Enrique Mendoza Ramírez ha ocupado diversos cargos: juez superior, juez supremo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, jefe de la OCMA, e incluso presidente del Poder Judicial. ¿Qué recordamos de su paso por estas instituciones? ¿Actos o resoluciones decisivas para la reforma del
sistema de justicia o de las instituciones que le tocó encabezar? ¿Algo trascendental? ¿Las medidas adoptadas por él llegaron a buen puerto? ¿Qué tal en la lucha contra la corrupción? Mendoza ha señalado en su momento el impulso a reformas informáticas, que si bien ayudan a cierta celeridad en las notificaciones, no sirven mucho para los temas arriba referidos.
El recuerdo de su paso por el Poder Judicial se contradice con lo que un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos necesita en estos momentos. Como se señaló en su momento -en esta columna, y en el programa Justicia Viva del IDL- su paso como ex presidente de la OCMA (2010 – 2012) no estuvo a la altura de la buena gestión de la ex jueza suprema Elcira Vásquez. Por el contrario, su desempeño en la lucha contra la corrupciòn fue cuestionado por IDL Reporteros en el 2010 en “La OCMA de Mendoza: los sancionados como investigadores”.
El ex congresista Mesías Guevara, quien presidió la Comisión Ancash que investigó a “La Centralita” de César Alvarez, cuestionó su negativa (así como la de otros jueces como Javier Villa Stein) de acudir a esa Comisión para explicar su actuación en el caso, ante las preocupaciones sobre lo que pasó con algunos jueces cuando Mendoza se desempeñaba como Presidente del Poder Judicial y Jefe de la OCMA. Una actitud que no dijo nada bueno sobre la transparencia necesaria frente a una investigación de interés nacional. Otro dato: como Presidente de la Corte Suprema (2013-2014), “sin causa justificante, realizó cambios en las salas de derechos humanos que dilataron de forma grave procesos pendientes por más de veinticinco años (Ver Operación limpieza)”, como lo señaló Justicia Viva.
Como Jefe de la OCMA, exculpó -en contra de la ley- y salvó de una sanción que pudo involucrar una destitución, al hoy juez supremo César Hinostroza Pariachi quien no declaró una casa en Miami comprada por su esposa. El caso había sido incluso alertado por la sociedad civil en ese momento, pero Mendoza aceptó los débiles argumentos de Hinostroza, violando la ley del Código Civil sobre la extinción de una sociedad de gananciales, así como los deberes de la magistratura sobre las declaraciones juradas. Así Mendoza favoreció, sin que hasta hoy nadie haya investigado su ilegal actuación, al juez Hinostroza que como Supremo firmó la sentencia de impunidad de Fujimori en el caso de los Diarios Chicha (2016) eliminando por un tecnicismo el delito de peculado, el mismo que acaba de poner en jaque la lucha contra el delito de lavado de activos en pleno caso Lava Jato (2017).
Mendoza antes de ser cesado por límite de edad en abril de este año (al cumplir 70), debió pasar por proceso de evaluación y ratificación ante el cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura en junio del 2016, pero dicha convocatoria no fue concretada a tiempo. Mendoza fue ratificado en junio del 2009, y le tocaba pasar nuevamente por esa decisión en junio del 2016; pero lo fue casi seis meses después, en diciembre del 2016. Mendoza al parecer quiere, o lo quieren, hacer mantener en cargos de poder público…aunque su especialidad no tenga que ver con el cargo. Recordemos que el año pasado, antes de que se decidiera si era ratificado o no como supremo, fue propuesto como candidato a Defensor del Pueblo por Alianza para el Progreso.
Con todos estos antecedentes, ¿qué garantía puede dar Enrique Mendoza de que luchará idónea y frontalmente contra la corrupción y de que promoverá la protección de los derechos humanos desde el MINJUS?
Un tema de primer orden que muchos ya están dando por descontado: el indulto humanitario a Alberto Fujimori que, ojo, con o si Mendoza, sigue siendo ilegal e iría contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque hasta ahora no existe la situación médica que lo justifique. Con o sin Mendoza, PPK seguiría siendo el “presidente de lujo” que acabó como “indultador de un asesino”. Otro tema también de primerísimo orden: teniendo el MINJUS la batuta en la independencia de las procuradurías: la Ad Hoc de Lava Jato, nos preguntamos ¿qué garantías nos da Mendoza para que se dé la investigación necesaria a Keiko Fujimori y sobre todo a Alan García? Pareciera que ninguna.
Queda claro que PPK ha tomado la peor decisión para la cartera de Justicia. Además, ¿quiénes serán los viceministros?, ¿quiénes llenarán ahora los puestos de trabajo en el MINJUS?, ¿qué pasará con el espacio del Acuerdo Nacional por la Justicia que supuestamente debe impulsar reformas de fondo en el sector? La decisión del presidente Kuczynski de nombrar a Enrique Mendoza en Justicia, refleja con transparencia que no le importa nada la justicia y que en todo caso su único interes es el Indulto a Fujimori y la impunidad en el caso Lava Jato.
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