Desde el desastrozo primer gobierno de Alan García, con excepción del de Alberto Fujimori, y pasando por el de Alejandro Toledo, el de Ollanta Humala hasta el actual de Pedro Pablo Kuczynski, todos ellos han querido justificar la congelación de las pensiones de militares y policías, argumentando que debían regirse por las mismas reglas de juego que los demás funcionarios y
trabajadores del Estado, y que no debían tener un régimen previsional "privilegiado". Soslayaron decir, sin embargo, que ese régimen 'especial' se sustentaba en la muy especial y única situación que tienen militares y policías con relación al Estado.
Es así que, al tener en sus manos las armas legales que la Nación les confiere al culminar sus estudios en las Escuelas de Formación, son las únicas organizaciones de las que, en última instancia, sostienen el orden y la estabilidad del Estado de Derecho. Ésta tremenda responsabilidad les obliga a tener un régimen laboral distinto a los demás funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, como son la prohibición de formar sindicatos, del derecho de huelga, de fijar libremente residencia, de salir del país, de moverse libremente por el territorio nacional, de la prohibición de ejercer otra actividad laboral, de un especial régimen disciplinario y penal, etc, amén de las muy ajustadas remuneraciones en los primeros años de la carrera, lo que irá mejorando al ir ascendiendo de grado a grado.
Cualesquiera otros funcionarios o empleados del Estado pueden paralizar sus labores y el Estado de Derecho sigue rigiendo; pero si militares y policías se negaran a obedecer al gobierno y deciden parar sus funciones, éste ni el Estado de Derecho durarían ni cinco minutos.
Ésta especial responsabilidad y situación laboral de militares y policías (que no es un injustificado "privilegio"), les otorgaba en compensación y por mandato legal desde hace más de 70 años, una pensión que se iba renovando de acuerdo a la remuneración del personal en situación de actividad. Éstas eran las reglas de juego aceptadas por militares y policías, así como por el Estado peruano. Sin embargo, siguiendo las alevosas recetas del FMI y del MEF, los gobiernos antes mencionados, proyectaron, aprobaron y promulgaron abusivos dispositivos legales, tales como el Decreto Legislativo Nº 1133 que creó un nuevo régimen pensionario, que no sólo borraba la pensión renovable para los futuros pensionistas, sino que pérfidamente emboscó a los antiguos pensionistas que habían cumplido su parte del contrato, congelándoles las pensiones y discriminándolos con relación a los que pasaron al retiro a partir del 10 de diciembre del 2012.
Si, de acuerdo a las razones esgrimidas por los políticamente enemigos de militares y policías que no debían tener "privilegios", ¿entonces por qué no se les permite ejercer otra actividad lucrativa, al igual que los otros trabajadores del Estado? Nosotros los retirados también tenemos derecho a "hacer caja" para un retiro digno y decoroso.
Felizmente se logró la dación de la Ley 30683 por el esfuerzo de muchos Retirados que con el apoyo del Poder Legislativo y para beneficio de todos los Retirados se han homologado en el Consolidado, las Pensiones sin que exista discriminación alguna.
Esperamos que a partir de éste mes de enero del presente 2018, podamos cristalizar ésta reivindicación de nuestros conculcados derechos pensionarios y que no se vuelva a repetir ésta afrenta del Poder Político en contra de las Instituciones tutelares del Estado que son las que defienden el Orden Externo, el Orden Interno y Público y la Seguridad Ciudadana de nuestro Perú.
José Valdivia Sotomayor.
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