HE AQUI MAS CHIAS

SE ROBAN MILLONES EN LA PNP.

El 26% de lo recaudado mensualmente por papeletas debió ser derivado a la Dirección de Tránsito en el 2012 para solventar gastos logísticos, como uniformes y reparaciones de sus unidades motorizadas. Una investigación interna de la PNP, informes de contrainteligencia y testimonios de primera mano revelan que un grupo de oficiales de la Sétima Región Policial de Lima se llevó el dinero. Los responsables siguen en sus puestos.

Escribe: Ana Briceño

Cuando el coronel (r) Aldo Villa Fajardo asumió en enero del 2012 el cargo de director de la Policía de Tránsito se chocó con una dura realidad. Había 311 motocicletas para 2,616 agentes de tránsito y 380 vehículos inservibles, entre camionetas, grúas y ómnibus.

Si una moto se averiaba, los suboficiales la llevaban al mecánico y pagaban el trabajo con su dinero. El coronel creó la unidad Impacto, donde solo trabajaban policías mujeres recién egresadas de la Escuela de Suboficiales. Las entrenaron durante 15 días. Tenían la función de eliminar los paraderos informales y descongestionar, con rapidez, los embotellamientos en horas punta. “Ellas tuvieron que comprar su uniforme, las botas, blusas y hasta sus cascos”, dice Villa. No recibían ninguna ayuda logística, a pesar de que la Municipalidad de Lima destinaba mensualmente, de acuerdo a un convenio, el 26% del cobro total de las papeletas por infracciones para que la Policía de Tránsito lo utilice en equipamiento y mantenimiento de su flota.

De acuerdo a las estadísticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado de la recaudación de pagos de sanciones a los conductores, entre enero y abril del 2012 se transfirieron oficialmente S/. 2’096,556.60 a la Dirección de Tránsito de la PNP. La suma debía invertirse en mejorar la flota, equipar oficinas y cubrir las necesidades de vestuario de los agentes.

El depósito se hizo en las cuentas de la Sétima Región Policial de Lima, encargada de administrar los fondos de la Dirección de Tránsito. En ese momento, ese organismo estaba encabezado por el general Aldo Miranda Soria, amigo de promoción del ex director general de la Policía Nacional, Raúl Salazar Salazar. Miranda sigue en actividad y asumirá la Dirección de Participación Ciudadana.

El coronel Villa solicitó, mediante 410 oficios, la compra de equipos, enseres, uniformes y repuestos para las motos, pero solamente atendieron, a medias, 60 solicitudes. Es más, durante una reunión que sostuvo con los generales Salazar y Miranda, en setiembre del 2012, los puso al tanto del problema sin obtener mayor respuesta. “Me cansaba de mandar oficios para que compren cascos, arreglen las motos, pero era en vano. El dinero no nos llegaba completo”, sostiene.

Sobrevaloración escandalosa

En junio del 2012, el general (r) Darío Hurtado Cárdenas asumió el cargo de Director Ejecutivo de la Policía Especializada, responsable –entre otras– de la Dirección de Tránsito. Al conocer la precariedad en la que trabajaban los suboficiales, pidió al comandante Néstor Pita, jefe de la Oficina de Administración de la Dirección de Tránsito, una investigación del destino de los recursos derivados desde la Municipalidad de Lima.

El 8 de julio del 2012, el jefe de Economía de la Sétima Región Policial, comandante Francisco Pérez Balladares; la jefa de Presupuesto de Tránsito, María Dueñas, y el general Hurtado se reunieron en la Sétima Región Policial para discutir esa investigación. Una fuente presente en la conversación comentó a Velaverde que Pérez Balladares se mostró “ansioso y preocupado”.

Éste aseguró que sí se estaban atendiendo los requerimientos de Tránsito y que de S/. 9’300,377.00 acumulados por concepto de papeletas se había gastado, entre enero y julio del 2012, S/. 8’286,767.46.

