EL coronel de la Guardia Republicana Rolando Cabezas Alarcón, sindicado como responsable directo de la masacre de por lo menos la mitad de los 124 terroristas que se amotinaron en el penal de Lurigancho el 18 de junio de 1986, era y sigue siendo hombre de confianza de Palacio de Gobierno. Esta es una de las conclusiones preliminares de la investigación realizada por un equipo de periodistas de esta revista, de la que fluye que la matanza ejecutada por Cabezas fue consecuencia inevitable del plan de politización de las Fuerzas Policiales puesto en práctica por el gobierno aprista apenas subió al poder. Cabezas sigue disfrutando de los favores de Palacio, dispensados a través de su jefe, el general Raúl Jares Gago, otro protegido que ha debido ser comprendido en el proceso para que explique por qué abandonó su puesto de comando durante esos trágicos días. Supuestamente preso en el penal de Santa Bárbara, Cabezas goza de largas vacaciones en su domicilio protegido por su institución. Una camioneta seguida por una impresionante escolta lo lleva todos los días de su residencia al tribunal. Cada vez que los reporteros tratan de fotografiarlo una cortina viva de republicanos cae sobre él.
Durante largas semanas previas al inicio del proceso en el Consejo Supremo de Justicia Militar, el equipo de OIGA tuvo acceso a importantes documentos, muchos de ellos secretos como los tres voluminosos tomos que contienen las investigaciones que realizó una comisión mixta de Inspectoría del Ministerio del Interior sobre los sucesos de Lurigancho. Presidente de esa comisión fue el general Rolando Llanos Olivera. También pudo estudiar varios alegatos escritos presentados por los principales protagonistas al presidente de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar. El más valioso de ellos es, sin duda, el que presentó el ex Director Superior de la Guardia Republicana, general Máximo Martínez Lira, con fecha 26 de setiembre de 1988. En él se precisa cómo el abuso -él lo llama “la impetuosidad”– del poder político, dio como resultado la matanza de Lurigancho, que “nos ha dejado una estela de desaprobación de dicha conducta, tanto a nivel nacional como en la opinión pública mundial”. Para Martínez Lira, lo que pasó en ese penal fue una “situación coyuntural creada y concebida por el poder político”. Lo que viene a continuación, pues, está rigurosamente documentado.
“Coroneles de confianza”
Ejecutor del plan de someter a las Instituciones policiales y ponerlas bajo el control de la cúpula gobernante fue el actual Ministro del Interior, Agustín Mantilla Campos. Este, antes del 28 de julio de 1985, ya había entrado en contacto con oficiales de los tres cuerpos policiales, convirtiéndolos en sus "hombres de confianza". Así, apenas dos meses después de haber asumido el Viceministerio del Interior, Mantilla podía jactarse ante el presidente García de haber "mandado a un Coronel de confianza" a debelar el primer motín senderista ocurrido en Lurigancho. Fue el 4 de octubre y sofocarlo costó la vida a más de 30 reclusos.
A través de Mantilla el presidente García sembró la indisciplina en las comisarías y cuarteles policiales. El viceministro mandaba directamente a oficiales y subalternos, violando normas como aquella que señala que "Las tropas de las fuerzas militares y fuerzas auxiliares, por ningún motivo pueden ser mandadas por autoridades políticas ni por civiles" (Reglamento de Servicio en Guarnición RFA-34-10-D.S.014.CFA, parágrafo J, apartado 45, "Relaciones entre autoridades militares y políticas").
La situación llegó a tales extremos que el Director Superior de la Guardia CiviI, Teniente General Raúl Pareja Gutiérrez, trato de plantarle los pies a Mantilla, quien frecuentemente se presentaba en comisarías y cuarteles y sacaba a oficiales y tropa para realizar "operativos" sin conocimiento ni autorización de los mandos policiales. Pareja, nombrado por este mismo gobierno, fue cesado a los 37 días de jurar el cargo. Idéntica suerte correría once meses después su sucesor, el Teniente General. Carlos Barreto Bretoneche.
