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10 jun. 2015

CESAR VIGNOLO A TITULO PERSONAL


Cesar Vignolo
 A título personal:
MIENTRAS NO EXISTA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA ESTAMOS PERDIDOS
Desde que asumió la Presidencia de la República han desfilado secretarios -perdón ministros del Interior- como Oscar Valdés Dancuart, Daniel Lozada Casapia, Wilver Alberto Calle Girón, Wilfredo Pedraza Sierra, Walter Albán Peralta, Daniel Urresti Elera y el actual José Luis Pérez Guadalupe.
Es decir en casi cuatro años de Gobierno (48 meses), estuvieron en el local de Córpac, siete
ministros, ha razón de un lapso de siete meses, cada cual actuó de acuerdo a su criterio, jamás hubo o existió una política real, efectiva y dable de Seguridad Ciudadana.
Ahora en un Gobierno de salida han planteado que el Congreso les de facultades para legislar en materia de Seguridad Ciudadana por 120 días.
Según el proyecto presentado al Congreso, el Gobierno busca:
1.- Fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y el tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.
2.- Fortalecer la supervisión, gestión y control migratorio, así como el control del tránsito y del transporte, y de los servicios aduaneros, puertos y aeropuertos.
3.- Fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de video vigilancia y radiocomunicación.
4.- Potenciar la capacidad operativa y organización, así como el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional.
5.- Mejorar el marco regulatorio de la delincuencia juvenil y promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control.
6.- Optimizar el sistema nacional de los registros públicos, para garantizar la seguridad jurídica y prevenir fraudes.
7.- Fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, en especial para buscar asegurar el pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado.
Lo que no hicieron en 48 meses lo harán en 120 días.
Simplemente es una burla más de la incapacidad de este Gobierno.

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