Para justificar parte del destino del dinero de las papeletas, el comandante Pérez Balladares entregó una lista de gastos sobrevalorados. Por cada polo blanco se pagó S/.35.40, a pesar de que cuesta S/.10 en las tiendas donde los agentes suelen comprar sus uniformes, en la cuadra 4 de la Av. Francisco Pizarro, en el Rímac. Lo mismo con los zapatos. De acuerdo a Pérez Balladares cada par costó S/. 106.20. En tiendas su precio varía entre S/.60 y S/.70.

Claramente, los costos se triplicaron (ver infografía). En estos locales las vendedoras dijeron que hay policías que tienen sus pequeñas empresas de confecciones de uniformes que son, a la vez, proveedores de la Policía Nacional. Además, aseguraron “que los comandantes hacen negocio para inflar cifras y quedarse con alguito”.

Las empresas de Pérez Balladares

Velaverde obtuvo dos informes de contrainteligencia del 8 y 29 de agosto del 2012. En ellos se especifica que “hay un indebido manejo en los procesos de licitación y adquisición de prendas y material logístico para la Dirección de Tránsito, por parte de oficiales superiores asignados a labores de administración de la Sétima Región Policial”.

En el documento del 8 de agosto, se afirma que el comandante Pérez Balladares estaría orientando las licitaciones para que sus empresas se convirtieran en proveedoras de prendas y material logístico. En los malos manejos también se involucra al jefe de Abastecimiento de la Sétima Región Policial de Lima, comandante Juan Aucca Rosaz. “Se conoce que para adjudicar las obras a los proveedores les estaría cobrando un porcentaje del costo total por adelantado, habiendo generado quejas de los propios proveedores”.

Los informes advierten que ambos oficiales estarían efectuando adquisiciones sobrevaluadas que difieren enormemente de los precios del mercado. Concluyen que Pérez Balladares sería dueño de las empresas Corporación Duncan Internacional SAC, Andes Packer SAC, Corporación Pagto SRL, Amt Representaciones SRL, Adentis SRL. Contrainteliegencia advierte que Pérez Balladares favorece sus negocios “trabando los procesos y descalificando sin motivo alguno a otras empresas participantes de dichas licitaciones”.

El general Hurtado confirmó esta situación y agregó que el ex director general de la PNP, Raúl Salazar, estaba al tanto. “Yo lo denuncié y me dijeron que no podía hacer nada porque mi cargo era administrativo. Los informes que hice están en la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional. Nunca se sancionó a nadie”, asegura. Muy por el contrario, en diciembre, el general Hurtado y el coronel Villa fueron invitados al retiro.

El coronel Villa afirma que en dos oportunidades la Municipalidad de Lima le solicitó rendir cuentas sobre los gastos de su unidad realizados con el dinero de las papeletas. “Los transferí con la Sétima Región. De ahí ya no supe más nada”, agrega. Velaverde intentó infructuosamente entrevistar al gerente de Finanzas de la Municipalidad de Lima, Martín Sanabria.

En la Sétima Región Policial de Lima confirmaron que Pérez Balladares sigue trabajando en la Oficina de Administración de la Unidad de Economía y Juan Aucca en la Unidad de Logística de Abastecimiento.

Otra forma de robarse el dinero

El informe que encargó el general Hurtado sobre el uso del dinero de las papeletas determinó, además, que el jefe de Economía de la Sétima Región de Lima, Francisco Pérez Balladares, había transferido ilegalmente S/. 211,200.00 del pago de papeletas al Departamento de Tránsito del Callao. No había informado a nadie. “Eso es malversación. El dinero tenía un fin y se estaba enviando a otra unidad. La Municipalidad de Lima no estaba enterada de esto”, afirma el coronel Villa.

También se detectó que Pérez Balladares –supuestamente– había pagado S/.10,761.60 para el mantenimiento de un camión Mitsubishi de la Dirección de Tránsito, a pesar de que el vehículo seguía inoperativo. Enterado, el general Hurtado llamó por teléfono al general Miranda para que le explicara estas irregularidades y la razón por la cual no se atendían los reclamos de Tránsito. Miranda sacó cuerpo y lo derivó con Pérez Balladares.

Sobre la irregular transferencia de los S/. 211,200.00 al Callao, Balladares dijo que investigaría qué había sucedido (luego aseguró que se trató de un error involuntario). Insistió en que el camión Mitsubishi sí había sido enviado al mecánico.