Por: Jaime Antezana Rivera
Desde hace más de tres años, es decir desde que me enteré de su nombramiento como asesor presidencial, tenía interés de escribir sobre el abogado penalista Eduardo Roy Gates. No lo hice. Lo tenía reservado para cuando Ollanta Humala acabe su gestión. Sin embargo, su designación como
asesor jurídico del mismísimo Ollanta Humala, fue comidilla y levantó serias sospechas entre algunos investigadores de la problemática del narcotráfico en el Perú.
Así, enhorabuena que haya salido a luz pública e, incluso, haya dado
entrevistas a diversos medios de comunicación. Su visibilización, y los
subsecuentes comentarios que han generado sus entrevistas nos
proporcionan la oportunidad de señalar –en apretada síntesis- lo que se
comentaba y sospechaba sobre su designación oficial -nada menos- como
asesor presidencial. De su ascenso en la cúspide del poder político
nacional. Y, también, de su duración en palacio.
¿Que se comentaba? Que Eduardo Roy Gates había sido abogado defensor de Manuel Sánchez Paredes y sus hijos, Simón y Miguel, procesados por lavado de activos, así como César Cataño. ¿El haber defendido casos emblemáticos de investigación por lavado de activos procedentes del tráfico ilícito de droga, hacía de su designación como asesor presidencial por lo menos sospechosa? Por supuesto. Fácilmente se podía creer que teniendo un asesor que defendió a presuntos narcotraficantes, el gobierno no lucharía contra ellos.
Esta sospecha fue muy comentada y se generalizada entre los investigadores del tema. Inicialmente, no se entendía porque Ollanta Humala, quien –en la campaña electoral- había ofrecido luchar "frontalmente" contra el tráfico de drogas, tenía un asesor jurídico que había defendido a presuntos narcotraficantes. O, también, que había defendido a Rómulo León Alegría, acusado por presunto tráfico de influencias, luego de que se revelaron los ‘Petroaudios’.
Una mirada retrospectiva de los hechos nos dio la respuesta: Eduardo Roy había sido nombrado asesor jurídico presidencial porque, desde el 2006, había sido abogado de Ollanta Humala por el Caso Madre Mía, que fue el único que se judicializó y, además, lo defendió en otras 12 acusaciones en la fiscalía. Pero esa no es la razón de fondo. El "leitmotiv" fue que logro que se archivara su caso. Se dice que, por eso, lo nombro. Fue, algo así, como un premio.
¿Solo por esa razón Ollanta Humala lo nombro su asesor personal? De lo aludido, eso es lo que se puede colegir. Pero, es muy raro que el presidente no haya tomado en cuenta que el señor Eduardo Roy Gates fue abogado de clanes y personajes que continúan siendo procesados por lavado de activos en el Poder Judicial. ¿No son imponderables esos antecedentes? Los hechos demuestran que, para Ollanta Humala, no. Eso en Colombia hubiera provocado un escándalo. También en México.
Empero, para encontrar una respuesta distinta habría que evaluar la "estrategia" que tuvo su gobierno para la lucha contra el narcotráfico. ¿Hubo, realmente, estrategia integral? ¿Está dando resultados? ¿Cuantos “barones” de la cocaína han caído? ¿Se está controlando, no destruyendo pistas de aterrizaje, los narco vuelos? ¿Se ha hecho, más allá de dar una lista de candidatos vinculados al narcotráfico, algo evitar que ganen narcopresidentes regionales, narcoalcaldes distritales y provinciales?
La respuesta de estas preguntas, nos dará la ruta. Llegará el momento de transitarla.
¿Que se comentaba? Que Eduardo Roy Gates había sido abogado defensor de Manuel Sánchez Paredes y sus hijos, Simón y Miguel, procesados por lavado de activos, así como César Cataño. ¿El haber defendido casos emblemáticos de investigación por lavado de activos procedentes del tráfico ilícito de droga, hacía de su designación como asesor presidencial por lo menos sospechosa? Por supuesto. Fácilmente se podía creer que teniendo un asesor que defendió a presuntos narcotraficantes, el gobierno no lucharía contra ellos.
Esta sospecha fue muy comentada y se generalizada entre los investigadores del tema. Inicialmente, no se entendía porque Ollanta Humala, quien –en la campaña electoral- había ofrecido luchar "frontalmente" contra el tráfico de drogas, tenía un asesor jurídico que había defendido a presuntos narcotraficantes. O, también, que había defendido a Rómulo León Alegría, acusado por presunto tráfico de influencias, luego de que se revelaron los ‘Petroaudios’.
Una mirada retrospectiva de los hechos nos dio la respuesta: Eduardo Roy había sido nombrado asesor jurídico presidencial porque, desde el 2006, había sido abogado de Ollanta Humala por el Caso Madre Mía, que fue el único que se judicializó y, además, lo defendió en otras 12 acusaciones en la fiscalía. Pero esa no es la razón de fondo. El "leitmotiv" fue que logro que se archivara su caso. Se dice que, por eso, lo nombro. Fue, algo así, como un premio.
¿Solo por esa razón Ollanta Humala lo nombro su asesor personal? De lo aludido, eso es lo que se puede colegir. Pero, es muy raro que el presidente no haya tomado en cuenta que el señor Eduardo Roy Gates fue abogado de clanes y personajes que continúan siendo procesados por lavado de activos en el Poder Judicial. ¿No son imponderables esos antecedentes? Los hechos demuestran que, para Ollanta Humala, no. Eso en Colombia hubiera provocado un escándalo. También en México.
Empero, para encontrar una respuesta distinta habría que evaluar la "estrategia" que tuvo su gobierno para la lucha contra el narcotráfico. ¿Hubo, realmente, estrategia integral? ¿Está dando resultados? ¿Cuantos “barones” de la cocaína han caído? ¿Se está controlando, no destruyendo pistas de aterrizaje, los narco vuelos? ¿Se ha hecho, más allá de dar una lista de candidatos vinculados al narcotráfico, algo evitar que ganen narcopresidentes regionales, narcoalcaldes distritales y provinciales?
La respuesta de estas preguntas, nos dará la ruta. Llegará el momento de transitarla.
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