5 DE FEBRERO

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 El 2014 va a ser un año sumamente difícil para el gobierno. No solo por el tema limítrofe con Chile, la campaña preelectoral, los recortes presupuestales a las regiones, la inflación, la falta de trabajo, sino también porque se asoman una andanada de huelgas, cuyo punto de partida podría ser la huelga policial anunciada para este 5 de febrero, que por lo demás es una fecha histórica, asociada a la histórica huelga de 1975 en Lima, con 86 muertos, 155 heridos, 1202 detenidos y 53 policías
enjuiciados.
En Cusco, las fuerzas han ido tensándose en las últimas horas y es que no solo es un problema de reivindicación económica, sino un hastío político del estilo cuasi militar del presidente Ollanta Humala, que por proteger al Ejército ha preferido arrojar todo el barro de la actual corrupción Oscar López – fujimontesinismo, sobre la institución policial.
El oficial PNP en situación de retiro, coronel Mario Berrospi, conjuntamente que Abel Hallasi y Richard Ortega, ha confirmado que no se trata de una huelga política, sino un paro reivindicativo, que en el Cusco se efectuará de todas maneras si el gobierno central no responde al pedido de incrementos.
Mario Berrospi y Hallasi dijeron a LETRACIERTA que se conoce que la mayoría de policías, no obstante las drásticas sanciones que se pretende imponer, acatarán la medida de fuerza, ya sea de una manera o de otra. Se trata de que ese día los policías no acudan a sus respectivas dependencias. “No es un delito faltar un día al trabajo”, dijo Hallasi, un policía que fue enjuiciado y encarcelado por acusar y calificar de corruptos con el dedo índice en alto a sus generales de la PNP.
Berrospi dijo que el plazo para que el gobierno alcance una alternativa a los miles de policías, vence indefectiblemente el 25 de enero. De lo contrario acatarán la protesta, que precisço que de ninguna manera es de carácter político como fue el paro policial de 1975 en Lima.
“Sucede simplemente que nos tienen olvidados”, dijo.
Calificó de insuficientes los bonos de 300 soles otorgados para paliar sus remuneraciones. Además sostuvo que se debe declarar en emergencia a la institución para realizar una reorganización total, con el fin de desaparecer la corrupción, cuya presencia es innegable.
Al ser preguntado sobre las declaraciones del ministro del Interior desmintiendo cualquier asomo de paro, dijo que la medida sigue en pie luego de que el ministro Walter Albán minimizó la anunciada protesta.
¿QUÉ DICE EL MANIFIESTO?
El Sindicato Único de la Policía Peruana SUPP, organización que representa a todos los policías en actividad y sus familiares, ante el descontento general y la crisis institucional que atraviesa la Policía Nacional del Perú, se pronuncian como trabajadores que han sido privados de sus más elementales derechos y como personas humanas y ciudadanos uniformados que son.
Agrega que: “En pleno siglo XXI no es posible que nuestra PNP siga siendo un aparato de represión de los gobiernos de turno y encubridores de sus delitos y actos de corrupción, sin una política de seguridad ciudadana considerada por la mayoría de peruanos como la institución más corrupta junto al Poder Judicial y al Congreso de la República”.
Más abajo señala que: “Los policías en actividad ratificamos como a nuestros representantes y voceros a nivel nacional a los colegas que fueron encarcelados no por ser corruptos, sino por defender nuestros más elementales derechos”. Señalan a Rumimaki Richard Ortega y los destituidos injustamente Abel Hallasi y Edward Casas Diburcio, para realizar las negociaciones respecto de los pedidos. Asimismo, en este mismo comunicado señalan los números telefónicos para que el ministro pueda comunicarse oportunamente.
La Policía conoce perfectamente que un día de inasistencia es una falta leve que implica 6 días de arresto simple y además un informe en su foja de servicios que le impedirá acceder a los ascensos de nivel correspondientes. Esta es la amenaza más efectiva que podría conducir al fracaso a esta medida.
