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15 jun. 2015

PROPUESTA DE PROYECTO DE GOBERNABILIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL ANTICORRUPCION


DR. YURI IVAN ZUÑIGA CASTRO.
El Perú ha ingresado a una nueva etapa de su historia republicana, en la cual se viene consolidando la institucionalidad democrática y donde los esfuerzos gubernamentales están orientados a combatir no solo la pobreza sino también la corrupción, el crimen organizado (inseguridad ciudadana), el narcotráfico, el terrorismo y la impunidad, males que corroen las entrañas de nuestra sociedad. El país tiene alto niveles de corrupción ante la impunidad que debilita la
confianza en la institucionalidad democrática y de la gobernabilidad.
Ante esta situación, se dieron los siguientes esfuerzos legislativos para atender el problema de la corrupción en nuestro país:
1.- Resolución Suprema Nª 160-2001-JUS del 11 de abril del 2001 que crea el Programa Nacional Anticorrupción. (INA Dr. Paniagua Corazao, Valentín)
2.- Resolución Suprema Nª 500-2001-PCM, del 12 de octubre de 2001 que designa al Dr. Martin Belaunde Moreyra (“Zar Anticorrupción”) Consejero de Alto Nivel del Presidente de la República para la Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Publica dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
3.- Decreto Supremo Nª 120-2001-PCM del 17 de noviembre de 2001, se crea la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Publica dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
4.- Decreto Supremo Nª 047-2003-PCM que modifica el dispositivo legal precedente el cual le da mayor énfasis a la promoción de la ética, los valores y la transparencia, no solo en el ámbito dela gestión publica, sino en toda la sociedad. (30 de abril 2003)
5.- Decreto Supremo Nª 035-2005-PCN del 07 de mayo de 2005 que dota de nuevas facultades a la citada Comisión teniendo en cuenta lo dispuesto en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
6.- Iniciativa legislativa de Contraloría para que tengan prisión efectiva los sancionados por Corrupción.
7.- Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (12 ONG., Instituciones a integran como Red de análisis, seguimiento y propuesta, para generar un efectivo Sistema Nacional de Lucha Contra la Corrupción (www.corrupcionenlamira.org) CERIAJUS, INA
8.- Comisión de Alto Nivel ANTICORRUPCION (15 instituciones proponen políticas e iniciativas legislativas para la prevención y lucha contra la corrupción)
Actualmente, la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Publica, tiene múltiples funciones que lamentablemente no han tenido una repercusión importante en la formulación de políticas de Estado para combatir la corrupción, que es lo prioritario para esta Comisión funcione y tampoco han emitido, normas que justifiquen sustancialmente la importancia de su rol en la sociedad peruana, en la practica solo activan el Grupo de Trabajo contra la corrupción y la Comisión de Alto Nivel ANTICORRUPCION.
En tal sentido, y teniendo en cuenta la experiencia de otros países de la Comunidad Andina como Ecuador, Colombia y Bolivia, es necesario que nuestro país no cuente con una Comisión integrada por representantes de Ministerios y de la sociedad civil ad honorem, ya que se vería condicionado a las decisiones del gobierno de turno, lo cual distorsiona las funciones que tiene esta Comisión, sino con un ente totalmente autónomo y con un marco legal solido que le de legitimidad a sus actuaciones.
La propuesta es derogar la mencionada Comisión y crear una Superintendencia Nacional Anticorrupción, como organismo constitucionalmente autónomo, el cual tendrá competencia en el ámbito nacional y estará focalizado en los temas centrales para afrontar este flagelo:
• El diseño de la política de Estado en materia de lucha contra la corrupción.
• La prevención, a través de los órganos de control y el trabajo de la sociedad civil.
• La represión, a través del aparato judicial.
• La coordinación sistemática entre los sectores involucrados para mantener una comunicación fluida. (CNM, OCMA, PJ, Fiscalía de la Nación, PCM, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Municipalidad Metropolitana, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Confiep, CGTP, Proética, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Grupo de Trabajo contra la Corrupción, Grupo Anticorrupción)
• El fortalecimiento de la cooperación internacional sobre esta materia alentando el intercambio de experiencias y conocimientos.
PROYECTO DE GOBERNABILIDAD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ANTICORRUPCION
INDICE
• Resumen Ejecutivo
• Presentación
• Introducción
• Desarrollo de la propuesta de acción
• Conclusiones y recomendaciones
• Bibliografía y normas revisadas
• Anexos
PRESENTACION
El equipo de trabajo ha elaborado el presente proyecto dentro del desarrollo del PROYECTO DE GOBERNABILIDAD, impulsado por el Grupo Anticorrupción CAL, Grupo Anticorrupción (de profesionales)
Este proyecto contiene la propuesta de derogar la actual Comisión de Alto Nivel ANTICORRUPCION, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros y crear la “Superintendencia Nacional Anticorrupción” como organismo autónomo y de competencia a nivel nacional.
