A pesar que desde el 28 de Julio del 2016 se encuentra un nuevo gobierno en reemplazo de aquél otro identificado por su incapacidad gubernamental y desafortunada delegación de facultades presidenciales a su esposa, me refiero a Ollanta Humala Tasso, con el cual no quisiera hacer un comparativo balance
estadístico de incapacidad en materia de Seguridad Ciudadana con el actual que sólo lleva algo más de un año, el de Pedro Pablo Kuczynski Godard, sino reiterativamente expresar, aquello que necesitamos todos los peruanos en general y los Policías como yo en particular, sobre lo que por incapacidad, desidia, ignorancia de las funciones operativas de la Policía Nacional, conveniencia política u obediencia de consignas partidarias originadas por una ideología de una izquierda radical enemiga de las Fuerzas del Orden, no lo continúe como está sucediendo hasta el día de hoy.
Voy a referirme nuevamente, y en esto pido disculpas por mis repetitivos comentarios, sobre el manoseo político al que se ha mal acostumbrado lamentablemente la Clase Política con la Policía Nacional del Perú, y muy especialmente los propios gobernantes y sus Ministros del Interior. No existe un sólo día en que no se tome conocimiento de alguna intervención de algún político, y en ésto me refiero directamente al señor Carlos Basombrío Iglesias, uno de los integrantes del "lujoso"gabinete ministerial del Presidente Kuczynski Godard, quien permanentemente trata de subestimarla y menospreciarla como Institución, con lo cual rebaja paralelamente el auto estima del propio servidor policial.
Este manoseo da la impresión y es al parecer de muchos, que sucede por un sentimiento vengativo, por alguna intervención o crítica tal vez sobre su propia persona, cuando fungió de Jefe del Gabinete de Asesores cuando Fernando Rospigliosi, amigo íntimo y luego, Gino Costa, su cuñado, se desempeñaron como Ministros del Interior de triste recordación, en el gobierno del hoy fugitivo ex presidente Alejandro Toledo Manrique. Las ácidas críticas a ambas gestiones ministeriales, recayeron por extensión en su principal asesor, pero la autoridad Policial hizo prevalecer su estatus y mandato legal ante los abusos que se cometieron contra ellos, que tuvieron que acatar con desgano o disconformidad. Ahora que ventajosamente tienen la oportunidad de resarcirse en su ego, motiva lo del manoseo, menosprecio y desprestigio a la PNP.
Somos testigos sobre las decisiones políticas tomadas por el actual Ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias, con referencia a la "re-fundación" de la Policía Nacional del Perú, como así el mismo la ha denominado. Sus acusaciones sobre la intervención de un "escuadrón de la muerte" como tuvo la osadía de declarar para llamar la atención, obligando a su Vice Ministro a auto-sacrificarse con tal noticia, para luego variar diariamente su propia versión, después de haber embarrado el nombre y la honorabilidad no solamente de Unidades consideradas Élite en la PNP, sino principalmente a quienes las integraban e integran. Generalizó lo que después individualizó, y aún así, sin el debido proceso. Repitió el abuso de autoridad y sin el debido proceso ni el derecho a la defensa, pasó a la Situación de Retiro a 39 Oficiales Generales sin aparente justificación alguna, con la única excusa, que el Gobierno anterior había sobre dimensionado el número de plazas para estos Oficiales que él particularmente consideraba en demasía y en un particular exceso de atribuciones, se pasó por alto los rangos que tienen los Dispositivos Legales, desconociendo fechas, plazos y categorías, dispuso eliminar y reemplazar a Jefes y sus funciones de acuerdo a una nueva estructura orgánica de la PNP. Algo traído de los pelos y sin planificación como se puede comprobar.
Cuando estaban fuera de los alcances del aparato gubernamental en la época de Ollanta Humala, fácilmente criticaban las adquisiciones para equipar y mejorar el nivel operativo de la Policía, en lo referente a vehículos, armas y municiones. Cuando se relevaron en el Poder Ejecutivo nivel ministerial, Basombrío Iglesias criticó y fustigó contra de José Luis Pérez Guadalupe por la compra de nuevos patrulleros y la deficiencia de las especificaciones técnicas, así como el de las nuevas armas adquiridas, indicando que no eran aparentes para el servicio policial en su lucha diaria contra la delincuencia común y organizada. ¿Que es lo primero que hizo? Nombró un nuevo Superintendente en la SUCAMEC, a un Oficial en situación de Retiro de la PNP de buen prestigio, para firmar un Convenio con éste y hacer que todas las armas incautadas a los delincuentes pasen a formar parte del marguesí de la PNP y se les asigne a los efectivos para su Servicio diario.