¿CUALES SON LAS DEMANDAS?
Sintomáticamente, el primer punto del comunicado no exige el aumento de sueldos, sino demanda que el presidente Ollanta Humala pida disculpas públicas a la institución policial tan gravemente acusada por el escándalo reciente de Oscar López Meneses en el que evidentemente hubo complicidad de algunos malos generales de la PNP y del Ejército Peruano; pero la pita se rompió por el lado más débil.
Recién en el segundo punto exigen un aumento real de haberes del segundo tramo y que sea acorde a la canasta básica familiar y sucesivamente el pago del bono policial a todos sin discriminación, especialmente a los que realizan cuadrante seguro, pago de vacaciones 2013, pago real y completo del aguinaldo por fiestas navideñas del 2013 de 300 nuevos soles.
Existe gran preocupación policial por el pago de 20 años de servicios de Fosersoe y la devolución de los aportes, así como estaba programado a partir del 2 de enero del 2014 y no a partir del 2015.
Es una falta de respeto de la institución policial que la indumentaria no sea de buena calidad debido a la corrupción de los altos jefes que prefieren llevarse el dinero a los bolsillos en lugar de adquirir material de óptima calidad.
Exigen también la implementación de los hospitales y sanidad de la PNP con médicos especialistas y la debida provisión de medicamentos, puesto que en la actualidad no existe ni lo uno ni lo otro.
La devolución de los aportes al Fovipol es también otra sentida demanda, que va aparejada con la calidad voluntaria para asociarse o no a dicho programa. Una verdadera Defensoría de la PNP que dependa de la Defensoría del Pueblo. Un cambio legítimo en la Policía y no una mera reforma efectuada con la participación de los representantes de los subalternos arriba nombrados.
Lo que llama la atención es la actitud de rechazo del gremio policial a la ola de corrupción que envuelve la institución, aunque de aplicarse una razzia policial probablemente muchos de sus miembros pasarían a retiro.
86 MUERTOS EN LA HUELGA POLICIAL DE 1975
Oficialmente, esta sí fue una huelga policial, puesto que no solo exigía un aumento de sueldos, sino mostraba una abierta oposición al régimen militar que gobernaba el Perú en aquel año, y que por una extraña coincidencia también sentía un menosprecio por la Policía y una manifiesta preferencia por el Ejército Peruano, a la cual hoy pretende excluírsele en la investigación por corrupción en el caso López Meneses.
La manifestación policial de 1975 duró casi diez días. Empezó el sábado 1º de febrero de 1975, y al día siguiente se extendió de comisaría en comisaría, conformándose una comisión representativa que se instaló en la sede de Radio Patrulla, en la avenida 28 de Julio del distrito de La Victoria. Los policías amenazaron con una huelga total de no atenderse sus reclamos; al fracasar las negociaciones, consumaron la amenaza y el martes 4, Lima quedó completamente desguarnecida. En las últimas horas de la tarde de ese día empezaron a sentirse las consecuencias, sobre todo por la congestión del tráfico y el aumento de atracos y delincuencia.
Refiere una crónica de la fecha, que el día 5 de febrero, las unidades blindadas del Ejército sitiaron Radio Patrulla exigiendo la entrega de los dirigentes policiales y el fin de la huelga; al no haber respuesta, a las cuatro de la madrugada se produjo la toma violenta del local. Muchos policías huyeron y otros se rindieron. En los barrios colindantes la población podía escuchar el tableteo de ametralladoras y estruendo de tanques.
DATOS:
Las turbas recorrieron la ciudad e incendiaron el Casino Militar (situado en la Plaza San Martín), el local del diario Correo y el Centro Cívico (donde se hallaban las oficinas del Sinamos). Los ataques a estos últimos, al parecer, estuvieron encabezados por estudiantes apristas que trataron de dirigir la espontánea explosión popular que cuatro años después obligó a la dictadura militar el retorno a la democracia.