La labor de las entidades donde el equipo de trabajo se desempeña profesionalmente es una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción a todo nivel, de ahí el interés de presentar el proyecto en mención, que de ejecutarse, contribuirá a la confianza y credibilidad del sistema democrático y a la gobernabilidad, frente a una impunidad que genera desconfianza.
En tal sentido, el presente proyecto constituye la base estructural de generación de políticas orientadas a la lucha contra la corrupción en el Perú, ya que la “Superintendencia Nacional Anticorrupción se presenta de manera institucionalizada e independiente, para que así el país cuente con una Autoridad Central encargada de la gestión y la emisión de disposiciones legales sobre corrupción que se adopten entre otros, en los Convenios Internacionales.”
RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto tiene como objetivo general contribuir en la estabilización económica y social del país reduciendo drásticamente los niveles de corrupción permitiendo su desarrollo sostenible, mediante la creación de un organismo constitucionalmente autónomo denominado Superintendencia Nacional Anticorrupción, la que vendría a reemplazar la ya existente Comisión de Alto Nivel ANTICORRUPCION, esto debido a que, según sus normas de creación, no posee la facultad para ser un órgano que formule las políticas de Estado para combatir la corrupción y no tiene participación activa en la prevención e investigación de actos de corrupción.
Resulta importante para el Perú contar con esta Superintendencia, la misma que estaría conformada por los representantes especialistas de la sociedad civil, toda vez que este tema de la corrupción se ha agravado en los últimos años en este país. Tal es así que según los datos estadísticos elaborados por agencias internacionales, En el Perú se presentan altos niveles de corrupción, lo que afecta la gobernabilidad democrática y por ende, no se lo considera como mercado potencial para la inversión extranjera.
En tal sentido, la Superintendencia Nacional Anticorrupción tendrá como principales objetivos:
• Concientización de la población peruana en cuanto a una alta cultura de valores éticos y anticorrupción, entidad capacitadora en cursos de Ética y Anticorrupción de todas las instituciones del Estado, de manera obligatoria.
• Participación activa de la sociedad civil en los procesos de fiscalización.
• Reforma de los poderes del Estado en cuanto a actos de corrupción.
• Que los candidatos, integrantes de los partidos políticos sean libres de antecedentes sobre actos de corrupción.
• Política de Meritocracia: ocupación de las plazas del estado exclusivamente por los ganadores de los concursos públicos.
• Contar con servidores públicos altamente calificados
• Enseñanza del curso de Ética y deontología en el primer año de estudios universitarios.
• Sanción de inhabilitación para candidatos que muestren enriquecimiento ilícito de bienes.
Para el logro de dichos objetivos, el presente proyecto cuenta con un plan de acción enfocado a las metas previstas, el cual se concentra principalmente en la realización de las siguientes actividades:
1. Educación de la sociedad civil mediante campañas de concientización en todos los niveles educativos, incluyendo a los servidores y funcionarios públicos. Esto permitirá el fortalecimiento de los valores éticos y anticorrupción.
2. Convocatoria concurso de meritos a toda la sociedad civil para conformar la Superintendencia, seleccionándose a aquellos especialistas que cumplan con los requisitos de profesionalidad y honestidad. Con capacitación y evaluación periódica de los funcionarios y servidores públicos existentes, el aumento del nivel académico de los aspirantes a cargos públicos con curriculums altamente calificado.
3. Plantear una propuesta legislativa para una reforma del Poder Judicial, haciendo lobbying en el Congreso de la República y estableciendo alianzas estratégicas con todos los sectores del Estado, con la finalidad de que los poderes del Estado adopten en sus normas y sus leyes las políticas de lucha contra la corrupción emanadas por la Superintendencia Nacional Anticorrupción.
4. A fin que la Ley de Partidos Políticos cuente con disposiciones de lucha contra la corrupción basadas, entre otras, en las políticas emitidas por la Superintendencia, se realizara un diagnostico e identificación de los vacios de ley que puedan dar lugar a la presentación de candidatos corruptos o con antecedentes penales y que den lugar a actos de corrupción dentro de los partidos políticos, un filtro que impida cualquier candidato impresentable.
5. Desarticulación de los grupos de poder, para la institucionalización de los cargos públicos mediante la meritocracia, la promoción e implementación de los procesos que se requieren para el efecto; la creación de alianzas estratégicas con los medios de comunicación masiva nacional e internacional; difusión y denuncia de actos de corrupción cometidos por los grupos de poder; y, finalmente, el monitoreo de los casos materia de denuncia.