¿Quien garantizaba que algunas armas usadas sean más efectivas que unas nuevas así no sean aparentes para el uso policial? Eran y siguen siendo medidas populistas, paliativas tal vez para cubrir el déficit y sumar en número, pero como de costumbre, de mala o de menor calidad, disminuyendo así su eficacia y eficiencia en su capacidad operativa.
¿Recuerdan ustedes cuando en el gobierno aprista, con el fallecido Agustín Mantilla de Vice Ministro, se dispuso que todas las armas incautadas por la entonces DICAMEC pasaran al almacén del Ministerio del Interior?
Allí fueron seleccionadas todas y las que estaban en mejor estado, fueron entregadas a los militantes del PAP y las obsoletas y en mal estado fueron devueltas a la DICAMEC. El objetivo final entonces fue desarmar a la Policía y armar a los elementos apristas de donde aparecieron grupos como el de "Rodrigo Franco".
Yo me pregunto: ¿A quien se pretende armar ahora con las armas compradas y nuevas que dicen no son aparentes? Hagamos memoria y tomemos en serio estos anteriores sucesos, no vaya a ser que el tiro nos salga por la culata en lo referente a la Seguridad Ciudadana. La cercanía partidaria del actual ministro del Interior con la izquierda recalcitrante es vigente, como vigente es el liderazgo en la Izquierda Política peruana, de Diego García Sayán y sus adláteres y seguidores ideológicos como Fernando Rospigliosi y Gino Costa.
Todavía esta en vigencia el contradictorio fallo legal sobre los casos cuando la Policía interviene para restablecer el orden público, y que como consecuencia de ello se produce una muerte de un civil, ya que tanto el Ministro del Interior y muchos otros del Poder Ejecutivo, no tan sólo al parecer se asustan, sino que por ese mismo temor a la responsabilidad del cual hacen gala, disponen de inmediato y sin previa investigación ni el debido proceso, el relevo del Comando bajo el cual operaba el o los Policías que intervenían. Luego en sus obligadas declaraciones a los medios de información, se adornaba en base a distorsionadas intervenciones, muchas ellas producto de su imaginación y falaces, procurando quedar bien con la opinión pública.
Otra cosa igualmente perniciosa, es cuando el periodismo amañado con el gobierno, "edita" los hechos que terminan siendo magnificados y al igual que los de la Clase Política, terminan desestabilizando a la Policía Nacional, al solicitar sanción ejemplar para los Policías intervinientes, sin importarles igualmente, el debido proceso. Todos se toman la representación de la población, haciéndose presentes para acusar a la autoridad públicamente, con lo que al parecer se sienten "superiores" e "intocables", de lo cual sacan provecho amenazador. ¿Ha cambiado algo desde épocas y gobiernos anteriores con éste nuevo Gobierno y en particular, con éste Ministro del Interior?
Muy diferente panorama se muestra si es el Policía quien muere en actos del servicio. La noticia ya no aparece en primera plana, sino en un simple recuadro en un rincón de la página policial, o como noticia obligada de relleno en los noticieros radiales y televisivos sin tomar en cuenta lo que si resaltan en un civil muerto, el que ese Policía también tiene familia que depende de él y que deja muchas veces viuda y huérfanos, los cuales se ven afectados, aparte de la pérdida irreparable, en la mentirosa promesa de los ofrecimientos en cuanto a los beneficios que les corresponde por parte del Estado y a través del Comando Institucional, así como del Ejecutivo a cargo del Ministerio del Interior.
Los héroes y mártires, muchas veces han sido desairados hasta por el propio Presidente de la República, quién no asiste ni a ofrecer el pésame y ni siquiera a las exequias. De este mal ejemplo se aprovecha el Comando Institucional, para designar reemplazantes de mucha menor jerarquía que ni siquiera conocen el Protocolo ni lo que tienen que hacer y mucho menos, que decir. A esto llamo yo, politizar este sensible acontecimiento, demostrando con ello, ser un gobierno discriminador, débil, insensible y peor aún, temeroso de la responsabilidad.
¿Cual será el comportamiento de éste hasta ahora nuevo Gobernante y sus Ministros y demás ante una situación similar, aunque no deseada de un nuevo martirologio o heroísmo?
Pues en lo que a más de un año de gobierno se refiere: NADA.
Por sometimientos a la llamada disciplina, a la obediencia hacia el Poder Civil representado por los Vice Ministros, ha tomado el control de las operaciones policiales dando leyes en contra de la eficiencia y eficacia de la misma. Leyes populistas. Tal vez deberíamos culpar al Comando Institucional de permitir tales afrentas políticas, sometiéndose al tener que callar y no poner en claro y en público, que los políticos pueden supervisar pero no dirigir a la Institución y mucho menos permitir que estos pretendan indicar el cómo realizar tal o cual operativo ni ponerse al frente, como hasta hace poco lo hizo un ministro disfrazado de Policía, otro demasiado apegado al Opus Dei con el "dejar hacer, dejar pasar" y el actual proveniente de un sector caviar de la izquierda política peruana, pero hablar del DIRGEN sería gastar "pólvora en gallinazo" porque felizmente ya lo "renunciaron" y no sabemos cómo será la gestión de quien lo suceda, hasta ahora supuestamente, el TG PNP Richard Zubiate Talledo, a quien le deseo lo mejor, lo justo y lo legal.
