas los informes que a su regreso el funcionario viajante debió haber presentado. No las cuentas de los gastos, sino los resultados de su expedición: en qué medida fue útil para el Estado su asistencia a una reunión en Buenos Aires, Ginebra o París.
Las secretarias de los ministros, las de los jefazos de las empresas públicas, recibían incrédulas en 2001 estas peticiones inverosímiles, que no merecían respuesta.
Yo, al comienzo, escribía basándome en mi simple curiosidad de ciudadano, sin conocer que existía una ley que me apoyaba, dice Camacho pasándose una mano por las canas. Es un hombre delgado y de gestos enérgicos. Cuando se siente observado, advierte: No crea que estoy loco.
En 2001 Camacho escribió 60 cartas, al año siguiente 62. Hacia el 2003, menos de la mitad de las entidades le habían respondido. Algunos funcionarios entregaron la información. Por ejemplo, los del MEF. Pero la mayoría oponía razones diversas para negarse: que no se habían abonado los derechos de tramitación, que el informe solo era para el ministro, que requería un mayor plazo, que antes prefería conversar con el remitente. Algunos respondían que la información era reservada.
RESPUESTA SUPERIOR
En 2002 Camacho quiso saber los informes de viaje de las autoridades del Poder Judicial correspondientes al 2001. Cada año, hasta el 2004, insistió por escrito para pedir la información. Con diversos argumentos, principalmente que no dirigía la solicitud al funcionario indicado, lo ningunearon hasta el 2006. En 2007, a raíz de un recurso de hábeas data, Juana Torreblanca, una jueza superior del Vigésimo Tercer Juzgado en lo Civil, ordenó que le entregaran todo lo que había solicitado. El razonamiento de la jueza era elemental: todos los funcionarios deben hacer reportes de viajes, y esa no es información pasible de ser clasificada como secreta. Además, es irrelevante que la solicitud vaya al funcionario equivocado.
¿Por qué entonces la resistencia? La razón se adivina fácilmente. Camacho no tiene poder, porque es un simple ciudadano, y a la mayoría de las administraciones públicas les disgusta que los informes internos sobre los viajes, si es que realmente se hacen, estén dando vueltas por el internet en manos de cualquiera. Aunque este cualquiera tenga derecho a ello. Si no fuera porque Camacho es un hombre de voluntad férrea y porque no tiene más ocupación que llevar y traer a su nieta al colegio, probablemente la victoria judicial nunca se hubiera producido.
Después de examinar los viajes, a Camacho le intrigó cuántos de quienes se hacen llamar doctores poseen efectivamente el grado académico. El 2010 envió a la Asamblea Nacional de Rectores una lista de setenta personalidades conocidas como doctores, pidiendo especificar en cada caso si tenían el grado registrado. La ANR condicionó la satisfacción del pedido a una serie de requisitos que lo hacían inviable. Por ejemplo, la entrega de un archivo en Excel con los apellidos y nombres de los profesionales, con la fecha de grado y su título. Prácticamente exigía la misma información que se le solicitaba. En agosto del 2012 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima le dio la razón a Camacho, quien recibió la información el 20 de noviembre del 2013. Resultó que solo dos de las setenta personalidades, principalmente jueces, tenían el grado de doctor efectivamente registrado en la ANR.
Tres años le demoró a Camacho obtener un pedido tan simple. El hombre sigue solicitando información pública por aquí y por allá, sin hacer campañas contra nadie y sin otro motivo que satisfacer su insaciable necesidad de escrutinio. En su base de datos personal tiene unas setenta demandas de hábeas data presentadas. Ninguna de ellas ha llegado al Tribunal Constitucional. La Defensoría del Pueblo lo considera un pionero del derecho a la información pública porque con sus requerimientos desarrolla la jurisprudencia que contribuye a transparentar el estado.
