López-Fonseca
Vuelven a sonar tambores de guerra en el Ministerio del Interior. La reciente firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia ha provocado un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se considera que con este convenio se invade un ámbito de su competencia: las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países.
El malestar es aún mayor porque no se tuvo noticia del convenio hasta
que el Ministerio del
Interior colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferente ámbitos de la Policía se califica este episodio como un ejemplo más de la política del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por favorecer al instituto armado.
La noticia cayó como un jarro de agua fría en la Direción General de la Policía, donde su máximo responsable, Ignacio Cosidó, no tuvo conocimiento del mismo hasta que el departamento de prensa de Interior colgó la noticia sobre la firma en la web del ministerio, según aseguraron a este diario fuentes policiales. Aunque portavoces oficiales declinaron hacer ningún comentario al respecto, la Dirección General de la Policía dio ayer una sutil respuesta al polémico convenio del instituto armado con Colombia informando a su vez de la firma por parte de Cosidó de un acuerdo similar con la policía marroquí este mismo domingo. "O marcamos claramente nuestro territorio o la Guardia Civil va a terminar por 'comernos' nuestras competencias", destacaba a este diario un alto mando policial.
Protestas sindicales
Menos sutil en sus críticas han sido los sindicatos policiales. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario entre los agentes, aseguraba a este diario que dicho acuerdo es "un paso más de la ofensiva de la Guardia Civil por arrebatarnos competencias" y destacaba que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986 "determina claramente cuáles son las funciones policiales de cada Cuerpo, y entre las que adjudica a la Policía se encuentra las relaciones con las fuerzas de seguridad de otros países". El dirigente del SUP denunció que con "su obsesión de estar en el 'exterior', el Instituto armado ha descuidado la seguridad en el ámbito rural, cuya seguridad debería ser su prioridad y donde, sin embargo, más ha crecido el número de delitos en los últimos años".
En la misma lína, José Antonio Calleja, presidente del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), integrado por agentes de la escala de mando, afirmaba a este diario que "en este momento no era necesario ningún acuerdo internacional porque ya existe colaboración con los cuerpos policiales colombianos y con otros del resto de países" por lo que considera que "esta duplicidad innecesaria de funciones va a provocar un incremento de gasto inútil". Calleja, que ha enviado una carta al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para exigirle que se de marcha atrás, recalca que "este convenio es una auténtica ilegalidad" que vulnera el artículo 94 de la Constitución, el que fija los trámites para la firma de tratados con otros países.
También en Europol
No es la primera vez que ambos cuerpos policiales 'chocan' a cuenta de quién debe llevar las relaciones con las policías extranjeras. En septiembre del año pasado, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, firmó una instrucción interna por la cual autorizaba a los agentes de la Guardia Civil a mantener contactos directos con la Oficina Europea de Policía (Europol), un organismo de colaboración policial con sede en La Haya (Holanda) al que, hasta entonces, sólo había tenido acceso el Cuerpo Nacional de Policía. La medida, como ahora el acuerdo con Colombia, se conoció sólo después de que el Instituto armado hiciera pública una nota de prensa congratulándose de la decisión.
La bomba del consulado
Sin embargo, el 'roce' más reciente entre la Policía y el instituto armado se produjo el pasado mes de febrero, cuando agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre quién correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid, El suceso se produjo cuando los Guardias Civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (TEDAX) de la Policía acceder al edificio alegando que la competencia del caso correspondía al instituto armado.
La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue el instituto armada quien se encargó de analizar el objeto que resultó finalmente inócuo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden. Incluso, ambos cuerpos remitieron sendos escritos al titular del departamento pidiéndole que fuera él quien determinase a qué cuerpo le correspondía actuar en este tipo de casos.
Interior colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferente ámbitos de la Policía se califica este episodio como un ejemplo más de la política del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por favorecer al instituto armado.
El director general de la Policía se enteró del acuerdo por la nota de prensa que el Ministerio del Interior colgó en su página web para informar a la prensa de la firmaLa firma del acuerdo se produjo el pasado miércoles por la tarde en Madrid durante un encuentro entre el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el general Rodolfo Palomino, máximo responsable de la Policía Nacional de la República de Colombia. Según la nota de prensa que poco después difundió el instituto armado, con dicho convenio ambos cuerpos policiales se comprometían a colaborar en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada en ambos territorios, además de abrir la puerta al "intercambio de funcionarios expertos en caso de ser necesario". La extensa nota iba acompañada con un alarde fotográfico sobre el encuentro y la firma del documento.