La Constitución Política del Perú vigente, en su artículo N° 168 dice: "Las leyes y los reglamentos respectivos, determinan entre otros, la preparación, los efectivos y el debido empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional."
El Decreto Legislativo N° 1148 en su artículo 2° dice: "La Policía Nacional del Perú, es una Institución del Estado, dependiente del Ministerio del Interior, con autonomía administrativa y operativa. Sus integrantes representan la autoridad, el cumplimiento de la ley, el orden y la seguridad en toda la República."
Artículo N° 11 numeral N° 7, dice: "Poseer, portar y usar armas de fuego de conformidad con la Constitución y la ley."
Por lo tanto, la Autoridad política no tiene atribuciones para cambiar el espíritu de estas disposiciones legales. No puede irrogarse el derecho de actuar por encima de lo que dice la ley
La Policía Nacional del Perú, es una Institución tutelar del Estado con la suficiente autoridad para cumplir sus Funciones, para lo cual, debe de mantener en todo momento, una buena imagen ante la población a la cual se debe, de modo que logre su respeto.
No podemos desconocer que la corrupción no solamente a tocado las puertas institucionales, sino que ya se encuentra dentro de ella y es deber y menester del nuevo Alto Comando, detectar, identificar, capturar y denunciar a aquellos malos elementos que se aprovechan de su puesto o cargo para satisfacer apetitos personales sin considerar la honorabilidad y honestidad de sus compañeros y por ende de la Institución.
Sugiero respetuosa pero enérgicamente, que ellos deberían ser dados de Baja en un acto público, despojándolos de su jerarquía así como de todos los derechos y beneficios que administrativamente el Estado les pueda haber conferido, y el Comando ponerlos a disposición de las Autoridades Judicial es competentes, conforme se realizaba antiguamente, para que sirva como sanción moral y ejemplo a los demás. Lo que el Gobierno ha dado en llamar "Muerte Civil" para los civiles.
También es cierto, y no debemos pasar por alto sin darle la importancia del caso, que en un acto de corrupción policial, también existe el elemento corruptor, generalmente en unos casos proveniente de la civilidad y en otros de la misma Institución, siendo algunas veces superiores jerárquicos, por lo tanto, también el cómplice debe ser denunciado por el Delito de Cohecho y darle la publicidad requerida y la sanción y/o pena compartida.
Las Asociaciones afines a la Policía Nacional, tales como la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil, las Asociaciones de Oficiales Generales, de Coroneles, las Asociaciones de Promociones, las agrupaciones de Retirados, y todas aquellos que tengan Personería Jurídica, deben ser portadoras y hacer eco público de todos los casos en que se intente o se cometa algún abuso de cualquier índole en contra de la Policía Nacional como Institución o de cualquiera de sus integrantes, en el cual el Poder Político este coludido, o que éste Poder convenientemente calle para no ser difundido a la población, tergiversando muchas veces la realidad que hace que casi siempre sea o aparezca la Policía responsable y no la Clase Política conforme ha estado sucediendo y que al parecer, el gobierno actual quiere mantener como mala costumbre heredada, pero que lamentablemente deja un tremendo daño moral en el auto estima del personal policial y a una Institución subestimada y desacreditada por el mismo Gobierno Central por la clara y manifiesta indefensión del Estado.
Antes de culminar mi escrito, no quiero dejar pasar por alto otro manifiesto abuso gubernamental, por la oposición del Presidente de la República, de la 2da. Vice Presidenta de la República, del Presidente del Consejo de Ministros, del Ministro de Economía y Finanzas, del Ministro del Interior y de muchos otros pertenecientes a la Clase Política, que se oponen a la aprobación de la "Ley de Equivalencia" sobre la nivelación de las Pensiones de los Retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que fuese prometida con ¿palabra de honor? incluida en la última campaña electoral y hoy traicionada.
Con las disculpas del caso por lo extenso de mi comentario y opinión, dejo en claro que tal vez podría haber sido mucho más dilatado, si se tomara en cuenta individualmente todos los casos de abusos y excesos que se han cometido y al parecer se cometen contra la Gloriosa Policía Nacional del Perú y de sus honorables componentes.
José Valdivia Sotomayor.
DNI 10312625
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