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19 oct 2014

LIBERTAD PARA JORGE LINAREZ RIPALVA

Manuel Gonzales dice:

Mucha coincidencia ante tanta corrupcion en la ciudad de Chiclayo, hoy el diario Correo publica que el Servicio de Inteligencia de la PNP.- Chiclayo le seguia los pasos al detenido Alcalde de Chiclayo por presuntos hechos de corrupcion. La pregunta quien era el JEFE POLICIAL DE CHICLAYO, RESPUESTA: JORGE LINARES RIPALDA, quien desde que se hizo cargo de dicho despacho
comenzo a trabajar en Pro de la ciudad pero las mafias enquistadas en el PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y LA MISMA POLICIA, le jugaron en contra. Ojala este informe de Inteligencia N° 017-2012-OFINTERPOL-PNP-CHICLAYO refrendado por Linares Ripalda sirva para que se haga verdadera justicia.; aqui la publicacion
Inteligencia PNP ya advertía sobre corrupción en MPCh
Textos:Walter Serquén Seclén wserquen@grupoepensa.pe
17 octubre 2014 - 10:25 | Chiclayo -
Los presuntos actos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Chiclayo no solo eran un secreto a voces por las innumerables investigaciones en contra del hoy detenido alcalde Roberto Torres Gonzales, sino que, además, quedaron plasmados en un Informe de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.
Se trata del Informe N° 017-2012-OFINTERPOL-PNP-CHICLAYO, elaborado a solicitud del Ministerio Público, en el marco de las indagaciones que se iniciaron el 5 de diciembre del 2011, debido a que existía la sospecha de que el semanario de alcance regional, denominado "El Gato", buscaría amedrentrar a diversas autoridades, como el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de ese entonces, Alejandro Lamadrid Ubillus.
AL DETALLE. Es así como se elabora el informe de carácter confidencial de 5 folios rubricado por el entonces jefe de la Oficina de Inteligencia de la PNP en Chiclayo, comandante Baltazar Malca Florindez, y por el fiscal a cargo de la investigación, Juan Carrasco Millones, quien hoy tiene a cargo las diligencias que llevaron a desarticular la presunta red delictiva "Los Limpios de la Corrupción" que encabezaría Roberto Torres.
En el informe se hace mención, entre otras cosas, que el mencionado semanario no tiene registro ante Sunat como Editora El Gato SAC, y que una de las personas que colaboraría con este medio de comunicación era al fiscal Esdras Sánchez Moreno, a través de su hermano Neil Edwin Sánchez Moreno.
Sin embargo, el punto más revelador del Informe de Inteligencia de la PNP se encuentra en el cuarto folio, donde, en su punto J, se cita la versión dada por el entonces Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Ubillus.
Lamadrid sostiene que: "el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, al parecer utilizaría los recursos de la Municipalidad (MPCh) para seguir a todas aquellas personas que considera sus adversarios políticos o que estén investigando los actos de corrupción que existen en dicha alcaldía de Chiclayo, en especial de los que fiscalizan", según se lee en el informe confidencial.
Pero eso no es todo, se revela, además, que Lamadrid Ubillus, según su propia versión, recibió por parte del mismo alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, la solicitud de que "las denuncias en su contra sean archivadas". En el documento el magistrado en mención deja en claro que no tenía la facultad para disponer el archivo de las denuncias que ingresaban al Ministerio Público.
SE ELEVA. Este informe, con fecha 27 de febrero del 2012, fue elevado por el magistrado Alejandro Lamadrid Ubillus mediante Oficio N° 1413-2012-MP-PJFS-DJL a la Fiscalía Suprema de Control Interna, dirigido al fiscal supremo Carlos Américo Ramos Heredia, con el fin de ponerlo de conocimiento sobre los actos presuntamente irregulares en los que estaría incurriendo el fiscal Esdras Sánchez Moreno, además de los hechos que ocurrirían en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
En respuesta, el hoy Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, opta por remitir dicho informe a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público en Lambayeque, disponiendo el inicio de una investigación contra el magistrado Esdras Sánchez; no obstante, esta fue archivada por la jefa de la OCI de ese entonces, Lili Díaz Gonzales, quien no encontró suficientes elementos de prueba.
CONTRAATAQUE. Archivada la denuncia, el fiscal aludido en el Informe de Inteligencia de la PNP, Esdras Sánchez, presentó una demanda por daño moral contra la Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior, los magistrados Alejandro Lamadrid Ubillus y Juan Carrasco Millones, así como contra los agentes de inteligencia que firmaron el informe, y contra dos medios de comunicación, solicitando una reparación civil de 20 millones de soles. Esta demanda figura en el expediente 450-2014 en el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
Paralelo a ello, el ciudadano Rafael Orrego Alvarado, a quien se le atribuyó ser director del semanario "El Gato", presentó una denuncia contra el fiscal Juan Carrasco Millones por los presuntos delitos de abuso de autoridad, contra la libertad personal, entre otros, el cual fue archivado en primera instancia por la fiscal superior Lili Díaz Gonzales, en su condición de jefa de la Oficina de Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque. Este fallo fue apelado y actualmente se encuentra para ser resuelto en la Fiscalía Suprema de Control Interno.
HABLA ESDRAS. Al respecto, el fiscal Esdras Sánchez sostuvo que al tener conocimiento del informe quejó a los policías que lo rubricaron, motivo por el cual fueron sancionados por Inspectoría de la PNP.
"Los policías dijeron que nada de lo que figuraba en el informe les constaba (...) Esa investigación inicial se hizo para favorecer a Alejandro Lamadrid y perjudicarme a mí. Fue un hecho clandestino donde no hubo ni siquiera una carpeta fiscal", expresó Esdras Sánchez.
El fiscal descartó, además, haber recibido dinero por parte del alcalde Roberto Torres, tal y como se señala en el informe. "¿Yo lo acuso y pido 30 años (de cárcel) para Roberto Torres y me va a dar plata a mí? Yo no tengo nada que ver con el semanario (El Gato). No se puede negar que Roberto Torres esté metido en actos de corrupción, pero a raíz de ello no puede cobrar vigencia el informe policial. Yo habló por mí, no por Beto Torres", señala

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