Un ascenso ilegal y vejatorio para la Republicana
Uno de los primeros oficiales de la policía que reclutó el Viceministro Mantilla fue el Teniente Coronel Rolando Cabezas Alarcón, de la Guardia Republicana. Un oficial de no muy brillantes méritos al constatar por su foja de servicios , cuyo nombre no mereció ser incluido en la relación de ascensos a la clase de Coronel que con retraso se publicó en mayo de 1986, pero que correspondían al año anterior. O sea que los ascensos se hicieron con las leyes orgánicas y reglamentos que rigieron hasta el 4 de febrero de 1986 en que fueron sustituidos por nuevas leyes y reglamentos hechos por el Ejecutivo a gusto del presidente García. Una de las primeras normas eliminadas en los nuevos textos fue la que preservaba la moral y la disciplina de los cuadros policiales de cualquier avance del poder político: "El personal policial depende directamente de sus propios jefes".
En esa ocasión sólo había tres vacantes en la plaza de Coronel y la ley precisaba que una vez publicado el cuadro de ascensos no podían ser aumentados las vacantes. Las tres vacantes fueron cubiertas por la superioridad que no consideró a Cabezas digno de ser ascendido. Sin embargo, contra la oposición del alto mando de la Guardia Republicana, Cabezas fue ascendido a Coronel por Resolución Suprema firmada por el presidente Alan García. Y para rematar con una burla la ruptura de la disciplina en esa "institución, el ascenso fue hecho por "Acción Distinguida", un mérito solamente reservado al personal policial subalterno en casos excepcionales. ¿Cuáles fueron las "acciones distinguidas" de Cabezas?: haber hecho marchar bien a su tropa en el desfile militar de julio del 82 y una escaramuza con un grupo terrorista en 1983, de cuyo valor y heroísmo sólo él pudo dar cuenta porque era el jefe del pelotón.
Indisciplinado, irresponsable, de dudosa moralidad como consta en su ficha de antecedentes el coronel Rolando Cabezas fue el hombre que inesperadamente se presentó en el penal de Lurigancho la madrugada del 19 de junio de 1986, al mando de sus "boinas azules", el batallón antisubversivo de su cuerpo, llamado "Llapan Atic". ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dio la orden de acabar con todos los terroristas presos? Es muy difícil que las respuestas surjan en las sesiones que aún tiene por delante el tribunal castrense, porque nadie se atreverá a formulárselas a Cabezas y porque es más difícil aún que éste las responda mientras siga contando con una protección tan poderosa como la que hoy tiene.
El otro protegido de Palacio
Inexplicablemente, el general Raúl Jares Gago, Jefe de la II Región de la Guardia Republicana, otro de los hombres de confianza de Palacio, no ha sido comprendido en este proceso para que explique por qué abandonó el comando de su institución en esas criticas horas. Según testimonio de Cabezas, Jares llegó el miércoles 18 al cuartel de la Republicana "cuando se estaba pasando la lista de diana" (alrededor de las 8 de la mañana) y pidió la formación de una unidad de rescate que debía ir a El Frontón para intervenir con unidades de la Marina de Guerra en el sofocamiento del motín que el mismo día, en forma coordinada, habían iniciado los terroristas presos en esa isla. Añade que Jares a eso de las diez de la mañana llamó por teléfono y pidió que efectivos de la Fuerza de Intervención Rápida se dirigieran a reforzar al personal de la Republicana en el penal de Santa Bárbara, donde las terroristas presas también se habían amotinado. La última llamada de Jares a su cuartel se habría producido a las 11 de la mañana, pidiendo un grupo mixto de la Unidad de Rescate para liberar a los rehenes tomados por las presas del Santa Bárbara. Después, ya no se supo más del Jefe de la II Región de la GR.
La impaciencia presidencial
En ausencia de Jares y ante los urgentes requerimientos telefónicos del presidente de la República, Martínez Lira tuvo que asumir la responsabilidad de nombrar al jefe que debía mandar el operativo en Lurigancho. La designación recayó en el coronel Narciso Azabache Ñique, segundo de Jares. Más adelante se nombró al Comandante Manuel Zevallos Llanos como Jefe de las Fuerzas de Intervención.
Urgido por el general Martínez, quien a su vez era presionado por el presidente García, el Comandante Zevallos se embarca con sus tropas en tres camiones del Ejército que estaban esperando en el cuartel de la Republicana hacía horas y llega al penal a eso de las 8.30 de la noche, sin haber tenido tiempo para esbozar un plan de operaciones. El coronel Azabache los acompaña. En Lurigancho se encuentran con el general EP Jorge Rabanal Portilla, Jefe de la Décima Octava División Blindada, designado por el Comando Conjunto para coordinar las operaciones y prestar apoyo a la Fuerza de Intervención de la Republicana.
