Autor: Vladimiro Montesinos Torres
Fuente: Vladimiromontesinostorres
Nuevamente
el país está en pleno shock y conmoción ante la visible oleada de
extrema violencia desatada por la delincuencia y el crimen organizado lo
que viene causando no sólo una comprensible indignación de la
población, sino un elevado temor y zozobra debido a los altos niveles de
peligrosidad que representan estas agrupaciones.
Hoy vivimos una
crisis de seguridad pública porque la violencia interna asoma imparable
en la sociedad peruana como un fenómeno que agrede en una dimensión
inédita la seguridad del Estado, la calidad de vida los ciudadanos y a
la democracia, cuya amenaza afecta gravemente la estabilidad y
gobernabilidad. Y se ha convertido en un factor de perturbación a la
Seguridad Nacional.
Una de las
funciones del Estado de derecho es poder garantizar la seguridad y
defensa nacional, esto es, asegurar la libertad y la democracia evitando
los riesgos y amenazas que puedan constituir un peligro para la propia
existencia del Estado e impedir un mayor nivel de prosperidad a la
población.
Para ello
cuenta con servicios de inteligencia cuya finalidad es poner a
disposición de la autoridad información convenientemente elaborada, de
manera oportuna, para que pueda tomar decisiones relacionadas con la
seguridad de forma que asuma el menor riesgo en la decisión.
Esta
información analizada, integrada e interpretada se denomina inteligencia
y aporta a las autoridades un conocimiento útil que permite reducir el
riesgo que supone la toma de decisiones no sólo por el conocimiento de
la situación sobre la que ha de decidir, sino con respecto a su
evolución futura.
En
consecuencia, la inteligencia se ha erigido como uno de los elementos
fundamentales en la toma de decisiones por parte de los responsables
políticos a la hora de ejecutar políticas y sobre todo, en lo
concerniente a proporcionar a la sociedad una seguridad lo más efectiva
posible.
Esta tarea le
compete a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) pues una de sus
funciones es producir Inteligencia Nacional destinada al presidente de
la República y el Consejo de Ministros para la formulación y ejecución
de las acciones y políticas con el objeto de proteger a la población de
las amenazas internas contra su seguridad en especial del accionar de
organizaciones terroristas, del narcotráfico, del crimen organizado y
otras, que atenten o amenacen la plena vigencia del estado democrático.
Ante la
gravedad de la situación de inseguridad en el país, lamentablemente,
constatamos que el Sistema de Inteligencia Nacional – SINA, bajo la
dirección y coordinación de la DINI como su ente rector, en los
dieciocho meses del actual régimen, no ha podido articular una sólida
Comunidad de Inteligencia que aporte conocimiento relevante al proceso
decisional del jefe de Estado, alertándolo sobre los escenarios de
riesgos y amenazas de orden interno.
Y si lo han
hecho, o no fueron lo suficientemente convincentes o simplemente no les
hizo caso el primer mandatario en lo que va de su administración. Lo
cual sería más grave, pues demostraría la inoperancia absoluta del
sistema. En ambos casos, ahora sufrimos las consecuencias que están a la
vista.
Si tenemos que
precisar ¿cuáles son las amenazas de orden interno al Estado peruano que
afectan peligrosamente a la Seguridad Nacional?, las podemos agrupar en
las siguientes:
- · Primero, el narcotráfico y delitos conexos.
- · Segundo, la delincuencia.
- · Tercero, el crimen organizado.
- · Cuarto, el terrorismo senderista.
- · Quinto, la neoviolencia de las masas (conflictividad social).
Todas estas
amenazas constituyen actores no estatales internos predominantemente
clandestinos que practican el conflicto asimétrico[1] operando en redes
y formando coaliciones en alianza estratégica que coordinan entre sí
sus acciones contra un enemigo común: el Estado peruano. Este, así, debe
enfrentar toda una conjunción estratégica de actores asimétricos que
actúan bajo esa modalidad.
Ahora bien, por
mandato constitucional y legal, el Estado a través del Sistema de
Defensa Nacional garantiza la Seguridad Nacional mediante la concepción,
planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de
acciones en todos los campos de la Defensa Nacional.
En
consecuencia, si partimos del hecho objetivo que las precitadas amenazas
están afectando la Seguridad Nacional, considero, en base a mi
experiencia como oficial de operaciones y posteriormente como analista
de inteligencia estratégica, que la mejor estrategia para enfrentar
dicha problemática – de manera integral – es incorporando al Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana como un componente más del Sistema de
Defensa Nacional que está normado por el reciente Decreto Legislativo N°
1129. Esto es, debe haber un traslape para mantener el principio de
Unidad de Dirección en el manejo de la situación de inseguridad
existente.
Solo así, se
podrá articular eficazmente su funcionamiento con los demás componentes
de ese Sistema que está presidido por el presidente de la República y
compuesto por los siguientes entes:
- El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
- La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional.
- Los Ministerios, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Locales.
Ello,
implicaría que todo el aparato del Estado peruano tendría que intervenir
obligatoriamente para frenar esta segunda ola de violencia que
actualmente sufre el país (la primera provino de Sendero Luminoso y el
MRTA). Y recién a partir de esa nueva concepción político – estratégica,
que conllevaría modificar el supradicho dispositivo legal y las demás
normas pertinentes, se debería diseñar el nuevo plan de seguridad
ciudadana. Así como el marco jurídico correspondiente.
