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“Criminalización” del policía
Cuando 200 policías intentaron restablecer el tránsito entre Mollendo y Matarani, zona en donde se desarrolla el grave conflicto por la implementación del proyecto de Tía María, cuatro policías fueron cercados por la turba mientras algunos pedían que se mate a los efectivos. Los desadaptados arrojaron a los policías a una hondonada y quisieron enterrarlos. Dos efectivos
sufrieron serias contusiones en el cráneo y uno de ellos quedó con la masa encefálica expuesta. Gracias a Dios no hubo cuatro víctimas fatales más que se sumen a los dos pobladores que perdieron la vida en la mencionada crisis socio ambiental.
El ataque mortal a policías comienza a ser parte de la tradición del radicalismo antiminero: 12 policías degollados en la estación Imazita de PetroPerú y otros 11 más en la Curva del Diablo, durante el Baguazo, el mayor Bazán desaparecido tras haber sido secuestrado, como se ve en un vídeo; dos policías asesinados por francotiradores en el desalojo de invasores del bosque de Pomac, Lambayeque, y 60 policías secuestrados en el puente Montalvo. Y aún así se habla de “criminalización de la protesta”.
Ahora bien, la violencia en Islay se desató luego de que fracasara otro intento de diálogo. Esta vez la Defensoría del Pueblo convocó al encuentro, pero luego de tres horas de conversación los alcaldes y dirigentes que se oponen a Tía María se retiraron sin explicaciones dejando a los ministros y a la gobernadora regional desairados. ¿Cómo entender semejante agresividad de la dirigencia de la zona? En este Portal hemos sostenido que los conflictos socio ambientales tienen su origen en el abandono general del Estado de las zonas donde se desarrollan proyectos mineros. Las autoridades cobran impuestos pero no entregan servicios a la población mientras surgen zonas de prosperidad adyacentes a la mina. Sobre esa realidad, actúan los grupos radicales antimineros para demonizar a la empresa privada y crear falsos problemas ambientales.
En Tía María como en Conga todas las exigencias ambientales fueron absueltas. En Islay la empresa ha aceptado usar agua de mar, pero el radicalismo antiminero desarrolla argumentos mágicos como, por ejemplo, el polvo que se levantaría de los dos tajos abiertos del emprendimiento y llegaría hasta el valle. La magia reside en lo siguiente: los dos tajos están en el extremo norte del valle y luego está el desierto. Los vientos en el valle avanzan de sur a norte. Saque usted sus conclusiones. ¿A dónde se iría el polvo de los tajos?
¿Qué entonces persigue el radicalismo antiminero? Paralizar las inversiones en recursos naturales para profundizar la desaceleración y cambiar la economía abierta por el estatismo. De allí que el debate socio ambiental sea un simple pretexto. Lo fue en Conga y lo es en Tía María. De allí que el diálogo y la persuasión sean los peores enemigos de los extremistas. Allí es donde fallan los demócratas y el estado. La radicalización de la violencia y el ataque directo a las fuerzas policiales es parte de un libreto bolivariano. Aunque parezca truculento, las embestidas contra la fuerza policial solo buscan que el estado se convierta en el agresor. Pero como lo hemos señalado líneas arriba, los policías peruanos están absolutamente desprotegidos no obstante que portan armas. En cualquier parte del mundo, ¿qué hace un hombre armado cuando su vida está en peligro? El radicalismo en el Perú ha logrado que el policía peruano se inmole. Caso único en el planeta. En base a esas consideraciones el radicalismo anti minero ataca en busca de resultados fatales. Pero antes ha logrado que los jueces y fiscales se inhiban de aplicar la ley, de detener a quienes violan la Constitución y la ley. El resultado: el radicalismo avanza hasta provocar y atacar a las fuerzas del orden. Si hay resultados adversos para la acción policial, se termina criminalizando la acción policial. Así están las cosas en el Perú.