INFORMACIÓN PRIVADA
Otra pionera: la estudiante del último año de Derecho Fanny Ramírez Quiroz. Es vivaz, oriunda de Bagua Grande y tiene 31 años. En 2006, cuando empezaba su carrera en la universidad Garcilaso de la Vega, apoyó al abogado José de la Cruz, quien defendía a un cliente en un litigio extraño. El cliente había perdido sus certificados laborales de cuando trabajaba en Telefónica durante el incendio de su casa, y los necesitaba para tramitar su jubilación. La compañía se negaba a entregárselos. Un juez, ante el que interpusieron un hábeas data, rechazó el pedido. Pero otro juez lo apoyó, y Fanny descubrió que no era imposible pedirle información a una empresa privada si brinda un servicio público. La ley lo ampara en ciertos casos. Haciendo equipo con De la Cruz, empezó a pedir a un conjunto de compañías información de cuántos reclamos habían recibido de sus usuarios. Solo ese dato concreto; ni siquiera el contenido de los reclamos.
Presentó solicitudes a quince universidades, diez institutos educativos, catorce aerolíneas, tres operadoras de telefonía, dos empresas eléctricas. A las universidades les pidió, además del número de reclamos, sus convenios de certificación educativa. Todas las requeridas se negaron, bajo el supuesto de una intromisión inconcebible.
Ramírez y De la Cruz entablaron recursos de hábeas data y unas pocas empresas cedieron al primer requerimiento judicial. Por ejemplo, las universidades Católica, Pacífico y Ricardo Palma. El resto se mantuvo en la posición de que la ley de acceso a la información pública no las obligaba. El siguiente escenario fue el Tribunal Constitucional. Ahora mismo, los litigantes tienen diez sentencias a favor, que obligan a Instituto de Formación Bancaria, a Luz del Sur, a las aerolíneas LAN Perú, American, Air Comet y Continental; y a las universidades Marcelino Champagnat, San Martín de Porres, Tecnológica del Perú y Norbert Wiener. Algunas de las demandadas han entregado la información, otras aducen diversos pretextos para negarse o demorar el cumplimiento de las sentencias.
La victoria de Fanny Ramírez abre la puerta a insospechadas posibilidades para que las empresas rindan cuenta de determinados aspectos de los servicios públicos que ofrecen. A Ramírez le ha proporcionado material para su tesis de grado y a De la Cruz casuística para un libro. Pero en el Perú no todos están contentos con el ejercicio del derecho. Si bien los casos de Camacho y Ramírez conocieron el éxito, fueron historias de un largo enfrentamiento, ejemplares pero que el resto de ciudadanos no debería asumir.
INFORME DEFENSORIAL
Un informe de la Defensoría del Pueblo por los diez años de la ley de transparencia ofrece cifras contundentes de la problemática. Las inspecciones revelaron que los funcionarios responsables están en otras tareas. La Defensoría recibió 6,714 en el período, principalmente por retrasos y cobros indebidos. Los municipios son las entidades públicas más quejadas, y a continuación las del sector Educación y Salud. Hay interés fiscalizador: la gente quiere saber sobre presupuestos y adquisiciones. Pero el informe también dice que a más pobreza menos quejas.
El sistema no está hecho para los pobres. ¿Quién va a gastar el tiempo de abuelo de Hugo Camacho, y el universitario de Fanny Ramírez? ¿Qué pobre inicia un litigio de tres años hasta el Tribunal Constitucional? Mientras el Poder Judicial no sea cambiado por otro dirimente, una autoridad autónoma como en México y Chile, la transparencia peruana seguirá siendo retórica. Entre las medidas anunciadas por el Premier Villanueva para luchar contra la corrupción, no aparece una sola para resolver este problema crucial.
Cortesia La Republica.