El presidente García sigue paso a paso el desarrollo de los acontecimientos. Ya está la Republicana en el penal pero todavía no interviene. Ha surgido un impasse: el coronel Azabache y el Comandante Zevallos le exigen a Rabanal una orden de operaciones escrita y refrendada; exigen también la presencia del Fiscal de Turno, del Juez Instructor, del Director de Establecimientos Penales, de autoridades del Instituto Nacional Penitenciario cuyo personal está en huelga. Rabanal explica: él no puede dar ninguna orden escrita, el operativo ha sido dispuesto por el Comando Conjunto de la Fuerza Armada por órdenes expresas del presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y llama a sus superiores para enterarlos de la situación.
El Presidente se indigna
Los teléfonos de Palacio timbran. Desde el Comando Conjunto y la Segunda Región Militar le informan al Presidente de la rebeldía de la Republicana. El Presidente se indigna y llama nuevamente al general Martínez. Son más de las 10 de la noche y no aparece por ningún lado Jares Gago. El Jefe de Estado ordena al general Martínez que se constituya en el penal y disponga personalmente el inicio de las operaciones.
Cuando llega Martínez los ánimos ya están calmados. El problema para comenzar a actuar ya no es la falta de una orden escrita sino de explosivos. Pero éstos ya han sido pedidos. El general Martínez se retira a 300 metros de la zona de operaciones. El no tiene nada que hacer. Todo está en manos de la Fuerza Armada que ha asumido el control de los penales por decreto presidencial.
Las 5 a.m. hora tope
La noche sigue avanzando y no hay cuando comenzar. Los amotinados se han atrincherado en el pabellón industrial desde donde lanzan bombas caseras hacia él exterior. Todo es griterío de los presos que han jurado que sólo sacarán sus cadáveres antes que trasladarlos al penal de máxima seguridad de Canto Grande, rumor que ha servido de pretexto para el motín. A la 1.30 de la madrugada del jueves 19 la unidad de demolición del Ejército apenas ha abierto un forado pequeño en una de las paredes del pabellón. En Palacio, el Presidente sigue recibiendo noticias desalentadoras. El operativo no avanza y a las cinco de la mañana termina el toque de queda. Después, Lurigancho estará rodeado por centenares de personas: curiosos, parientes de los presos y, sobre todo, muchos periodistas, nacionales y extranjeros que han venido a cubrir el desarrollo del Congreso de la Internacional Socialista y a hacer reportajes sobre el fenómeno político latinoamericano, el Presidente más joven del Perú que ha puesto de vuelta y media al Fondo Monetario Internacional.
Cabezas; el ángel exterminador
De repente, a eso de las dos de la madrugada, llega al penal el coronel Cabezas al mando de 52 hombres del "Llapan Atic", repletos de armas y explosivos. ¿Quién lo ha mandado llamar? El dirá después que el general Martínez le pidió que fuera llevando explosivos. Martínez niega: ¿A quién se le ocurre que un General que ha participado en el debelamiento exitoso de otros motines carcelarios cometa la locura de nombrar dos jefes para un mismo operativo?, se pregunta. ¿Quién nombró a Cabezas para que dirigiera el asalto al pabellón industrial? Cabezas afirma que fue el general Rabanal (El general Rabanal "tenía referencia de su experiencia en acciones de rescate y sofocamiento de motines, por lo que le encargó hacerse cargo (sic) del operativo": declaraciones de Cabezas ante la Comisión Mixta del Ministerio del Interior). Rabanal lo niega tajantemente.
Lo cierto es que Cabezas le dio una nueva tónica al operativo. Entró al pabellón a sangre y fuego. Entre cuarenta y cincuenta terroristas que se rindieron y salieron por el boquete con los brazos en alto unos, arrastrándose otros, fueron rematados. No quedó uno solo, de los 124 amotinados, con vida. A las cinco de la mañana todo había concluido. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Pero, ¿órdenes de quién?
