*El verdadero rostro de la izquierda*
El Perú está literalmente a merced de una plaga de terroristas comunistas antimineros que actúa impunemente en todas las regiones generando el caos, sin que nadie vaya preso. ¿Dónde estamos? Somos un país sin ley ni autoridad. Realmente patético. Nadie tiene los pantalones para imponer el orden. Desde que Alejandro Toledo asumió el poder se desató la ola de levantamientos regionales que no ha cesado hasta la fecha, dejando un saldo lamentable de muertos, heridos y millones en pérdidas. ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar a estos desadaptados que se sienten dueños del país?
No nos dejemos engañar con el discurso de la izquierda. Acá no se trata del pueblo ni de campesinos
sino de auténticos agitadores profesionales que están muy bien organizados y financiados. El rollo es exactamente el mismo en todos lados: no a la mina. Pero a la gran minería, no a la otra, la que de verdad destruye y contamina. Esa puede seguir depredando los bosques, envenenando los ríos, invadiendo las reservas naturales, pisoteando los santuarios arqueológicos, generando otras mafias, corrompiendo políticos y prostituyendo niñas. Contra ellos nadie se levanta. ¡No! Ellos son intocables.
La bronca de los valientes antimineros es sólo contra las grandes empresas mineras transnacionales que invierten miles de millones tras largos y complicados trámites, estrechamente vigilados por diferentes sectores del Estado. La pelea es contra las grandes empresas que utilizan las más avanzadas tecnologías con mayor cuidado ambiental, que más empleo formal producen, más tecnología desarrollan, más requerimientos locales y dinamismo económico regional provocan, los que más impuestos pagan dejando grandes sumas de canon y obras de infraestructura pública, y que además sostienen fundaciones de apoyo social. Contra ellos es la pelea. Una lucha que está plagada de mentiras, engaños y manipulación por parte de predicadores del mal.
Todo el rollo antiminero de disfraz ambientalista proviene de dos clases de parásitos sociales que conviven en las izquierdas. Por un lado están los farsantes que solo buscan el provecho personal para posicionarse políticamente o simplemente para extorsionar a la empresa minera con millones. Esos son los Aduviri, los Chavarría, los Pepe Julios y otros. Luego están los fanáticos del ecocomunismo que solo odian el capitalismo y están empeñados en imponer a toda costa su propia visión de desarrollo. Entre esta lacra están iluminados del terrorismo ambientalista y los promotores del socialismo verde financiados por ONGs que rinden cuentas de sus actividades de sabotaje a sus promotores extranjeros. Además hay congresistas que en medio de su absoluta ignorancia repentinamente se han convertirdo en líderes ambientales, buscando sobrevivir luego de su período legislativo. Todos ellos se movilizan con gran agilidad para predicar el miedo entre los pobladores. Son expertos promotores del odio y el miedo, la fórmula infalible de la izquierda, y cuentan con el apoyo irresponsable de medios de comunicación, especialmente emisoras de radio desde donde se propalan los más disparatados y violentos mensajes.
Por último está la población engañada, la carne de cañón, los tontos útiles que creen que se oponen al apocalipsis minero ambiental. Entre ellos aparece siempre el lumpen social, los delincuentes que ven la ocasión de dar rienda suelta a su salvajismo. Y frente a todo esto hay un Estado pasmado, cobarde, incapaz de imponer el orden, que se limita a enviar policías inermes a sufrir los embates de la turba. No tienen estrategia antimotines, no tienen tecnología y ni siquiera tienen leyes que los amparen. La policía es la primera víctima atrapada entre un Estado timorato, manejado por políticos improvisados que se orinan de miedo, y de una turba salvaje que no teme nada porque sabe perfectamente que no les dispararán y -es más- ni siquiera irán presos, hagan lo que hagan.
El espectáculo patético de un Estado y un país jaqueados por el lumpen antiminero, dirigido por alimañas de izquierda ecocomunista y viles agitadores delincuenciales, se ha vuelto usual en nuestra realidad. En 15 años de descontrol social no hay un solo preso. ¿No es hora de hacer una ley especial para regular lo que cándidamente llaman "conflicto social"? Un término muy elegante y light usado por el establishment sociológico y político de la izquierda para denominar al caos social promovido por los extremistas, similar al de "conflicto armado interno" con que designaron al terrorismo de la izquierda maoista y castrista. Ya es tiempo de tomar el toro por las astas. En un país donde se hace una estúpida ley por cada cojudez como la comida chatarra o los piropos, ¿nadie puede hacer una ley especial para controlar a las turbas, a los agitadores extremistas, a los predicadores del mal, a los que se enfrentan a la ley, al Estado y a las fuerzas del orden?
Estos problemas no se arreglan con mesas de diálogo ni oficinas de diálogo. Ya está probado que eso no funciona. El diálogo con extremistas es inútil. Necesitamos una ley que permita procesar rápidamente a los cabecillas y autores mediatos del caos metiéndolos presos por diez años, que proteja a los policías y no los criminalice por cumplir su función, que les permita el uso de sus armas en casos de necesidad extrema porque no se les puede enviar a morir, que facilite declarar el Estado de emergencia bajo control militar, etc. Ya estamos hartos de esta situación. Ya basta.