La noticia cayó como un jarro de agua fría en la Direción General de la Policía, donde su máximo responsable, Ignacio Cosidó, no tuvo conocimiento del mismo hasta que el departamento de prensa de Interior colgó la noticia sobre la firma en la web del ministerio, según aseguraron a este diario fuentes policiales. Aunque portavoces oficiales declinaron hacer ningún comentario al respecto, la Dirección General de la Policía dio ayer una sutil respuesta al polémico convenio del instituto armado con Colombia informando a su vez de la firma por parte de Cosidó de un acuerdo similar con la policía marroquí este mismo domingo. "O marcamos claramente nuestro territorio o la Guardia Civil va a terminar por 'comernos' nuestras competencias", destacaba a este diario un alto mando policial.
Protestas sindicales
Menos sutil en sus críticas han sido los sindicatos policiales. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario entre los agentes, aseguraba a este diario que dicho acuerdo es "un paso más de la ofensiva de la Guardia Civil por arrebatarnos competencias" y destacaba que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986 "determina claramente cuáles son las funciones policiales de cada Cuerpo, y entre las que adjudica a la Policía se encuentra las relaciones con las fuerzas de seguridad de otros países". El dirigente del SUP denunció que con "su obsesión de estar en el 'exterior', el Instituto armado ha descuidado la seguridad en el ámbito rural, cuya seguridad debería ser su prioridad y donde, sin embargo, más ha crecido el número de delitos en los últimos años".
En la misma lína, José Antonio Calleja, presidente del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), integrado por agentes de la escala de mando, afirmaba a este diario que "en este momento no era necesario ningún acuerdo internacional porque ya existe colaboración con los cuerpos policiales colombianos y con otros del resto de países" por lo que considera que "esta duplicidad innecesaria de funciones va a provocar un incremento de gasto inútil". Calleja, que ha enviado una carta al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para exigirle que se de marcha atrás, recalca que "este convenio es una auténtica ilegalidad" que vulnera el artículo 94 de la Constitución, el que fija los trámites para la firma de tratados con otros países.
También en Europol
No es la primera vez que ambos cuerpos policiales 'chocan' a cuenta de quién debe llevar las relaciones con las policías extranjeras. En septiembre del año pasado, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, firmó una instrucción interna por la cual autorizaba a los agentes de la Guardia Civil a mantener contactos directos con la Oficina Europea de Policía (Europol), un organismo de colaboración policial con sede en La Haya (Holanda) al que, hasta entonces, sólo había tenido acceso el Cuerpo Nacional de Policía. La medida, como ahora el acuerdo con Colombia, se conoció sólo después de que el Instituto armado hiciera pública una nota de prensa congratulándose de la decisión.
La entrada hace 14 meses de la Guardia Civil en Europol, un organismo de colaboración policial con sede en La Haya, ya provocó un enorme malestar en la PolicíaAquella medida provocó un fuerte malestar en el seno de la Policía, sobre todo porque Ulloa incluyó en la instrucción una seria advertencia a este cuerpo si no acataba su decisión o la retrasaba sin motivos justificado. Los sindicatos policiales incluso anunciaron la presentación de denuncias en los juzgados para obligar a Interior a dar marcha atrás, pero más de un año después la Guardia Civil no sólo matiene un enlace en Europol sino que ha aumentado su número hasta tres, según denuncian a Vozpópuli fuentes sindicales.
La bomba del consulado
Sin embargo, el 'roce' más reciente entre la Policía y el instituto armado se produjo el pasado mes de febrero, cuando agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre quién correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid, El suceso se produjo cuando los Guardias Civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (TEDAX) de la Policía acceder al edificio alegando que la competencia del caso correspondía al instituto armado.
La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue el instituto armada quien se encargó de analizar el objeto que resultó finalmente inócuo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden. Incluso, ambos cuerpos remitieron sendos escritos al titular del departamento pidiéndole que fuera él quien determinase a qué cuerpo le correspondía actuar en este tipo de casos.
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