Hugo Camacho Araya, de 64 años, es un ex trabajador administrativo en el retiro desde hace ocho años. Cuando laboraba para una empresa petrolera en Iquitos, su último empleo, en algún momento decidió convertirse en fiscalizador público. En El Peruano leía resoluciones que autorizaban el viaje al exterior de tal o cual funcionario. Con esos datos empezó a pedir a las entidades públicas los informes que a su regreso el funcionario viajante debió haber presentado. No las cuentas de los gastos, sino los resultados de su expedición: en qué medida fue útil para el Estado su asistencia a una reunión en Buenos Aires, Ginebra o París.
Las secretarias de los ministros, las de los jefazos de las empresas públicas, recibían incrédulas en 2001 estas peticiones inverosímiles, que no merecían respuesta.
Yo, al comienzo, escribía basándome en mi simple curiosidad de ciudadano, sin conocer que existía una ley que me apoyaba, dice Camacho pasándose una mano por las canas. Es un hombre delgado y de gestos enérgicos. Cuando se siente observado, advierte: No crea que estoy loco.
En 2001 Camacho escribió 60 cartas, al año siguiente 62. Hacia el 2003, menos de la mitad de las entidades le habían respondido. Algunos funcionarios entregaron la información. Por ejemplo, los del MEF. Pero la mayoría oponía razones diversas para negarse: que no se habían abonado los derechos de tramitación, que el informe solo era para el ministro, que requería un mayor plazo, que antes prefería conversar con el remitente. Algunos respondían que la información era reservada.
RESPUESTA SUPERIOR
En 2002 Camacho quiso saber los informes de viaje de las autoridades del Poder Judicial correspondientes al 2001. Cada año, hasta el 2004, insistió por escrito para pedir la información. Con diversos argumentos, principalmente que no dirigía la solicitud al funcionario indicado, lo ningunearon hasta el 2006. En 2007, a raíz de un recurso de hábeas data, Juana Torreblanca, una jueza superior del Vigésimo Tercer Juzgado en lo Civil, ordenó que le entregaran todo lo que había solicitado. El razonamiento de la jueza era elemental: todos los funcionarios deben hacer reportes de viajes, y esa no es información pasible de ser clasificada como secreta. Además, es irrelevante que la solicitud vaya al funcionario equivocado.
¿Por qué entonces la resistencia? La razón se adivina fácilmente. Camacho no tiene poder, porque es un simple ciudadano, y a la mayoría de las administraciones públicas les disgusta que los informes internos sobre los viajes, si es que realmente se hacen, estén dando vueltas por el internet en manos de cualquiera. Aunque este cualquiera tenga derecho a ello. Si no fuera porque Camacho es un hombre de voluntad férrea y porque no tiene más ocupación que llevar y traer a su nieta al colegio, probablemente la victoria judicial nunca se hubiera producido.
Después de examinar los viajes, a Camacho le intrigó cuántos de quienes se hacen llamar doctores poseen efectivamente el grado académico. El 2010 envió a la Asamblea Nacional de Rectores una lista de setenta personalidades conocidas como doctores, pidiendo especificar en cada caso si tenían el grado registrado. La ANR condicionó la satisfacción del pedido a una serie de requisitos que lo hacían inviable. Por ejemplo, la entrega de un archivo en Excel con los apellidos y nombres de los profesionales, con la fecha de grado y su título. Prácticamente exigía la misma información que se le solicitaba. En agosto del 2012 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima le dio la razón a Camacho, quien recibió la información el 20 de noviembre del 2013. Resultó que solo dos de las setenta personalidades, principalmente jueces, tenían el grado de doctor efectivamente registrado en la ANR.
Tres años le demoró a Camacho obtener un pedido tan simple. El hombre sigue solicitando información pública por aquí y por allá, sin hacer campañas contra nadie y sin otro motivo que satisfacer su insaciable necesidad de escrutinio. En su base de datos personal tiene unas setenta demandas de hábeas data presentadas. Ninguna de ellas ha llegado al Tribunal Constitucional. La Defensoría del Pueblo lo considera un pionero del derecho a la información pública porque con sus requerimientos desarrolla la jurisprudencia que contribuye a transparentar el estado.
