SEGURIDAD CIUDADANA

Ricardo Franco

 SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS PLANES DE GOBIERNO DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
INTRODUCCION
La seguridad ciudadana forma parte de lo que es la SEGURIDAD PÚBLICA, porque la seguridad pública constituye por ende, el sustento primordial del bienestar general, por el respeto a la vida, a la propiedad, al honor y a la libertad entre las personas que conviven en una determinada demarcación
territorial y que da lugar al desarrollo y progreso de sus individuos y del país en general y que esto abarca no solo en el ámbito de la ciudad, sino también en el ámbito rural donde se encuentran los campesinos, nativos, colonos y demás olvidados por el Estado, la cual no solo se requiere de decisiones administrativas, sino fundamentalmente de decisiones políticas.

El Perú soporta en los momentos actuales un clima de inseguridad y el flagelo de una violencia criminal inusitada y sin precedentes en su historia, tanto en el ámbito de la ciudad como en lo rural,

El Delincuente el ámbito de la ciudad, nos dedicaremos al delincuente que necesita de la calle para poder cometer su delito y que es este el que actualmente está originando grandes problemas de inseguridad, causando graves problemas a la sociedad y es el merodea y circula por las calles solo o en complicidad para poder introducirse a una casa o inmueble y robar sus objetos, así como robar vehículos o sus accesorios de vehículos o arrebatar a los transeúntes sus carteras, relojes, celulares o asaltar a mano armada a bancos, centros comerciales, casas de cambio o los llamados marcas que asaltan a cambistas y a las personas a la salida de bancos o secuestradores o pandillas que asaltan a los parroquianos y que en muchas veces traen consecuencias colaterales en muerte y lesiones graves de las personas inclusive de policías, así como prostitución, venta de drogas al menudeo, escándalos en las calles por el consumo del alcohol, drogas y etc., alterando la tranquilidad pública y la paz social.

El Delincuente en el ámbito rural, es el delincuente contrabandista que utiliza las fronteras para cometer su delito, así como los grandes traficantes de drogas, así como realizar acciones de subversión y guerrillas por la ausencia del Estado, por otro lado el homicidio no denunciado, la violación sexual de mayores y menores no denunciado, robo de ganado, cosechas, esclavitud y/o explotación de menores en centros mineros, atentados contra la ecología, asalto y robo en carreteras, caminos, terminales terrestres y etc.

La crítica especializada describe el fenómeno como un producto de los cambios psicosociales, la contracultura, los antivalores y hasta la pobreza. Sin embargo creemos que el verdadero generador y sostén de la seguridad pública lo constituye el cabal funcionamiento de los organismos legalmente designados para tal fin, esto es la Policía.

La prevención y represión del delito, así como la preservación del orden público debe reposar en manos de una policía profesional, eficaz y capacitada. Una institución de sólida moral y muy disciplinada, que sea amada, admirada y respetada por propios y extraños. Para ello es necesario dotarla de los instrumentos jurídicos indispensables que respalden su accionar, fortaleciendo su capacidad de actuación, rediseñando sus mecanismos funcionales así como su régimen disciplinario y elevando igualmente sus niveles salariales y de bienestar, que permitan recobrar su señera figura y el símbolo de autoridad tan desmejorado hoy en día.

La experiencia ha demostrado que la suma desmedida de faltas y contravenciones impunibles, propulsan al incremento de los delitos mayores y en tal sentido proponemos la conversión de las Faltas de orden penal en Delitos Menores; de tal modo que la ratería o la ofensa pública que hasta hoy no tenían sanción eficaz, pueda en adelante ameritar una medida más coercitiva. A esto sumaremos la implantación de una Ley de Prevención de la Criminalidad, afín de que las autoridades competentes puedan ejercer control e intervención de la vagancia perniciosa, el pandillaje, el consumo público de alcohol y estupefacientes o las gavillas dedicadas al hurto menor o a perturbar la tranquilidad ciudadana.

Proponemos recuperar el principio de autoridad de nuestra Policía en base a re institucionalizar su ordenamiento y doctrina, pero también con la dación de normas taxativas que castiguen con severidad a quienes ataquen, agredan u ofendan la integridad física y moral de los policías en el cumplimiento de su deber, retomando a su vez, sobre la base de un incremento remunerativo y de mejor calidad de vida, la dedicación exclusiva al servicio del Estado y la sociedad, para desterrar de una vez por todas la ilegal y vergonzosa práctica de los servicios particulares de policías investidos con el uniforme de la patria y el arma de la nación.

En el ámbito rural de nuestro país, propugnamos la creación de una Policía Rural al servicio de esos miles de peruanos que hacen patria en los lugares más recónditos de nuestro Ande o Amazonía y que, respetando las organizaciones ancestrales y la identidad popular de los pueblos, signifiquen la presencia y el apoyo del Estado donde hasta hoy no se ha repuesto los antiguos puestos policiales desactivados durante el lapso de la violencia terrorista.

Mediante dispositivos específicos afinaremos una mejor consonancia entre las labores jurisdiccionales y aquellas propias de la PNP a fin de eliminar toda eventualidad de que, tras el esfuerzo policial y la actuación fiscal por ejemplo, sea el delincuente el que en muchos casos salga airoso del trance bajo artimañas o coyunturas propias del predominio funcional de unos o la poca profesionalidad de otros, como percibimos en el día a día de esta nuestra sociedad efervescente y con ansia de justicia.