Para eso se
requerirá de una decisión política del jefe de Estado que debería darse
en función del interés nacional y de objetivos nacionales. De lo
contrario, en mi criterio, no se podrá enfrentar con eficacia la
situación de inseguridad en crecimiento exponencial.
No sé si habrá
la lucidez adecuada para realizar este cambio posicional que es la única
manera de poder enfrentar correctamente esa clase de amenaza. En todo
caso, lo real y concreto es que el gobierno debido a la carencia de una
inteligencia precisa, oportuna y eficaz, ha desperdiciado la gran
oportunidad que tuvo para hacerlo ¿Cuando? Veamos.
En la ocasión
cuando el Congreso de la República por Ley N° 29915, delegó en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, respecto a la
reforma del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional con el objeto de
fortalecer su constitución y funcionamiento.
El gobierno al
amparo de dichas facultades delegadas dictó el referido Decreto
Legislativo N° 1129, que regula el actual Sistema de Defensa Nacional,
el cual fue publicado en la separata de normas legales del diario
oficial “El Peruano” el 7 de diciembre de 2012. En cuya norma no ha sido
incluida tal integración. Y se les pasó esa valiosa oportunidad.
Ahora trataré
sobre el otro ángulo del problema, para que se pueda entender de manera
muy objetiva, las otras razones del por qué está fallando la respuesta
del Estado frente a la amenaza de la delincuencia y el crimen
organizado. Para ello, emplearé como ayuda didáctica el cuadro gráfico
que figura como Anexo 1, cuyo contenido explicaré a continuación.
Habiendo
definido anteriormente cuáles son las amenazas de orden interno que
afectan a la Seguridad Nacional del Estado peruano, que, insisto, valga
la redundancia son actores no estatales internos predominantemente
clandestinos que desarrollan el conflicto asimétrico[2] a la hora de
actuar. La pregunta que fluye clara e ineluctablemente es: ¿cómo
responde el Estado frente a esas amenazas que practican esta clase de
conflicto? Veamos.
Con la Policía
Nacional del Perú (PNP) cuya institución – paradójicamente en la era de
los conflictos asimétricos – ha tenido (con la Ley N° 27238) y tiene
actualmente por decisión del actual gobierno (con la promulgación del
Decreto Legislativo N° 1148 publicado el 11 de diciembre de 2012 en la
separata de normas legales del diario oficial “El Peruano”) una
estructura organizacional cuya configuración es típica de una fuerza
simétrica en término de medios convencionales por su capacidad y tamaño.
Esta
organización simétrica convencional, utiliza como doctrina (entiéndase
reglamentos, manuales y directivas) para planificar y ejecutar sus
operaciones policiales contra las precitadas redes y coaliciones, la que
corresponde al empleo de una fuerza simétrica. La cual no es compatible
de modo alguno con la naturaleza de la amenaza. Por tanto, existe una
desproporción, pues la doctrina policial vigente está desfasada frente a
esa clase de amenazas que actúan en redes y coaliciones asimétricas.
Es un error
combatir a una fuerza asimétrica que recurre a estrategias diferentes,
con una fuerza simétrica, y que en el caso del oponente más débil se
escapan a los métodos convencionales al emplear armas y tácticas
innovadoras concebidas para debilitar la determinación del poderío del
más fuerte (la PNP) y su capacidad para utilizar de manera eficaz su
superioridad en términos de medios convencionales.
He ahí el
desfase que se produce para enfrentar el conflicto asimétrico. Y por
ende los fiascos y reveses operacionales que vemos cotidianamente.
Metafóricamente hablando, la delincuencia y el crimen organizado actúan
en frecuencia AM, mientras que la PNP para combatirlos actúa en
frecuencia FM. No son compatibles. ¿Tan difícil es entender dicha
situación?
¿Qué hacer?
Muy simple. Se
tiene que conformar en la PNP una fuerza asimétrica a la cual hay que
equiparla y entrenarla adecuadamente para enfrentar, reitero, el
conflicto asimétrico. Ello, implica modificar su actual estructura
organizacional. Paralelamente se tiene que reunir a un grupo de expertos
para que diseñen la nueva doctrina que debería emplear dicha fuerza.
Sólo así se
estará en condiciones de actuar correctamente evitándose los reveses y
fiascos operacionales. Y se podrá devolver la tranquilidad a la
población. Pero, existe otra limitación que debe verse. ¿Cuál?
Debemos
comprender, insisto, estamos en la era de los conflictos asimétricos y
el Estado peruano requiere contar con servicios de inteligencia que
hayan redefinido su estructura organizacional y reconceptualizado su
doctrina para adecuarla a esa clase de amenaza y a ese tipo de
conflicto, haciendo el tránsito correspondiente. Que era lo adecuado.
Lamentablemente,
ello no se ha efectuado al promulgarse el Decreto Legislativo – dizque –
de Fortalecimiento y Modernización (¡!) del Sistema de Inteligencia
Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia mediante el
Decreto Legislativo N° 1141, publicado el 11 de diciembre de 2012 en la
separata de normas legales del diario oficial “El Peruano”.
Por tanto,
constituye otra de las razones fundamentales de la situación de
inseguridad existente. Ello, debido a que los diseñadores de dicha norma
no consideraronal redactarlas, por la falta de una visión estratégica
de la situación, al estar anclados en paradigmas convencionales que
obedecen a una realidad ya superada.
En síntesis,
sin decisión política, sin liderazgo, no será posible enfrentar esta
segunda ola de violencia que azota al país. Ya lo sabemos.
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