El presente proyecto busca crear la concientización en la ciudadanía, para que sienta la necesidad de contar con un ente regulador de este calibre, porque solo así podría institucionalizarse el poder de la sociedad civil para fiscalizar las distintas gestiones del aparato estatal, aplicando en la practica todos los conceptos de gobernabilidad y democracia.
Se pretende que la creación normativa de la Superintendencia sea a corto plazo y sea la fase preliminar de su operatividad. Constituye el primer paso, ya que en base a ella pueden desarrollarse todos los proyectos necesarios para la ejecución de los objetivos previstos a mediano y largo plazo.
Para su creación se prevén fondos provenientes de la sociedad civil y de la cooperación nacional e internacional, del DED y GTZ de la Cooperación Alemana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) , de la Agencia de los Estados Unidos de Ayuda para el Desarrollo (USAID), de diversas organizaciones de derechos humanos y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE ACCION
ANTECEDENTES
El problema de la corrupción merece la atención en todos los países del mundo, para su solución la comunidad internacional desde el año 1994 tomaron medidas como la Primera Cumbre de las Américas, los presidentes del continente aprobaron un Plan Acción en donde se instaba a los países a diseñar mejores instrumentos y acciones que permitieran enfrentar con éxito el flagelo de la corrupción.
Como resultados de estos esfuerzos suscribieron la Convención Interamericana contra la Corrupción, la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Su implementación en el Perú es gradual.
Los esfuerzos continuaron con la creación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para mejorar la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia. Su implementación en el Perú es gradual.
En nuestro país, la corrupción alcanzo niveles altos en el gobierno del Ing. Alberto Fujimori F. con su extradición, investigación, procesos penales, sentencias condenatorias, surgiendo la necesidad de crear fiscalías, juzgados y procuradurías anticorrupción para reprimir la corrupción. Durante los dos gobiernos de Alan García P. se registraron más de 20 mil casos de Corrupción, denunciados por Contraloría General de la República, investigados por la Megacomisión del Congreso de la República. Entre los casos de corrupción más emblemáticos tenemos los Narcoindultos, entre otros. Durante el Gobierno de Alejandro Toledo es notorio el caso de la empresa Ecoteva, en el Gobierno Municipal del Alcalde Lima: Luis Castañeda, el caso Comunicore trascendió en los medios informativos.
Bajo esa línea de acción el gobierno de transición de Valentín Paniagua, aprobó mediante Resolución Suprema Nª 160-20001-JUS del 11 de abril de 2001, el Programa Nacional Anticorrupción, cuya finalidad era analizar las características de la corrupción en el Perú e identificar aquellos aspectos sustantivos que deben ser incluidos en una política nacional que combata esta enfermedad social.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nª 120-2001-PCM del 17 de noviembre de 2001 y publicado el 18 de noviembre de ese mismo año (modificado mediante Decreto Supremo Nª 047-2003-PCM y Decreto Supremo Nª 035-2005-PCM), SE CREO LA “Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Publica y en la Sociedad, hoy llamada Comisión de Alto Nivel ANTICORRUPCION –en adelante CAN, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Los Gobiernos municipales y Gobiernos Regionales que mas casos de corrupción con 10 diez muertos, transcendió el Caso Ancash-Álvarez, el caso Chiclayo-Torres, El caso de la Red Orellana, con paraísos fiscales en Panamá, con empresas “offshore”, donde tardaron mas de 6 años para reprimir penalmente en Ancash los organismos que ejercen el control y sanción de los actos de corrupción (Contraloría, Poder Judicial, CNM, TC, OCMA, etc. A todo esto se suman los Narco-candidatos, los Narco-congresistas, congresistas proxenetas, impunidad y blindaje a congresistas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como el caso Julio Gago, que enviaron al archivo, tras negociar con el Estado a través de la empresa fachada “Copy Depot” ante la escandalosa resolución del suspendido Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia.
Luego de un análisis realizado por los proyectistas a la gestión de la CAN, se llego a la conclusión de que no ha cumplido con objetivos definidos de lucha contra la corrupción, por cuanto la sociedad civil no ha visto reflejados los resultados de su accionar, lo que se traduce en un incremento de la desconfianza de la población con el sector publico y político, ante la impunidad, entre otros indicadores.
