Fiscales y jueces juegan con la vida del ciudadano.
Por: #LuisGarcíaMiro. En los últimos días, la recaptura de Keiko Fujimori ha movido el ambiente periodístico debido al desconcierto e inseguridad que generara entre la ciudadanía el hecho que, habiendo sido liberada por orden del Tribunal Constitucional por la misma imputación, otro juez decidiera confinarla nuevamente a alguna celda, en esta ocasión por quince meses más.
La nueva acusación es idéntica –recibir donaciones sin declarar, para la campaña proselitista-, la argumentación de la fiscalía es idéntica a la anterior. Excepto, claro, algunas especulaciones sin sustento suficiente como para validar el extremo de enrejar nuevamente a una ciudadana por la incompetencia de un Ministerio Público que lleva investigándola hace veinte años.
Y pese a ello, aún es incapaz de producir una denuncia formal que permita a la presunta autora de un delito asistir finalmente a un juicio oral, para acabar de una vez por todas con esta pesadilla. Aunque más que delirio, se trata de una tortura intolerable en cualquier nación que se precie de hacerse llamar democrática y defensora del Estado de Derecho.
Belaunde Lossio cumplió 50 meses de prisión preventiva. Algo que sin lugar a duda se le considera una tortura en cualquier país del planeta. Salvo Cuba, Venezuela o Corea del Norte, claro. Este ciudadano estuvo casi cinco años recluido en una mazmorra sin saber el fundamento de la acusación que lo llevara a semejante castigo y sin condena previa del Poder Judicial después de cumplidas las tres instancias que ordena la Constitución.
Al salir del presidio, Martín Belaunde Lossio declaró esto: "Considero que cinco años de prisión preventiva es un exceso. Las demoras de los fiscales no pueden atribuirse a las personas que estamos presas. En mi caso, cinco años es completamente injusto". No solo injusto, sino desde todo punto de vista es ilegítimo, indigno e inconstitucional, amable lector. No podemos sobrevivir amenazados con semejante espada de Damocles en manos de algunos operadores de la Justicia que, ante tamaña prepotencia, merecen ser procesados y encarcelados por tales excesos.
E idéntico castigo debería aplicárseles a aquellos gobernantes que no mueven un solo dedo por modificar todos los códigos y procedimientos, a cargo tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.
Resulta flagrantemente intolerable que por indolencia, incapacidad, desinterés o lo que fuere, los jueces y fiscales peruanos se permitan mantener encerrados a seres humanos sin una sentencia previa probadamente sustentada y ejecutada.
En estos últimos días, una de esas opinólogas que fungen de presentadoras de noticias justificaba semejante atropello a los derechos humanos alegando alegremente que "es culpa del sistema". ¡Hombre! Si el sistema está viciado ¡entonces critíquelo! Pero no justifique tal abuso alegando que "así es la vida".
En vez de apelar a semejante facilismo debió censurar a las autoridades electas por el pueblo para, entre otros deberes, proscribir la existencia de algo tan oprobioso como un artilugio que permita a algún fiscal o juez jugar con la vida y la salud (física y mental) de seres humanos, alentando vicios que podrían atentar contra usted, amable lector.
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