Escribe: Dante Bobadilla Ramírez
El Perú está literalmente a merced de una plaga de terroristas comunistas antimineros que actúa impunemente en todas las regiones generando el caos, sin que nadie vaya preso. ¿Dónde estamos? Somos un país sin ley ni autoridad. Realmente patético. Nadie tiene los pantalones para imponer el orden. Desde que Alejandro Toledo asumió el poder se desató la ola de levantamientos regionales que no ha cesado hasta la fecha, dejando un saldo lamentable de muertos, heridos y millones en pérdidas. ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar a estos desadaptados que se sienten dueños del país?
No nos dejemos engañar con el discurso de la izquierda. Acá no se trata del pueblo ni de campesinos
sino de auténticos agitadores profesionales que están muy bien organizados y financiados. El rollo es exactamente el mismo en todos lados: no a la mina. Pero a la gran minería, no a la otra, la que de verdad destruye y contamina. Esa puede seguir depredando los bosques, envenenando los ríos, invadiendo las reservas naturales, pisoteando los santuarios arqueológicos, generando otras mafias, corrompiendo políticos y prostituyendo niñas. Contra ellos nadie se levanta. ¡No! Ellos son intocables.
La bronca de los valientes antimineros es sólo contra las grandes empresas mineras transnacionales que invierten miles de millones tras largos y complicados trámites, estrechamente vigilados por diferentes sectores del Estado. La pelea es contra las grandes empresas que utilizan las más avanzadas tecnologías con mayor cuidado ambiental, que más empleo formal producen, más tecnología desarrollan, más requerimientos locales y dinamismo económico regional provocan, los que más impuestos pagan dejando grandes sumas de canon y obras de infraestructura pública, y que además sostienen fundaciones de apoyo social. Contra ellos es la pelea. Una lucha que está plagada de mentiras, engaños y manipulación por parte de predicadores del mal.
Todo el rollo antiminero de disfraz ambientalista proviene de dos clases de parásitos sociales que conviven en las izquierdas. Por un lado están los farsantes que solo buscan el provecho personal para posicionarse políticamente o simplemente para extorsionar a la empresa minera con millones. Esos son los Aduviri, los Chavarría, los Pepe Julios y otros. Luego están los fanáticos del ecocomunismo que solo odian el capitalismo y están empeñados en imponer a toda costa su propia visión de desarrollo. Entre esta lacra están iluminados del terrorismo ambientalista y los promotores del socialismo verde financiados por ONGs que rinden cuentas de sus actividades de sabotaje a sus promotores extranjeros. Además hay congresistas que en medio de su absoluta ignorancia repentinamente se han convertirdo en líderes ambientales, buscando sobrevivir luego de su período legislativo. Todos ellos se movilizan con gran agilidad para predicar el miedo entre los pobladores. Son expertos promotores del odio y el miedo, la fórmula infalible de la izquierda, y cuentan con el apoyo irresponsable de medios de comunicación, especialmente emisoras de radio desde donde se propalan los más disparatados y violentos mensajes.
Por último está la población engañada, la carne de cañón, los tontos útiles que creen que se oponen al apocalipsis minero ambiental. Entre ellos aparece siempre el lumpen social, los delincuentes que ven la ocasión de dar rienda suelta a su salvajismo. Y frente a todo esto hay un Estado pasmado, cobarde, incapaz de imponer el orden, que se limita a enviar policías inermes a sufrir los embates de la turba. No tienen estrategia antimotines, no tienen tecnología y ni siquiera tienen leyes que los amparen. La policía es la primera víctima atrapada entre un Estado timorato, manejado por políticos improvisados que se orinan de miedo, y de una turba salvaje que no teme nada porque sabe perfectamente que no les dispararán y -es más- ni siquiera irán presos, hagan lo que hagan.
El espectáculo patético de un Estado y un país jaqueados por el lumpen antiminero, dirigido por alimañas de izquierda ecocomunista y viles agitadores delincuenciales, se ha vuelto usual en nuestra realidad. En 15 años de descontrol social no hay un solo preso. ¿No es hora de hacer una ley especial para regular lo que cándidamente llaman "conflicto social"? Un término muy elegante y light usado por el establishment sociológico y político de la izquierda para denominar al caos social promovido por los extremistas, similar al de "conflicto armado interno" con que designaron al terrorismo de la izquierda maoista y castrista. Ya es tiempo de tomar el toro por las astas. En un país donde se hace una estúpida ley por cada cojudez como la comida chatarra o los piropos, ¿nadie puede hacer una ley especial para controlar a las turbas, a los agitadores extremistas, a los predicadores del mal, a los que se enfrentan a la ley, al Estado y a las fuerzas del orden?
Estos problemas no se arreglan con mesas de diálogo ni oficinas de diálogo. Ya está probado que eso no funciona. El diálogo con extremistas es inútil. Necesitamos una ley que permita procesar rápidamente a los cabecillas y autores mediatos del caos metiéndolos presos por diez años, que proteja a los policías y no los criminalice por cumplir su función, que les permita el uso de sus armas en casos de necesidad extrema porque no se les puede enviar a morir, que facilite declarar el Estado de emergencia bajo control militar, etc. Ya estamos hartos de esta situación. Ya basta.
Escribe: Dante Bobadilla Ramírez
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