Por: Victor Andrés Ponce
Cuando 200 policías intentaron restablecer el tránsito entre Mollendo y Matarani, zona en donde se desarrolla el grave conflicto por la implementación del proyecto de Tía María, cuatro policías fueron cercados por la turba mientras algunos pedían que se mate a los efectivos. Los desadaptados arrojaron a los policías a una hondonada y quisieron enterrarlos. Dos efectivos
sufrieron serias contusiones en el cráneo y uno de ellos quedó con la masa encefálica expuesta. Gracias a Dios no hubo cuatro víctimas fatales más que se sumen a los dos pobladores que perdieron la vida en la mencionada crisis socio ambiental.
El ataque mortal a policías comienza a ser parte de la tradición del radicalismo antiminero: 12 policías degollados en la estación Imazita de PetroPerú y otros 11 más en la Curva del Diablo, durante el Baguazo, el mayor Bazán desaparecido tras haber sido secuestrado, como se ve en un vídeo; dos policías asesinados por francotiradores en el desalojo de invasores del bosque de Pomac, Lambayeque, y 60 policías secuestrados en el puente Montalvo. Y aún así se habla de “criminalización de la protesta”.
Ahora bien, la violencia en Islay se desató luego de que fracasara otro intento de diálogo. Esta vez la Defensoría del Pueblo convocó al encuentro, pero luego de tres horas de conversación los alcaldes y dirigentes que se oponen a Tía María se retiraron sin explicaciones dejando a los ministros y a la gobernadora regional desairados. ¿Cómo entender semejante agresividad de la dirigencia de la zona? En este Portal hemos sostenido que los conflictos socio ambientales tienen su origen en el abandono general del Estado de las zonas donde se desarrollan proyectos mineros. Las autoridades cobran impuestos pero no entregan servicios a la población mientras surgen zonas de prosperidad adyacentes a la mina. Sobre esa realidad, actúan los grupos radicales antimineros para demonizar a la empresa privada y crear falsos problemas ambientales.
En Tía María como en Conga todas las exigencias ambientales fueron absueltas. En Islay la empresa ha aceptado usar agua de mar, pero el radicalismo antiminero desarrolla argumentos mágicos como, por ejemplo, el polvo que se levantaría de los dos tajos abiertos del emprendimiento y llegaría hasta el valle. La magia reside en lo siguiente: los dos tajos están en el extremo norte del valle y luego está el desierto. Los vientos en el valle avanzan de sur a norte. Saque usted sus conclusiones. ¿A dónde se iría el polvo de los tajos?
¿Qué entonces persigue el radicalismo antiminero? Paralizar las inversiones en recursos naturales para profundizar la desaceleración y cambiar la economía abierta por el estatismo. De allí que el debate socio ambiental sea un simple pretexto. Lo fue en Conga y lo es en Tía María. De allí que el diálogo y la persuasión sean los peores enemigos de los extremistas. Allí es donde fallan los demócratas y el estado. La radicalización de la violencia y el ataque directo a las fuerzas policiales es parte de un libreto bolivariano. Aunque parezca truculento, las embestidas contra la fuerza policial solo buscan que el estado se convierta en el agresor. Pero como lo hemos señalado líneas arriba, los policías peruanos están absolutamente desprotegidos no obstante que portan armas. En cualquier parte del mundo, ¿qué hace un hombre armado cuando su vida está en peligro? El radicalismo en el Perú ha logrado que el policía peruano se inmole. Caso único en el planeta. En base a esas consideraciones el radicalismo anti minero ataca en busca de resultados fatales. Pero antes ha logrado que los jueces y fiscales se inhiban de aplicar la ley, de detener a quienes violan la Constitución y la ley. El resultado: el radicalismo avanza hasta provocar y atacar a las fuerzas del orden. Si hay resultados adversos para la acción policial, se termina criminalizando la acción policial. Así están las cosas en el Perú.
Por: Victor Andrés Ponce
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