En tal sentido, y teniendo en cuenta la experiencia de otros países de la Comunidad Andina como Ecuador, Colombia y Bolivia, es necesario que nuestro país no cuente con una Comisión integrada por representantes de Ministerios y de la sociedad civil ad honorem, ya que se vería condicionado a las decisiones del gobierno de turno, lo cual distorsiona las funciones que tiene esta Comisión, sino con un ente totalmente autónomo, constituido por especialistas representantes de la sociedad civil y con un marco legal solido que le otorgue legitimidad a sus actuaciones.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
De acuerdo al panorama anteriormente presentado, se procedió a desarrollo del árbol de problemas, a través del cual se identifico el problema central cual es el alto índice de corrupción en el país, constituyéndose en la justificación de la realización del presente proyecto. Es en este sentido que se identificaron las siguientes causas:
• Ausencia de valores y ética de los funcionarios públicos y de la población en general.
• Concentración del poder paralelo de mafias en pequeños grupos, lo cual genera una atmosfera de respaldo y protección para los integrantes de los mismos, y que a su vez, causa la existencia de nepotismo en las altas esferas de la administración publica.
• Problema de carácter legal, por cuanto se advierte ineficacia e ineficiencia en la elaboración de leyes penales, toda vez que estas son desfasadas y con vacios, lo que permite que los actos de corrupción no puedan ser sancionados adecuadamente, es decir que la ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles (benignas) contribuyen directamente en la no aplicación de sanciones rígidas para los delitos contra la administración publica.
• Problemas de carácter económico, por cuanto los bajos salarios que normalmente se paga a los funcionarios y empleados públicos constituyen un aliciente importante a las prácticas corruptas.
• La existencia de estructuras y procesos administrativos arcaicos y anacrónicos conlleva a la ineficacia del aparato estatal en la lucha contra la corrupción, dificultando la relación entre el Estado y el ciudadano.
Lo anteriormente descrito origina, entre otros, los siguientes efectos:
• Manipulación de los medios de comunicación (ausencia de la prensa libre o monopolio de la información).
• Existencia de mecanismos alternativos informales e ilegales en la ciudadanía ante la ineficacia del accionar del Estado.
• Desaliento a la inversión extranjera y nacional.
• Estancamiento del desarrollo del País.
• Migración del campo a la ciudad y de estas al extranjero de un sector importante de la población económicamente activa y altamente calificada.
• Desconfianza en los gobiernos y en el sistema político.
• Ingobernabilidad.
De acuerdo a las causas anteriormente presentadas, el presente proyecto plantea como una propuesta de solución la creación de una Superintendencia Nacional Anticorrupción, como un organismo constitucionalmente autónomo y con competencia nacional.
Para lograr ello, desde el punto de vista legal, se debe de realizar siguientes acciones:
Derogar el Decreto Supremo Nª 120-2001-PCM, modificatorias y normas vinculadas, que crearon la “Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Publica” hoy llamada “Comisión de Alto Nivel ANTICORRUPCION” CAN dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Modificar la Constitución Política creando la “Superintendencia Nacional Anticorrupción”, otorgándole rango constitucional, con autonomía e independencia económica, política y administrativa, cuyas funciones deben abarcar tanto la responsabilidad del sector publico (política estatal), del sector privado, así como de la sociedad civil (participación ciudadana). Asimismo, en la carta constitucional debe señalarse que el titular de la Superintendencia Nacional Anticorrupción, deba poseer una trayectoria limpia, una alta moral debidamente comprobada y que sobre todo no tenga vínculos con el gobierno de turno, para así salvaguardar la independencia del actuar de la misma.
Dación de su Ley Orgánica y su reglamento, donde se definen sus atribuciones, funciones, competencia, estructura orgánica, entre otros.
Siendo que una de las prioridades del estado peruano en su gran transformación en la denominada “Hoja de ruta” es la lucha frontal contra la corrupción, el presente proyecto tiene como objetivo general contribuir en la estabilización económica y social del país reduciendo drásticamente los niveles de corrupción permitiendo su desarrollo sostenible.
PARTICIPANTES DEL PROYECTO
La sociedad civil: por la naturaleza del proyecto, la sociedad civil es a esencia de la Superintendencia Nacional Anticorrupción, por ende se convocara a los colegios profesionales, gremios, sindicatos, representantes de las comunidades nativas y amazónicas, la iglesia, las organizaciones de derechos humanos, la prensa, las cámaras de comercio, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, entre otros, para gestionar ante el Congreso de la República la creación de la Superintendencia Nacional Anticorrupción, contar con su apoyo efectivo a través de su participación activa como uno de los brazos ejecutores del proyecto, dado que son los beneficiarios directos del mismo.
El Congreso de la República: Se encargada de construir el nuevo marco normativo e institucional para la creación de la Superintendencia Nacional Anticorrupción.
