Confirman además que la sentencia condenatoria a Fujimori fue coordinada por San Martín con un grupo de abogados españoles, y que el vocal nunca actuó con imparcialidad, más bien buscó a toda costa la manera de condenar al expresidente.
Llegó al extremo de ordenar que el grupo español prepare una nueva acusación fiscal porque la que había presentado el doctor José Peláez implicaba tener que condenar al ex presidente en base a pruebas. Es esta línea, el propio San Martín les pidió estudiar la “autoría mediata” como salida para sentenciar sin pruebas.
En un correo “urgente” del 11 de marzo del 2008, San Martín dice que le urge una respuesta “pues de lo contrario se puede joder el tema, pues se está convocando a varios peritos que van a establecer la línea indiciaria” para condenar a Fujimori. ¿También coordinó la participación de los “peritos”? Todo indica que sí.
En el correo del 16 de mayo, el español Juan Carlos Sandoval le contestó al juez supremo que la idea de utilizar la “autoría mediata” es correcta, y también que funcionarios de la Defensoría del Pueblo y otras personas vinculadas a él ya habían logrado que la Fiscalía aceptara cambiar su acusación.
“La idea es sacarnos de encima la necesidad de la prueba… bien jugado con mi gente de la Defensoría y con mis amigos que alertaron a la Fiscalía, pues de lo contrario nos íbamos al traste… Visto así, AF (Fujimori) es el autor mediato, el hombre de atrás”, dijo Sandoval.
En suma, el juicio siguió la hoja de ruta trazada desde España: La Fiscalía reemplazó la acusación primigenia que decía que Fujimori ordenó los asesinatos como jefe de una organización criminal por la sugerida por el grupo de San Martín, los “peritajes” presentados por el IDL y Aprodeh apuntaron en la misma dirección, y el tribunal falló por la “autoría mediata”. Al mismo tiempo, el fiscal José Peláez fue cambiado por Avelino Guillén.
El último acto de este remedo de juicio se produjo el 7 de abril del 2009, cuando San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo declararon culpable a Fujimori sin pruebas explícitas en su contra, en base a indicios inconsistentes.
Estamos sin duda ante un escándalo mayúsculo que avergüenza al país y que tiene que ser investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso de la República, porque en última instancia no se trata de defender a una persona sino el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por un tribunal imparcial que respete el debido proceso.
La juicio fraudulento debe ser anulado y los protagonistas de esta afrenta contra la justicia deben ser denunciados, juzgados y castigados con todo el peso de la ley.
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