INFORMACIÓN PRIVADA
Otra pionera: la estudiante del último año de Derecho Fanny Ramírez Quiroz. Es vivaz, oriunda de Bagua Grande y tiene 31 años. En 2006, cuando empezaba su carrera en la universidad Garcilaso de la Vega, apoyó al abogado José de la Cruz, quien defendía a un cliente en un litigio extraño. El cliente había perdido sus certificados laborales de cuando trabajaba en Telefónica durante el incendio de su casa, y los necesitaba para tramitar su jubilación. La compañía se negaba a entregárselos. Un juez, ante el que interpusieron un hábeas data, rechazó el pedido. Pero otro juez lo apoyó, y Fanny descubrió que no era imposible pedirle información a una empresa privada si brinda un servicio público. La ley lo ampara en ciertos casos. Haciendo equipo con De la Cruz, empezó a pedir a un conjunto de compañías información de cuántos reclamos habían recibido de sus usuarios. Solo ese dato concreto; ni siquiera el contenido de los reclamos.
Presentó solicitudes a quince universidades, diez institutos educativos, catorce aerolíneas, tres operadoras de telefonía, dos empresas eléctricas. A las universidades les pidió, además del número de reclamos, sus convenios de certificación educativa. Todas las requeridas se negaron, bajo el supuesto de una intromisión inconcebible.
Ramírez y De la Cruz entablaron recursos de hábeas data y unas pocas empresas cedieron al primer requerimiento judicial. Por ejemplo, las universidades Católica, Pacífico y Ricardo Palma. El resto se mantuvo en la posición de que la ley de acceso a la información pública no las obligaba. El siguiente escenario fue el Tribunal Constitucional. Ahora mismo, los litigantes tienen diez sentencias a favor, que obligan a Instituto de Formación Bancaria, a Luz del Sur, a las aerolíneas LAN Perú, American, Air Comet y Continental; y a las universidades Marcelino Champagnat, San Martín de Porres, Tecnológica del Perú y Norbert Wiener. Algunas de las demandadas han entregado la información, otras aducen diversos pretextos para negarse o demorar el cumplimiento de las sentencias.
La victoria de Fanny Ramírez abre la puerta a insospechadas posibilidades para que las empresas rindan cuenta de determinados aspectos de los servicios públicos que ofrecen. A Ramírez le ha proporcionado material para su tesis de grado y a De la Cruz casuística para un libro. Pero en el Perú no todos están contentos con el ejercicio del derecho. Si bien los casos de Camacho y Ramírez conocieron el éxito, fueron historias de un largo enfrentamiento, ejemplares pero que el resto de ciudadanos no debería asumir.
INFORME DEFENSORIAL
Un informe de la Defensoría del Pueblo por los diez años de la ley de transparencia ofrece cifras contundentes de la problemática. Las inspecciones revelaron que los funcionarios responsables están en otras tareas. La Defensoría recibió 6,714 en el período, principalmente por retrasos y cobros indebidos. Los municipios son las entidades públicas más quejadas, y a continuación las del sector Educación y Salud. Hay interés fiscalizador: la gente quiere saber sobre presupuestos y adquisiciones. Pero el informe también dice que a más pobreza menos quejas.
El sistema no está hecho para los pobres. ¿Quién va a gastar el tiempo de abuelo de Hugo Camacho, y el universitario de Fanny Ramírez? ¿Qué pobre inicia un litigio de tres años hasta el Tribunal Constitucional? Mientras el Poder Judicial no sea cambiado por otro dirimente, una autoridad autónoma como en México y Chile, la transparencia peruana seguirá siendo retórica. Entre las medidas anunciadas por el Premier Villanueva para luchar contra la corrupción, no aparece una sola para resolver este problema crucial.
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