PROYECTOS RELACIONADOS Y EXPERIENCIA ANTERIOR
El presente proyecto tiene su inspiración en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción de a República del Ecuador, la cual es reconocida como una persona jurídica de derecho publico y tiene rango constitucional (artículos 220 y 221 de la Constitución Política de la República del Ecuador). Esta comisión se creo como resultado y consecuencia de los actos de corrupción cometidos en el gobierno de Abdala Bucaram Ortiz y su secuela de ex presidentes: el antes Sixto Duran Ballén, y el después Fabián Alarcón, Jamil Mahuad.
La mencionada Comisión posee autonomía e independencia económica, política y administrativa, que en función de la ciudanía promoverá la eliminación de la corrupción ; receptara denuncias sobre hechos presuntamente ilícitos cometidos en las instituciones del Estado, para investigarlos y solicitar su juzgamiento y sanción.
La comisión esta integrada por siete miembros, representantes de los Colegios Profesionales, asociaciones sindicales (CGTP-Perú) organizaciones sociales, etc. Los campos de acción de esta Comisión comprenden:
La investigación de las denuncias de los presuntos actos de corrupción.
La prevención, a través de una formación ciudadana desde los niveles de educación inicial, la vigilancia de la gestión publica a través de la denominada “Contraloría Social”, la formación de redes cívicas, etc.
El combate a la corrupción como política de Estado
Alianza Regional de organismos anticorrupción.
Con la creación de esta Comisión, el pueblo ecuatoriano tiene institucionalizado su derecho de investigar las acciones que realiza el gobierno y denunciar libremente los actos de corrupción, sin temor de represalias posteriores por este hecho.
En el Perú, tenemos actualmente al CAN Comisión de Alto Nivel Anticorrupción –en adelante CAN, y a diferencia de la Comisión ecuatoriana, es dependiente del Poder Ejecutivo, en este caso de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Es por eso que la CAN, esta presidida por un representante del Presidente de la República quien es el Consejero Nacional de Alto Nivel del Presidente de la República contra la corrupción y la promoción de la ética y transparencia en la gestión publica y a su vez conformada por seis miembros que representan los otros sectores del Poder Ejecutivo y en un porcentaje minoritario los representantes de la sociedad civil, quienes ejercerán su labor ad-honorem y que a continuación se detallan:
El presidente del Consejo de Ministros o su representante;
El Ministro de Justicia o su representante;
Un representante de la Conferencia Episcopal Peruana;
Tres ciudadanos especialistas en anticorrupción designados por Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros; y
El Defensor de Pueblo o su representante, en calidad de observador.
Inicialmente la CAN o CNA tenía las siguientes funciones:
Proponer la política nacional de prevención y lucha contra la corrupción.
Prevenir, evaluar y denunciar ante el Ministerio Publico, aquellas conductas que comprendan actos de corrupción cometidos por personas naturales o jurídicas que involucren fondos públicos.
Elaborar el Plan Anual de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
Informar a las entidades correspondientes los indicios concretos sobre casos de corrupción de los funcionarios y servidores públicos o de particulares cuando involucren fondos públicos.
Sin embargo, estas funciones fueron eliminadas mediante los Decretos Supremos Nª 047-2003-PCM y 035-2005-PCM, que asignaron otras funciones a dicha Comisión, siendo entre otras las siguientes:
Elaborar propuestas de política sobre prevención y lucha contra la corrupción; y verificar su aplicación por las entidades del Gobierno Nacional, realizando el seguimiento del mismo.
Promover la ética y transparencia en la gestión publica.
Coordinar con los Organismos Constitucionales Autónomos y con las entidades del gobierno nacional, la información que pudieran proporcionar respecto de asuntos puestos en conocimiento de la Comisión por la ciudadanía sin menoscabo de sus competencias y facultades, además de la reserva de información de ser e caso.
Presentar propuestas legislativas o administrativas a través de la Presidencia del Consejo de Ministros que contribuyan a reducir o impedir la corrupción, informando al Poder Ejecutivo obre los vacios legales de los que tenga conocimiento, en materia de lucha contra la corrupción.
Promover la cooperación internacional en materia de prevención y lucha contra la corrupción.
Fomentar una cultura de valores en la sociedad, resaltando las conductas éticas de a ciudadanía y promover la transparencia en la sociedad.
Como se puede apreciar, la CNA o CAN fue creada para afrontar los actos de corrupción, pero su dependencia al Poder Ejecutivo no la hace una entidad imparcial en donde se vea reflejado al 100% la participación de la ciudadanía, como lo es en el caso ecuatoriano, lo cual es un indicador del porque esta Comisión no ha tenido incidencia en la formulación de políticas de lucha contra la corrupción.
OBJETIVOS Y FUNDAMENTO
3.1 PROBLEMÁTICA
Teniendo en cuenta que el problema de la corrupción se ha agravado en los últimos 24 años, siendo más evidente esta situación a nivel estatal (por lo que el presente proyecto versara sobre este estamento), nuestro país es considerado como altamente corrupto, lo cual afecta la gobernabilidad democrática y en consecuencia no somos potenciales mercados para la inversión extranjera.
