METIENDO EL DEDO A LAS FFAA Y FFPP

CAMBIASO EN LA LEY DE LAS FFAA Y FFPP

Esta gravísima revelación ha sido hecha por el propio presidente del Fuero Militar Policial, contralmirante (r) Carlos Enrique Mesa Angosto, quien con el estilo franco que le caracteriza ha destacado que el “cambiazo” del proyecto de ley habría sido hecho por el ex ministro de Defensa y actual presidente de la comisión de Defensa del Congreso, José Antonio Urquizo Maggia.

“Los términos de esta ley promulgada no lo hemos propuesto los magistrados castrenses y tal como está conculca las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre ellas que los nombramientos de magistrados no sean hechos a dedo como lo impone la nueva ley,
por lo cual seremos nuevamente procesados por el sistema interamericano”, dijo. A continuación sus declaraciones:

Almirante, en los últimos días, usted ha formulado una seria denuncia sobre la posible intromisión del Ejecutivo en el Sistema de Justicia Militar.

Lo que hemos señalado con claridad es que la Ley 29955 promulgada en diciembre del 2012 es un retroceso para la justicia militar porque significa el retorno a un modelo ya superado. Es grave y también resulta extraño que el Ejecutivo incurra en un error por el cual fuimos denunciados ante el TC y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quienes sentenciaron que la justicia militar debía cumplir con los mismos estándares de autonomía e independencia de cualquier sistema de justicia.

¿Se puede decir que esta ley es una regresión a un modelo de justicia militar de la década del 90?

Es cierto, la “Ley N° 29955 es una regresión al modelo de los años 90 que fue declarado inconstitucional y contrario a la Convención Interamericana de DD.HH.”

¿De qué manera se da esta regresión?

Esta reciente norma retorna la designación de los magistrados castrenses directamente por el Ejecutivo y permite que oficiales en actividad integren la Sala Revisora del Fuero, situaciones que han sido declaradas en su oportunidad como inconstitucionales”.

¿Cuáles son los estándares ordenados por el Sistema Interamericano de DD.HH.?

Entre estos estándares el más importante tiene que ver con la forma de elección de los magistrados. Este nombramiento jamás debería ser a dedo. Esta ley 29955 propicia que el Ejecutivo pueda realizar nombramientos arbitrarios.

¿Quiere decir que el Ejecutivo podría colocar gente de su entorno a cargo de la Justicia Militar?

En la práctica es así. El espíritu de esta ley rompe la autonomía e independencia que veníamos construyendo al fijar una línea de carrera para jueces y fiscales militares policiales. Un sistema que privilegia la meritocracia y la especialización. Bajo el nuevo sistema, implementado desde 2010, con la dación del nuevo Código Militar y la Ley optimizada de organización y funciones del FMP, nuestros jueces y fiscales tienen toda una ruta que recorrer con más exigencias en formación académica y años de ejercicio que el Fuero Común. Pero con esta ley se quiebra todo eso.

ROMPE LA LÍNEA DE CARRERA

¿De qué manera se quiebra la meritocracia y especialización?

Es que, según la disposición con la que veníamos trabajando, el nombramiento de magistrados militares se efectúa previa evaluación y calificación con todos los requisitos académicos. Pero ahora con la modificación se trastoca todo ello, propiciando el nombramiento de cualquier elemento, incluso de oficiales ajenos a la justicia militar policial a discreción por el Ejecutivo. Esto trae un efecto dominó al romper toda esa línea de carrera, lo que significa la quiebra de todo un sistema de progresión, ascensos y reemplazos basado en el mérito y la capacidad del magistrado militar.

¿Es decir, la nueva ley promulgada por el presidente Humala desnaturaliza la línea de carrera judicial castrense?

Es cierto, permite que oficiales que no pertenecen al fuero militar ingresen directamente como magistrados, afectando así el ascenso judicial y generación de vacantes (arts. 10° y 23°).

¿A qué nos puede llevar la vigencia de esta ley?

Lo primero es que las ONG’s locales nos van a denunciar de nuevo ante el TC y luego nos llevarán de nuevo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todo el descrédito que ello trae, para finalmente ser cuestionados y obligados a cambiar o anular la norma.

¿Quién es el responsable o qué existe detrás de esta modificación a todas luces errónea?

Quiero pensar bien y señalar que se trata de un error, no quiero ir más allá, solo referir lo que han dicho algunos miembros de la Comisión de Defensa que se han sentido sorprendidos por un texto ajeno al que se aprobó en el seno de la comisión. Responsables debe haber, pero no sé quiénes son por el momento.

¿Quiere decir que hubo un “cambiazo” en la comisión, en qué instancia se produce y a qué intereses puede responder este cambio? Evidentemente –y no lo digo yo– ha habido una alteración de la decisión. Podría haberse dado en el despacho de la presidencia de la Comisión a cargo del congresista Urquizo, quien ha sido Ministro de Defensa.

MODELO SUPERADO

Eso lo hace más misterioso...No quisiera especular ni sobre el responsable ni sobre los intereses que hubiera, si es que los hay.Pero ¿encuentra Ud. un deseo de manipular a la justicia militar o quizá incluso a las Fuerzas Armadas?

Tal como está, ya se está manipulando a la Justicia Militar. Otras manipulaciones no me constan, espero que no exista ningún proyecto en ese sentido porque sería atentar contra el sistema de defensa nacional.

¿La Ley 29955 ha sido objeto de un pronunciamiento de la Asociación Internacional de Justicias Militares- AIJM?

Sí, lo firma su presidente Getulio Correa, textualmente dice: “Causa preocupación que en las últimas semanas el gobierno peruano ha aprobado normas que retrotraen el Sistema de Justicia Militar peruano a un modelo ya superado e incompatible con los principios jurisdiccionales de independencia e imparcialidad que resultan contrarios a los parámetros establecidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a toda la jurisprudencia de la CIDH”.

Pero ¿como presidente del FMP, va a exigir alguna rectificación?

Más que exigir rectificaciones, confío en la capacidad del Congreso de reconsiderar dicha norma que causa un serio daño a la Justicia Militar Policial.

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