MINISTERIO PUBLICO O MISTERIO PUBLICO.?

 

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Varios signos registrados por la prensa en los últimos días nos dan cuenta de una severa crisis en el Ministerio Público, una institución que, por su contribución a la investigación de los delitos, debería ser más observada por la prensa, la academia y el público en general.
Durante las últimas dos semanas, hemos presenciado las disputas entre los fiscales supremos para ver quien podría ser elegido como Fiscal de la Nación. Dichas
pugnas no se basaban en los méritos de cada uno de  los postulantes al más alto cargo del Ministerio Público, sino en ver quien estaba más o menos ligado a un partido político en particular, sea directa o indirectamente.
Peor aún, como ha registrado Ricardo Uceda en la última semana, algunos nombramientos ejercidos por el Consejo Nacional de la Magistratura parecen haber estado condicionados a la correlación de fuerzas dentro del MP, antes que en un real análisis sobre las condiciones profesionales y calidades éticas y personales de los postulantes a tan altos cargos.
Otro ámbito de preocupación se registra en el terreno de la lucha contra la corrupción. Las recientes resoluciones de la Fiscalía de la Nación que liberan de responsabilidad en enriquecimiento ilícito a Alan García y Alejandro Toledo han sido cuestionadas por la Procuraduria Anticorrupción tanto por la calidad de los peritajes realizados como, en el caso de García, por la cercanía de los peritos a su partido. Lo mismo ha ocurrido con otros exfuncionarios públicos. A ello se suma la rotación de fiscales anticorrupción abocados a casos importantes.
Lo mismo podríamos decir con el control interno alrededor del Ministerio Público. El gerente general de la institución se encuentra involucrado en un caso de sobornos en licitaciones, sin que al señor José Pelaéz Bardales se le mueva un solo dedo para pedir una explicación a su funcionario de confianza al respecto. Por el contrario, el fiscal que investigaba el caso fue removido.
Finalmente, el caso de las esterilizaciones forzadas, archivado para la mayor parte de altos funcionarios públicos involucrados, vuelve a enfrentarnos a los severos problemas que tiene el MP para investigar graves violaciones a los derechos humanos. Como señala hoy Diario 16, el fiscal no analizó la mayor parte de los casos y resolvió la investigación con una celeridad que un caso tan complejo no merecía. Para complicar más la situación, el señor Marco Guzmán Baca es miembro del partido de gobierno, cuestión prohibida por la Constitución.
Cuando los analistas políticos han visto la crisis en el sistema de justicia, se han concentrado en el Poder Judicial. Es hora que comencemos a ver más hacia el Ministerio Público, una institución en la que los juegos de poder, la politización y la poca pericia jurídica parecen haberse mezclado en un cóctel a favor de la impunidad y en contra de la justicia en el Perú.