Es por ello, que en el año 2001, se creo la Comisión, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministro, siendo uno de sus objetivos principales elaborar y verificar la aplicación de las políticas de Estado para prevenir y luchar contra la corrupción.
Lamentablemente esta comisión no ha podido cumplir con dichos objetivos, sumado a que es una entidad dependiente del Poder Ejecutivo, lo cual no la hace completamente imparcial y de alguna manera puede ser susceptible de ser manejada teniendo en cuenta los intereses del gobierno de turno.
En tal sentido, resulta conveniente que nuestro país cuente con la Superintendencia, creado constitucionalmente y con autonomía e independencia total.
3.2 OBJETIVO GENERAL
Contribuir en la estabilización económica y social del país reduciendo drásticamente los niveles de corrupción a nivel gubernamental, permitiendo su desarrollo sostenible.
3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Concientización de la población peruana en cuanto a una alta cultura de valores.
Participación activa de la sociedad civil en los procesos de fiscalización.
Reforma de los poderes del Estado en cuanto a actos de corrupción.
Los integrantes de los partidos políticos son personas que carecen de antecedentes de haber cometido actos de corrupción.
Ocupación de las plazas del Estado exclusivamente por los ganadores de los concursos publicas, en claro ejemplo de meritocracia.
3.4 RESULTADOS PREVISTOS
* El Perú es una sociedad de altos valores éticos, sien que el 50% de la población posee una cultura de valores, atendiendo al interés de la sociedad civil organizada y de la Iglesia de Dios para crear una cultura de valores.
* La sociedad civil participa directamente en el proceso fiscalizador, logrando incrementar en un 80% la participación civil, toda vez que esta muestra interés por involucrarse en el control y fiscalización de los actos que realiza el Gobierno sobre la materia.
* Existe continuidad en las reformas del aparato estatal en base a las políticas emanadas por la Superintendencia; es por ello que se ha obtenido la reforma del aparato estatal en un 40%, atendiendo a que con la entrada en vigencia de las reformas, existe la voluntad de los Poderes del Estado de adecuarse y dar continuidad a las políticas emanadas por la Superintendencia.
* La Ley de Partidos Políticos cuenta con disposiciones de lucha contra la corrupción basadas, entre otras, en las políticas emitidas por la Superintendencia, tal es así que anualmente hay un incremento del 30% de participantes en la cúpula de los partidos carecen de antecedentes de corrupción. Se cuenta con la voluntad del Congreso de reformular la ley de partidos políticos, recogiendo las políticas que sobre el particular emite la Superintendencia.
* Los grupos de poder han sido desarticulados y se permite al resto de la población el acceso a cargos públicos de poder. En tal sentido el 60% de las plazas del Estado están cubiertas por los ganadores de los concursos públicos, atendiendo a que la Ley Marco del Empleo Publico – Ley Nª 28175 establece en su articulo 5ª que el acceso a la administración publica se realiza mediante concurso publico, por grupo ocupacional, en base a los meritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.
* La administración publica peruana cuenta con un alto numero de funcionarios y servidores públicos altamente calificados, teniendo dichas características el 100% de los trabajadores estatales, toda vez que la Ley Marco del Empleo Publico – Ley Nª 28175 y sus normas reglamentarias señalan que solo ingresaran a la administración publica personal calificado, ya que es un deber y un derecho del empleado publico la capacitación.
3.5 ACTIVIDADES
Para que el Perú sea una sociedad e altos valore éticos, se realizara lo siguiente:
• Campañas de concientización desde el nivel de educación inicial hasta el superior y a la ciudadanía en general.
• Campañas de fortalecimiento de los valores éticos de los funcionarios y servidores públicos.
• Para que la sociedad civil participe directamente en el proceso fiscalizador, se realizaran las siguientes actividades;
1. Convocatoria y selección de los representantes de la sociedad civil para que participen en la Superintendencia.
2. Conformación y capacitación de grupos anticorrupción y comisiones de trabajo del personal de la Superintendencia.
Para obtener una continuidad en las reformas de los Poderes del Estado en base a las políticas emanadas por la Superintendencia, se realizaran las siguientes actividades:
Plantear una propuesta legislativa para una reforma del Poder judicial.
Realizar lobbying en el Congreso de la República.
Establecer alianzas estratégicas con todos los sectores del Estado.
A fin que la Ley de Partidos Políticos cuente con disposiciones de lucha contra la corrupción basadas, entre otras, en las políticas emitidas por la Superintendencia, se realizara lo siguiente:
• Diagnostico e identificación de los vacios de ley que puedan dar lugar a actos de corrupción dentro de los partido políticos.
