El nuevo Código Procesal Penal (NCPP) fue promulgado hace más de 8 años por Decretos Legislativos 957 y 958 (julio 2004) para reemplazar al Código de Procedimientos Penales de 1940 (ley 9024) vigente más de 60 años, como una urgente necesidad para ejecutar un cambio estructural en el sistema de justicia, en su funcionamiento en materia penal, y que cuente con la confianza de la sociedad.
En este nuevo instrumento
legal prevalece el sistema oral, el corte acusatorio, los plazos estrictos y el proceso común, donde el fiscal asume la responsabilidad de la investigación en coordinación con la Policía Nacional, todo lo cual supone mayor celeridad en las investigaciones y sentencias judiciales.
En el Plan de Implementación del NCPP, aprobado con DS 013-2005-JUS, en su primer cronograma de implementación progresiva de 32 distritos judiciales (período 2006-2011) figura Lima norte en el 2010 y Lima el 2011, pero este cronograma ha sufrido 7 modificaciones, siendo la última publicada el 20 de diciembre pasado (DS 019-2012) desplazándose nuevamente la implementación del NCPP en Lima norte, Lima sur, y Lima y Callao hasta diciembre de 2014 (donde desde abril 2011 es aplicado solo en delitos de corrupción de funcionarios).
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, desde que asumió su cargo, en mayo 2011, ha alabado este nuevo modelo procesal definiéndolo como un revolucionario cambio de ordenamiento jurídico con relación al "obsoleto procedimiento penal anterior, que se había convertido en un lastre", y asimismo, en febrero de 2012, confirmó la entrada en vigencia de este NCPP en Lima y Callao a partir de octubre 2012, pero contrariamente, ha sido relegada por más de 2 años, hasta diciembre 2014.
Bajo este panorama es preocupante que por razones presupuestales el NCPP se aleje cada vez más de los distritos judiciales en Lima y Callao obligándolos a continuar usando el obsoleto Código de Procedimientos Penales de 1940, a pesar de tratarse de distritos con mayores cantidades de problemas judiciales que en los 23 distritos judiciales del país (de 32 en total) donde ya se aplica este instrumento legal.
Es inexplicable la falta de voluntad política del gobierno para cubrir el requerimiento presupuestario para la implementación del NCPP en Lima y Callao, a pesar que el 2012 solo ejecutó el 75% en proyectos de inversión, y el Ministerio de Justicia –según su portal de transparencia, hasta el tercer trimestre– no ha realizado gasto alguno en proyectos de inversión para mejoramiento de los servicios de justicia, habiendo ejecutado solo el 52.87% de su presupuesto.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de enero de 2013
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