La República.- Domingo, 06 de enero de 2013
Por Fernando Rospigliosi.
Las últimas leyes promulgadas por el gobierno y algunas medidas
anunciadas van a continuar empeorando la situación de la seguridad
ciudadana.
Uno de los desatinos más notables ha sido elevar nuevamente el
número de generales, que ya bordean el medio centenar (al momento de
escribir estas líneas no se conocen todavía los retiros, pero hay 47 ya
designados en nuevas ubicaciones).
Esto muestra a las claras que la purga del año 2011, al estilo de
Vladimiro Montesinos –una treintena de generales al retiro–, tuvo como
propósito no reconstituir la pirámide, sino poner en la dirección de la
Policía a un dócil instrumento del presidente y su esposa, el general
Raúl Salazar.
La Policía requiere un máximo de 28 generales para funcionar. Hoy
hay mucho más. Esa desmesurada cantidad aumenta exageradamente la
burocracia, porque cada general tiene un séquito de ayudantes,
secretarios, guardaespaldas, etc. y entorpece el trabajo, pues tantos
oficiales de ese grado se estorban y disputan áreas de influencia,
además de serrucharse el piso constantemente.
Para dar ocupación, por lo menos en el papel, a tantos generales se
han creado cargos ridículos como el de asesor de la Oficina de Diálogo
de la PCM, Asuntos Internacionales o Gestión Institucional, además de
una sarta de “direcciones ejecutivas” que fragmentan inútilmente el
trabajo policial.
Un desastre burocrático por donde se le mire, elaborado por el
inepto comando policial (el ministro es un inútil que no juega ningún
papel, un hombre de paja nombrado precisamente por eso).
Retorno al pasado
Otra de las aspiraciones largamente acariciadas por los generales
incompetentes y reaccionarios, volver a las antiguas Guardia Civil, PIP y
Guardia Republicana, se ha plasmado también en las leyes de Ollanta
Humala. Ahora la mayor parte de los estudios de los oficiales –tres de
cinco años– y de los suboficiales (dos de tres años) será de una
especialidad que los encauzará durante toda su carrera. Aunque
teóricamente se consideran 7 especialidades, en realidad el grueso irá a
las tres que se corresponden con las antiguas instituciones.
Un retroceso transcendental cuando ya había transcurrido casi un
cuarto de siglo de la unificación de la Policía y estaban a punto de
irse los últimos oficiales formados en la GC, PIP y GR.
Por supuesto que se requiere especialización en la Policía, como en
cualquier profesión, pero solo después de haber experimentado el
trabajo policial en comisarías y dependencias similares.
Más número, menos calidad
El gobierno de Humala sigue repitiendo la monserga del gobierno
anterior: la seguridad mejorará con más policías y más patrulleros. El
deterioro durante el gobierno de Alan García mostró que esa suposición
era falsa, pues se compraron miles de patrulleros y se aumentó el número
de efectivos y la inseguridad creció.
Ahora, para incrementar el número de policías, el gobierno ha anunciado que se crearán más escuelas de suboficiales, que se añadirán a las más de dos docenas existentes actualmente.
Ahora, para incrementar el número de policías, el gobierno ha anunciado que se crearán más escuelas de suboficiales, que se añadirán a las más de dos docenas existentes actualmente.
La realidad es que la Policía no tiene capacidad para manejar más
de cinco escuelas adecuadamente. Lo que ocurre ahora es que la gran
mayoría de escuelas son centros de malformación de policías, donde
impera la ineficiencia y la corrupción. Lo que aprenden allí son malas
artes, que luego van a poner en práctica vistiendo un uniforme y
portando un arma.
Mal de muchos…
La espantosa masacre de Newton, en Estados Unidos, lleva a algunos
ingenuos a pensar que, en comparación, a nosotros nos va mejor. No es
así, estamos mucho peor. La tasa de homicidios en el Perú es, según
cifras oficiales presentadas a la OEA, 24,1 por cien mil habitantes. En
EE.UU. es alrededor de 5 por cien mil, un quinto que en el Perú.
América Latina es, de lejos, el continente más violento del mundo.
Aquí se cometen el 42% de asesinatos del planeta, con solo 8% de la
población mundial, como observa Moisés Naím (“La gente más asesina el
mundo”, El Comercio, 30.12.12).
Y en América Latina las restricciones al uso de armas por civiles
son incomparablemente mayores que en los EE.UU., una prueba más que
legislaciones absurdas como las que acaba de aprobar el gobierno de
Humala, no mejorarán la seguridad sino que probablemente la empeorarán.
Problemas concretos y urgentes como las cárceles, que además de
escuelas del delito son una coladera, como lo muestra la última fuga de
Maranguita, siguen sin ser resueltos.
Por último, el problema más importante, sin cuya solución no hay
posibilidad de mejora de la seguridad, la lucha contra la corrupción en
la Policía –y las otras instituciones encargadas de combatir el delito–,
sigue bajo cero.
Si el gobierno dijera la verdad, habría denominado el 2013 “El año de la inseguridad ciudadana“.
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