• Incorporar disposiciones y reformas legales anticorrupción.
• Desarrollar un sistema de monitoreo, evaluación y control de aplicación de la ley.
• A fin de lograr que los grupos de poder sean desarticulados totalmente y se permita al resto de la población acceder a cargos públicos de poder, se realizaran las siguientes actividades:
• Promoción e implementación de los procesos de institucionalización de los cargos públicos
• Implementación de alianzas estratégicas con los medios de comunicación masiva nacional e internacional.
• Difusión y denuncia de actos de corrupción cometidos por los grupos de poder.
• Monitoreo de los casos materia de denuncia.
• Para que la administración publica cuente con un alto numero de funcionarios y servidores públicos altamente calificados, se realizara lo siguiente:
• Capacitaciones y evaluaciones periódicas de los funcionarios y servidores públicos existentes.
• Elevar el nivel de los requisitos académicos de los aspirantes a funcionarios públicos.
• Realizar un proceso de verificación de la documentación que respalda el curriculum vitae de los aspirantes.
• Solicitar la actualización anual de la documentación de las fojas de servicios de los funcionarios públicos.
COMPONENTES DEL PROYECTO
• La organización y planificación
• La sensibilización, capacitación y difusión.
• La presentación ante el Congreso del proyecto.
• El monitoreo y la evaluación del proyecto mismo.
BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del presente proyecto son la población peruana en general y la sociedad civil en particular.
Se institucionalizaría el derecho de todo ciudadano de conocer la gestión de las diferentes entidades del Estado, con la conclusión del proyecto.
La ciudadanía tendría una entidad que es elegida por ellos mismos y contribuirá a que las protestas por actos de corrupción que realicen tengan llegada a las altas esferas del Poder.
Se daría inicio a la reducción de los índices de corrupción en el Perú.
SOSTENIBILIDAD
TECNICA: Se contara con la participación activa de los proyectistas y de expertos quienes técnicamente van a poder implementar la formación de la Superintendencia y a su vez podrán afrontar los problemas técnicos que se puedan presentar en la ejecución del proyecto.
ECONOMICA Y FINANCIERA: Para lograr la ejecución del presente proyecto se contara con los fondos provenientes tanto de la misma sociedad civil a través de los participantes del proyecto, así como con el apoyo de la cooperación nacional en internacional, a saber, el DED y GTZ de la Cooperación Alemana, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Agencia de los Estados Unidos de Ayuda para el Desarrollo (USAID), las diversas organizaciones de derechos humanos y la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Desde el punto de vista legal, resulta necesario derogar el Decreto Supremo Nª 120-2001-PCM, modificatorias y normas vinculadas que crearon la Comisión de Lucha contra la Corrupción, hoy llamada Comisión de Alto nivel ANTICORRUPCION, a fin de modificar la Constitución Política creando la Superintendencia Nacional Anticorrupción con rango constitucional. Finalmente, con la dación de su Ley Orgánica y su reglamento, se definirán sus atribuciones, funciones, competencias, estructura orgánica, entre otros.
Desde el punto de vista técnico, este proyecto es viable por cuanto se tiene conocimiento del gran interés de la sociedad civil de involucrarse en el control y fiscalización de los actos que realiza el gobierno sobre corrupción. La sociedad peruana, saturada de los niveles tan altos de corrupción, se muestra dispuesta a participar en los cambios que necesarios para formar una cultura de valores y ética.
Si bien es cierto que el presente proyecto representa una contribución para lograr la estabilidad democrática del país, no se debe subestimar el hecho que la clase política corrompida, los grupos de poder y los directa e indirectamente afectados con la implementación de un proyecto de esta naturaleza, serán los principales obstáculos que se presenten para la ejecución del mismo; por lo tanto, es de vital importancia que se cuente con el compromiso de la sociedad civil con las proyectistas para hacer posible su viabilidad.
A fin de que esta Superintendencia tenga un papel preponderante en la lucha contra la corrupción, sus funciones deben abarcar tanto la responsabilidad del sector publico (Político Estatal) como la del sector privado y la sociedad civil (Participación Ciudadana).
Por otro lado, El Zar Anticorrupción que encabece esta Superintendencia, deberá ser especialista, diplomado en Anticorrupción y que no tenga vínculos con el gobierno de turno y libre de antecedentes de corrupción, para así salvaguardar la transparencia de sus actos.
En cuanto a plazos, el éxito de este proyecto se haría más factible si se implementaría a partir del año 2016, año en el que se elegirá al nuevo Presidente de la República. Quien debería insertarlo en el Plan de Gobierno de su gestión.
