su sucesor en el cargo, "recuerde" lo que aceptó en su momento con su silencio como Director General de la Policía Nacional del Perú y para que tomando debida nota, no cometa los mismos delitos y errores que hoy él mismo tiene que subsanar.
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Resolución 54/4 de la Asamblea General del 31 octubre de 2003), considera que son actos de corrupción los siguientes:
- El Soborno
- La Malversación de Fondos
- El Peculado
- El Tráfico de Influencias y,
- El Abuso de Poder
Para dilucidar adecuadamente éste último concepto, previamente debemos utilizar al Derecho en sus acepciones, que directamente atañen al Abuso de Poder o Abuso de Funciones.
El Delito Provocado es cuando por Principio de la Interdicción de Arbitrariedad de los Poderes Públicos del Estado, se agravia y menoscaba la Presunción de Inocencia y la Tutela Jurisdiccional Efectiva; en buen español, el Estado no se limita a investigar actividades delictivas de manera pasiva, sino más bien, ejerce activamente influencia sin el cual el sujeto no habría cometido el delito, vale decir que PROVOCA y degenera los principios rectores del Derecho, como es el de “última ratio y el de legalidad”, así como que atenta el más elemental de los Derechos fundamentales como son las Libertades, consagradas en todas las legislaciones del mundo (Antonio Moral García – "Doctrina del delito provocado y sus limitaciones".
El ex Ministro Carlos Basombrío Iglesias tuvo franquicia para ser corrupto, y utilizó, a vista y paciencia de los medios de comunicación, de los Poderes del Estado, de los Vice Ministros auto llamados “ilustrados” en Seguridad Ciudadana, la campaña siniestra de “LA INTEGRIDAD NO SE NEGOCIA”, que no era más que el uso de agentes estatales para perseguir a ciudadanos y policías (principalmente a éstos últimos) “intervenirlos” y “encarcelarlos”, y así satisfacer su apetito nauseabundo de llenar las cárceles de policías. Las únicas excepciones que permiten la participación del Estado en la persecución del delito, corresponden a las figuras del “agente encubierto” y la “remesa controlada”, por cuanto, en ellas se advierte una dinámica delictiva de una organización criminal (STS 1546/2016 II)
Es muy posible que en sus genes de Basombrío hieda esa aversión a los policías, ya que en su discurso aciago antes de ser Ministro, fue que el 60% de policías eran corruptos y a éstos habría que eliminarlos; ya en el poder, pretendió con total desverguenza, cumplir con esos propósitos, habiéndosele otorgado hasta Facultades Legislativas, carentes éstas de técnica jurídica y carentes de respeto a la mismísima Carta Magna.
Ello provocó la comisión de delitos; utilizó el Poder del Estado, para realizar éstas claras atrocidades; utilizó procedimientos ilícitos y éticamente reprochables.
Con su total ineptitud, ineficiencia e ineficacia en el cargo, puso en evidencia ser un corrupto en potencia y esto generó un daño sin precedentes a la Institución policial. Durante su gestión ministerial lo notorio y más grave fue que se acrecento la ola de criminalidad, reaparecieron los asaltos a bancos, asesinatos selectivos, bandas organizadas, inseguridad por todos lados. Los efectivos del orden de las diferentes unidades policiales no tuvieron la mínima intención de trabajar, llegando a ser inocuos; su trabajo fue vano, futil y nimio. Destrozó la moral del cuerpo policial y de allí su inoperancia por falta de respaldo y más aún, por el desprecio, menosprecio y falta de respeto recibido por "su ministro".
Repito, el actual Ministro del Interior debe tratar de evitar por todos los medios el repetir éste comportamiento lindante con la tiranía de su antecesor y recordar teniendo presente en todo momento, sus orígenes, su procedencia formativa y en que cantera se forjó. Darle su espacio y atribuciones legales y profesionales que tiene y siempre debe tener, el Director General de la Policía Nacional como líder de todo el personal policial, Activos y Retirados sin distincion, apoyando y respaldando sus intervenciones y sus Derechos Remunerativos y Pensionarios establecidos por la Ley 30683 así como una verdadera inclusión social de sus familias, en salud física y mental, atención médica integral, educación en todos los niveles y grados, así como disponer de una atención logística moderna y oportuna, en cantidad suficiente y de inmejorable calidad incluyendo los diferentes uniformes y vestimenta regular; los sistemas de comunicación radio telefónica deben ser provistos por el Estado así como los vehículos para el servicio preventivo y de investigación.
Si el actual Señor Ministro del Interior Vicente Romero Fernández cumple en su gestión y empieza por respetar la autonomía y profesionalismo de la PNP, habrá hecho su ingreso a la Clase Política con el pié derecho. Si realiza todo lo sugerido, su equipo habrá ganado por goleada a los caviares salientes y la Institución habrá recuperado el verdadero sitial que le corresponde y lo más importante, la confianza y respeto de la ciudadanía a la que se debe.
José Valdivia Sotomayor.
DNI 10312625
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