Alan lo supo todo, pero calló
Guillermo Thorndike, biógrafo de Alan García ("La Revolución Imposible") afirma que el Presidente se enteró de la matanza de Lurigancho, en toda su pavorosa magnitud, a las seis de la mañana de ese jueves trágico, o sea una hora después que sobre el pabellón industrial del penal de Lurigancho se extendiera la paz del cementerio. Pero Alan estaba más preocupado por el Congreso de la Internacional Socialista, en que nada molestase a sus amigos Willy Brandt y Carlos Andrés Pérez. Mientras el juez militar contaba los muertos en Lurigancho y en El Frontón la lucha todavía continuaba y morían marinos y terroristas, él recibía con el himno de Chile a la viuda de Allende.
El viernes 20 todo había acabado: 124 terroristas muertos en Lurigancho; tres terroristas mujeres muertas en Santa Bárbara; un número hasta ahora no precisado de terroristas, que algunos hacen fluctuar entre 60 y 100, muertos en El Frontón. Ese día, el presidente García inauguró el Congreso Socialista con un discurso en el que ocultó la matanza y elogió la forma como su gobierno había acabado con el "chantaje político" de los terroristas amotinados.
El sábado 21 las agencias noticiosas internacionales comenzaron a bombardear al mundo con los comentarios de la prensa extranjera. Los corresponsales sí habían captado en toda su magnitud lo que había ocurrido en Lurigancho. Y el escándalo estalló incontenible. El liderazgo socialista y tercermundista del presidente Alan García naufragaba en un mar de críticas por la brutalidad con que se había procedido a sofocar los motines. Nada justificaba la prisa que tuvo el Presidente para acabar con los rebeldes, ni siquiera la realización en Lima del evento socialista. Ese sábado, recién Palacio de Gobierno tuvo que admitir lo que ya todo el mundo sabía:' que se había cometido un genocidio en Lurigancho. Palacio emitió un comunicado anunciando la investigación de posibles excesos en ese penal.
Hay que buscar al responsable en Palacio
Tres días después, el martes 24, Alan García se dirigió al país en un mensaje televisado en el que confirmó la "masacre de 30 o 40 reclusos en Lurigancho". El viernes, Alan García dijo que el número era mayor. Fue a Lurigancho con el premier Luis Alva Castro quien, en el ínterin, ya había retornado de su viaje a China; con el Ministro del Interior Abel Salinas; el canciller AlIan Wagner Tizón y el director del INPE Manuel Aquézolo. Ocho días después de la masacre, recién el Presidente parecía tomar conciencia de la tragedia, que él había desatado, en toda su magnitud. Allí acusó a los Republicanos de criminales, prometió que todos los culpables serían sancionados, no sólo los Republicanos sino también otros que fueran encontrados responsables, tratando de involucrar en la matanza al Ejército. Fue en esos momentos en que pronunció su famosa frase "o se van ellos o me voy yo". Tratando de recomponer una imagen que se caía a pedazos, el gobierno movió los resortes de cancillerías de países amigos para que expresaran su solidaridad al presidente peruano ante rumores golpistas.
Han pasado apenas tres años y tres meses de la promesa que hizo el Presidente de castigar severamente a los autores directos de la matanza de Lurigancho. Hoy que los inculpados están siendo procesados por un tribunal militar, Agustín Mantilla, convertido en Ministro del Interior, pide a los jueces clemencia para los culpables -¿para su hombre de confianza, el coronel Cabezas?- "porque la guerra que aflige al país no ha sido provocada por la Policía Nacional ni el Estado sino por los subversivos enemigos del Perú".
Lo que ocurrió en Lurigancho tenía que suceder, como lo dijimos al comienzo de esta nota, como consecuencia de una extralimitación del poder político en las instituciones policiales. El ascenso del Teniente Coronel Cabezas al grado de Coronel fue ilegal y anarquizante. Su intervención en la debelación del motín estuvo fuera de control porque no había recibido esa misión. Por eso el general Martínez Lira se pregunta: ¿Qué favor está pagando dicho Oficial Superior de la Guardia Republicana? ¿De quién recibió órdenes? ¿A quién está ocultando? Si el tribunal castrense sabe encontrar las respuestas precisas a esas preguntas con toda seguridad que habrá dado con el gran responsable de la masacre de Lurigancho.
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Publicado por FONDO EDITORIAL REVISTA OIGA .000000000000000000000000000000000000000
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