Siguiendo el ejemplo de la Coordinadora de Derechos Humanos, deberá implementarse la Coordinadora Nacional Anticorrupción (CNA), en la búsqueda se soluciones y alternativas ante la problemática de la corrupción y se genere toma de decisiones para una voluntad política de priorizar y poner en Agenda la Política Anticorrupción, para que la sociedad civil se encuentre debidamente organizada y calificada para presentar planteamientos de solución frente a la ineficacia del Estado en materia de lucha contra la corrupción. El combate a la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.
Son necesarios los aportes con alternativas de solución a los problemas de corrupción del sistema Judicial del Perú y de la estructura de los organismos del Estado, de todos los Poderes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial.
Aportar en la necesidad de adoptar cuanto antes de un instrumento nacional e internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción.
BIBLIOGRAFIA Y NORMAS REVISADAS
1.- Resolución Suprema Nª 160-2001-JUS del 11 de abril del 2001 que crea el Programa Nacional Anticorrupción. (INA Dr. Paniagua Corazao, Valentín)
2.- Resolución Suprema Nª 500-2001-PCM, del 12 de octubre de 2001 que designa al Dr. Martin Belaunde Moreyra (“Zar Anticorrupción”) Consejero de Alto Nivel del Presidente de la República para la Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Publica dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
3.- Decreto Supremo Nª 120-2001-PCM del 18 de noviembre de 2001, se crea la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Publica dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
4.- Decreto Supremo Nª 047-2003-PCM que modifica AL nª 120-2001-PCM el dispositivo legal precedente el cual le da mayor énfasis a la promoción de la ética, los valores y la transparencia, no solo en el ámbito dela gestión publica, sino en toda la sociedad. (30 de abril 2003)
5.- Decreto Supremo Nª 035-2005-PCN del 07 de mayo de 2005 que dota de nuevas facultades a la citada Comisión teniendo en cuenta lo dispuesto en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
6.- Iniciativa legislativa de Contraloría para que tengan prisión efectiva los sancionados por Corrupción.
7.- Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (12 ONG., Instituciones a integran como Red de análisis, seguimiento y propuesta, para generar un efectivo Sistema Nacional de Lucha Contra la Corrupción (www.corrupcionenlamira.org) CERIAJUS, INA
8.- Comisión de Alto Nivel ANTICORRUPCION (15 instituciones proponen políticas e iniciativas legislativas para la prevención y lucha contra la corrupción)
9.- Ley Nª 28175 – Ley Marco del Empleo Publico.
10.- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
11.- Convención Interamericana contra la Corrupción
12.- Tesis: “Ética y Corrupción en la Administración de Justicia” 2003 UNMSM Facultad de Derecho y Ciencia Política Dr. Yuri Iván Zúñiga Castro. (Publicada enmonografías.com).
13.- Documento de base hacia un Plan Andino de Lucha contra la Corrupción, Seminario Taller Subregional sobre Lucha contra la Corrupción, Secretaria General de la Comunidad Andina, 21-22 de abril de 2005.
14.- http://www.comisionanticorrupcion.com/index.asp
15.- http://www.cn-anticorrupcion.gob.pe/
16.- Estado libre asociado de Puerto Rico – Oficina del Contralor “Recomendaciones para combatir la corrupción y fomentar buenas practicas de administración publica” del 15 de diciembre de 1999 al 31 de diciembre de 2002.
17.- Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. “La Corrupción y sus repercusiones en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales. 14 de mayo de 2003.
18.- “Algunas apreciaciones en torno a la corrupción en México”, de José Guadalupe. Vargas Hernández.
19.- Proyecto “Aporte a las acciones para la erradicación de la corrupción en el estado peruano y en la gestión de recursos públicos”. Congreso de la República del Perú.
20.- Seminario Internacional contra la Corrupción efectuado entre el departamento del tesoro de los EUA y la Contraloría General, del 3 al 6 de octubre del 2005.
21.- III PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y GERENCIA POLITICA, Proyecto de Gobernabilidad, PUCP, Corporación Andina de Fomento y The Graduate School of Political Management de la George Washington University (GWU) “Superintendencia Civil de Lucha contra la Corrupción” 2005.
22. Aportes del especialista Dr. Noe Romo.
23.- I DIPLOMADO INTERNACIONAL ANTICORRUPCION – PROPUESTA DE TRABAJO DE INVESTIGACION Grupo V: Políticas de Estado Anticorrupción – Sociedad Civil, Integrantes: Dres. Yuri Iván Zúñiga Castro, María de Pilar Sosa San Miguel, Xiomara Vásquez Bautista, Gladys Gonzales Alumez, Marysol Yovera.

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